Las recetas privadas irregulares se triplican en cinco años por falta de control en Valladolid

Legislado en realidad lo está y entró en vigor con el año 2011 (Real Decreto 1718/2010, de 17 de diciembre). Las exigencias de la receta de Sacyl y de la privada son similares; pero mientras en la pública el cumplimiento es estricto y el seguimiento completo, las recetas emitidas por hospitales o consultas privadas no lo son tanto.

El Colegio Oficial de Médicos de Valladolid implantó la nueva receta con sus requisitos legales y el desarrollo de una plataforma para acceder al modelo –actualmente se puede obtener de forma personal, desde la web o por correo electrónico– desde el mismo enero de 2011 pero su expansión y amplio empleo por parte de los colegiados tardaría un par de años en hacerse realmente efectiva. La ley daba un plazo de 24 meses en el que podían coexistir ambas recetas.

El modelo legal también puede obtenerse del propio BOE en un anexo de la citada ley.

«La emisión de la receta legal ofrece claras garantías como la trazabilidad, la de que el médico que la firma existe y está colegiado. Es una prescripción con toda la seguridad, similar a la pública», destaca el presidente del Colegio Oficial de Médicos de Valladolid, José Luis Almudí. Así, en 2013, año en que se deberían retirar todas las antiguas, la inmensa mayoría de las prescripciones privadas ya eran conforme a la normativa. Aquel año, la organización colegial registró 158.900 recetas con todos los requisitos legales cumplidos. Pero, tan solo un año después, se redujo el número de emitidas a menos de la mitad, hasta solo 57.200 y el resto de los ejercicios registraron prácticamente una caída libre, con pequeños altibajos, hasta cerrar 2018 con solo 49.300 recetas estrictamente legales. Bajó a una tercera parte. Este año lleva un camino similar con 13.800 hasta ahora.

El doctor Almudí explica «que cuando se implantó como de obligado cumplimiento también en la privada este modelo de receta, con copia para el usuario y para el farmacéutico muy similar a la de Sacyl, la inmensa mayoría de los médicos la aplicaron con rectitud. Después, al no resultar útil ni permitir el control real de las mismas porque las farmacias carecían de sistema para tal registro y control, comenzó la dejadez y el desinterés. Lo mismo daba seguir con las viejas recetas que aplicar las nuevas y se relajó mucho el grado de cumplimiento. Muchos siguieron, hay muchos profesionales muy correctos y no abandonaron; pero otros muchos se relajaron por completo y, de ahí, los claros datos de descenso».

Las ventajas de la receta conforme a este nueva legalidad son claras. Explica Almudí que «hay un código de barras para su trazabilidad, lleva la garantía de que el médico que la firma está colegiado y es médico por lo tanto (o dentista o podólogo)... pero la farmacia tiene que tener el lector del código de barras para poder identificar cada prescripción con un repositorio central y saber así, para empezar, que no se está reutilizando. Se evita ir a una imprenta y hacer las que se quieran, inventarse un número de colegiado... hay casos de falsificación por parte del prescriptor y del paciente que ahora se evitarán».

Cinco años después de que sea de obligado cumplimiento el decreto de 2010 con su tiempo de adaptación, las farmacias siguen recibiendo recetas que incumplen requisitos. Según fuentes sanitarias, al menos el 25% son irregulares, pero otros cálculos son muchísimo más pesimistas. Aunque el que no cumplan con estas exigencia no implica necesariamente que haya una intención de fraude detrás.

Para hacer efectivo el control hacía falta implicar a todas las partes y esto es lo que llega ahora. Médicos, dentistas, podólogos y farmacéuticos han suscrito un convenio de colaboración en toda España para la puesta en marcha de un sistema de validación de la receta privada en soporte papel que garantizará la autenticidad de la misma, evitará la falsificación de recetas y, por lo tanto, proporcionará la seguridad para los pacientes. Las organizaciones colegiales señalan que, con el desarrollo de este sistema de autenticidad de la receta privada, se pone de manifiesto «el compromiso de las profesiones sanitarias con la seguridad de los tratamientos al paciente, mediante la calidad de la prescripción y la dispensación de medicamentos, ejercidas por los profesionales autorizados». Las entidades firmantes indican que se tendrán «las debidas garantías de que la receta privada que sea entregada en una farmacia es auténtica, no duplicada y que ha sido emitida por un prescriptor habilitado, mediante la asignación de un código en soporte papel, que será validado por el farmacéutico en el momento de la dispensación. Se trata de un modelo que recoge la trazabilidad del documento, desde la verificación del prescriptor hasta la comprobación de que la receta fue dispensada, impidiendo así que vuelva a ser utilizada nuevamente. Un sistema que minimiza de forma significativa cualquier tipo de fraude, abuso o desviación», tal y como recoge el Real Decreto de receta médica.

Para la implementación del sistema se utilizarán las plataformas y soluciones tecnológicas ya disponibles. Así, en el ámbito de la prescripción, se realizará mediante el Código de Verificación Electrónica que lleva en funcionamiento desde el año 2013 para la emisión de recetas, y en el entorno de la dispensación se llevará a cabo a través de la plataforma tecnológica Nodofarma, de la organización profesional de farmacéuticos, que permitirá a las oficinas acceder a la plataforma de validación de la prescripción.