El PP rechaza que sus gerentes deban testificar en el caso de las primarias

Según explican en sus alegaciones en las diligencias previas a la petición de Los Verdes, formación que ejerce como acusación, solo se ordenó la reapertura de las actuaciones «para determinar si, con ocasión de la puesta al día de pagos de cuotas atrasadas de afiliados del PP de Salamanca, pueden existir indicios racionales de haberse cometido un delito de financiación ilegal de partido político». Porque el Código Civil, añaden, ampara «expresamente» el «pago de deuda ajena», que es una de las partes en las que se basa la denuncia. La retahíla de pruebas y peticiones de testimonios, que alcanzan a cargos nacionales del partido en ese momento, como Fernando Martínez Maíllo, implica para la defensa un intento de «abrir una causa general» que excede el caso que se dirime en estos momentos.

Por otro lado, la defensa pide que se le facilite el testimonio de la acusación particular en el que «se afirma haber extraído del Programa Lanza, donde se contiene la contabilidad oficial» del Partido Popular, una relación «de más de 12.000 afiliados al PP con toda clase de detalles» personales. Una frase que lleva a la defensa a anunciar que iniciará acciones legales ante la Agencia de Protección de Datos «en aras a esclarecer la forma en que han conseguido tales datos». Añade que se reservan ejercer acciones penales.