La rebaja de 20 céntimos por litro de combustible supondrá un ahorro de cien millones en Castilla y León durante los tres meses de vigencia

Una medida que afectará tanto a particulares como empresas y autónomos y que beneficiará a los cerca de 1,5 millones de conductores censados en la Comunidad. Tomando como referencia el consumo mensual de hidrocarburos en Castilla y León, que ronda los 140 millones de litros de diésel y gasolina 95, la rebaja supone un ahorro mensual cercano a los 33 millones de euros. Es decir, cien millones hasta el próximo 30 de junio.

Las bonificaciones de 20 céntimos por litro afectan a los que hagan uso del carburante en motores de vehículos terrestres, embarcaciones y motores estacionarios y todo tipo de maquinaria. En total, 9.000 empresas de transportistas serán beneficiarias de ayudas directas y bonificaciones en el precio del combustible, además de otras directas por camión (1.250 euros), autobús (900 euros), furgonetas y ambulancias (500) y taxis y VTC (300 euros).

La delegada del Gobierno en Castilla y León, Virginia Barcones, presentó hoy los efectos en la Comunidad del nuevo plan nacional que recoge medidas que responden con «rapidez», «determinación» y «justicia social», para que ningún sector, sobre todo los más desfavorecidos y las personas más vulnerables, se sienta desprotegido o desatendido.

El plan, según recogió la Agencia Ical, movilizará en toda España 16.000 millones de euros, con 6.000 millones de euros en ayudas y rebajas fiscales y 10.000 millones en créditos ICO. Se organiza en cinco ejes como medidas para ayudar a las familias, trabajadores y personas desplazadas; para apoyar el tejido económico y empresarial; en materia de transportes; en materia de ciberseguridad, y en materia de energía.

Entre los que beneficiarios de estas ayudas están las 47.424 personas en Castilla y León que reciben el ingreso mínimo vital (IMV), gracias al incremento del 15 por ciento en las mensualidades de abril, mayo y junio. Este incremento también será de aplicación, en los mismos términos, a las solicitudes de esta prestación que hayan sido presentadas a la fecha de la entrada en vigor del Real Decreto-ley, pero no hayan sido resueltas, así como a aquellas que se presenten con posterioridad, siempre que los efectos de su reconocimiento no sean posteriores a 1 de junio de 2022.

Además, los casi 89.000 hogares que reciben el bono social eléctrico en la Comunidad renovarán automáticamente esta prestación. Los descuentos del 60 y el 70 por ciento para los consumidores vulnerables y los vulnerables severos se mantendrán hasta el 30 de junio.

En el tema energético, también se mantienen las rebajas fiscales en el recibo de la luz hasta el 30 de junio como la reducción del IVA al diez por ciento, del Impuesto de la Electricidad al 0,5 por ciento y suspensión del impuesto del siete por ciento a la generación eléctrica. Se prorroga también el límite al crecimiento de la tarifa de gas (TUR) para hogares y pymes en las próximas revisiones.

Asimismo, el Consejo de Ministros aprobó una nueva línea de avales de créditos ICO por 10.000 millones de euros, que podrán solicitarse hasta el próximo 31 de diciembre, para cubrir necesidades de liquidez provocadas por el aumento temporal del coste de la energía y los combustibles. En este sentido, se extiende el plazo de vencimiento de los préstamos avalados por el ICO, que en Castilla y León, con los datos actualizados a 28 de febrero, superan los 4.100 millones de euros en avales solicitados en más de 58.000 operaciones de préstamo para financiar un total de 5.314 millones de euros.

También se extiende el plazo de carencia para los sectores más afectados, así, los autónomos y pymes pertenecientes a los sectores agrícola, ganadero, pesquero y de transporte por carretera, especialmente afectados por el incremento de los costes energéticos, podrán solicitar una ampliación de seis meses del plazo de carencia o mediante una carencia adicional.

La nueva norma contiene además una limitación extraordinaria de la actualización anual del alquiler de la vivienda habitual, impidiendo subidas superiores al dos por ciento. Más de 130.000 inquilinos de Castilla y León, según la Encuesta Continua de Hogares del Instituto Nacional de Estadística, podrán acogerse a esta medida.

Esta limitación en la revisión de los alquileres, vigente hasta el próximo 30 de junio, atiende a la necesidad de que la evolución del IPC por la guerra no se traslade al precio del alquiler. El inquilino tendrá la posibilidad de negociar con el arrendador el incremento que se aplicará en esa actualización anual de la renta. En ausencia de pacto, la renta no podrá actualizarse por encima de la variación experimentada por el Índice de Garantía de Competitividad (IGC), situado actualmente en el dos por ciento.

Por último, la delegada del Gobierno se refirió a que el aumento de los costes energéticos no podrá constituir causa objetiva de despido hasta el 30 de junio. El incumplimiento de esta obligación conllevará el reintegro de la ayuda recibida.

Virginia Barcones también señaló que el Real Decreto-ley destina 193,5 millones de euros para el sector agrario y ganadero. El sector productor de leche percibirá un total de 169 millones de euros y la pesca extractiva y acuícola contará con unas ayudas de 68,18 millones de euros.

En total, 430 millones de euros de ayudas directas y subvenciones comunitarias, a los que hay que considerar el añadido de la reducción de 20 céntimos durante tres meses en el precio del gasóleo que, de acuerdo a los datos de consumo medio de años anteriores, puede suponer un impacto positivo de 78 millones de euros para agricultores y ganaderos.

El sector productor de leche percibirá un total de 169 millones de euros en ayudas directas, ya que es uno de los más afectados por el incremento de los costes por el precio de la electricidad, los piensos de alimentación animal y los combustibles provocado por la invasión rusa de Ucrania. De esta cantidad, 124 millones de euros son para el sector productor de leche de vaca (210 euros por vaca hasta un máximo de 40 animales por beneficiario, 145 euros por animal entre 41 y 180 cabezas; y 80 euros por más de 180 vacas); 32,3 millones de euros para los productores de leche de oveja (15 euros por animal); y 12,7 millones de euros para los de leche de cabra (10 euros por cabeza).

La norma aprobada por el Gobierno de España también recoge la modificación normativa por la que se exime a los agricultores de la obligación de dejar en barbecho un cinco por ciento de sus superficies de cultivo y se flexibiliza el requisito de diversificación. Con ello, se podrán movilizar más de 600.000 hectáreas declaradas como superficies de interés ecológico, así como 2,16 millones de hectáreas declaradas para cumplir el requisito de diversificación de cultivos. De esta forma, el sector agrario contará con más superficie para producir cereales y oleaginosas y mejorar el suministro de estos productos en España.

El sector además se beneficiará del conjunto de medidas en el ámbito energético (energía eléctrica, gas y energías renovables) recogidas en el real decreto-ley para ayudar al conjunto de la economía con medidas de impacto positivo para agricultores y ganaderos.

Por último, mencionó la actuaciones destinadas a la industria gran consumidora de energía, que superará los 500 millones de euros, los mil millones para el sector del transportes y los mil millones del Plan Nacional de Ciberseguridad para intensificar la vigilancia y apuntalar las capacidades de planificación, preparación, detección y respuesta en el ciberespacio. La delegada del Gobierno tampoco se olvidó de citar la actualización extraordinaria de la retribución a las renovables, la cogeneración y los residuos, que permitirá reducir la factura eléctrica en 1.800 millones este 2022, sin alterar la rentabilidad de las instalaciones.