La reactivación económica y la precarización disparan las bajas laborales en León un 32% en un lustro

La cifra preocupa y mucho a los sindicatos CCOO y UGT en Castilla y León, porque entienden que refleja el deterioro de las condiciones de trabajo durante los últimos ejercicios más allá de la aportación del crecimiento del empleo por la «tímida» mejoría de la economía. Un dato para la reflexión pero también, indicaron, «irreal», porque el miedo a acudir al médico, sigue instalado entre los trabajadores de Castilla y León, en un contexto galopante de inestabilidad en la contratación.

Asimismo, denunciaron a las mutuas, tras la legislación que les otorgó más poder en las bajas laborales, por derivar a los trabajadores con dolencias sufridas durante su jornada a Sacyl, con lo que saturan los servicios médicos públicos y logran una infradeclaración de las contingencias profesionales.

La secretaria de de Salud Laboral y Juventud, Sehila Mateos, remarcó que el importante aumento en las bajas no responde únicamente al incremento de la actividad y a la recuperación económica sino que «se debe también tanto a las deficientes condiciones laborales existentes como a la precarización del mercado laboral». «Esto supone que dichos daños sean incluso inferiores a los que realmente puedan existir», dijo a Ical.

La secretaria de de Salud Laboral y Política Social, Azucena Pérez, concretó que una elevada exposición a riesgos psicosociales está directamente relacionada con un aumento de las bajas médicas. «La inseguridad laboral, la excesiva temporalidad, el miedo a perder el empleo, son factores incrementan las probabilidad de presentar un episodio de baja médica por ansiedad y depresión», expuso. De hecho, recordó que en Castilla y León los trastornos de ansiedad, disociativos y somatomorfos fueron la tercera causa de baja médica en el año 2017, con 8.152 procesos que ocasionaron 516.488 días de baja. «Suponen un 38 por ciento más que hace 5 años», aseveró.

Los registros de la Seguridad Social revelan una escalada continuada en los últimos cinco años de las bajas desde los 9.813 de 2013 en el que tocó fondo, tras el pico de 2008, cuando comenzó el ciclo recesivo, y se contabilizaba una media de 18.388 procesos mensuales de media. En concreto, 2014 y la activación económica que trajo consigo se levó el dato a 10.029 bajas de media al mes; 2015 sumó hasta las 11.042; 2016 se saldó con 11.837; en 2017 creció de nuevo hasta las 12.659; y este año ya se contabilizan 14.961.

Estos datos absolutos tienen su correlato en a media mensual por cada mil trabajadores que facilita el Gobierno, que se sitúa en Castilla y León este año, en las 20,34 bajas; frente a las 14,06 que se contabilizaban hace cinco años.

Otra cifra que facilita la Seguridad Social es relevante y se refiere a la duración media de los procesos de baja en días, donde también se constata que las dolencias se han agravado durante este periodo. En concreto, las cifras de este año indican que las bajas que cogen los trabajadores de la Comunidad este año, tiene una extensión media de 46,9 días, cuando en el año 2013, ese dato estaba en 43,95. Es decir, los que cogen una baja están tres días más convalecientes que hace un lustro.

En este sentido, Sehila Mateos explicó que la actual situación laboral «tan inestable» hace que los trabajadores, no acudan a los servicios médicos de las mutuas o de la misma Seguridad Social hasta que el daño sufrido «se vuelve insoportable, momento en el que la lesión tiene una gravedad que hace que su tratamiento paliativo se dilate mas en el tiempo».

Mateos y Pérez coincidieron en el «miedo» que pervive en los trabajadores para coger una baja, una situación «fundada» explicaron, ya que la última reforma laboral del PP para controlar el absentismo en las empresas, modificó el artículo 52 del Estatuto de los Trabajadores e incluyó como causa de despido objetivo las faltas de asistencia al trabajo, aún justificadas, que alcancen el 20 por ciento de las jornadas hábiles.

Así, exigieron de nuevo que se derogue la perniciosa reforma aprobada por el Ejecutivo de Mariano Rajoy. «Es prioritario y urgente derogar esta Reforma, para conseguir recuperar derechos laborales y mejorar la calidad del empleo y de las condiciones de trabajo».

Azuzena Pérez también denunció que una parte de las bajas médicas que están siendo cubiertas por el sistema público de salud y costeadas por el INSS, son de origen laboral y por tanto, deberían ser soportadas por las mutuas. En este sentido, indicó que según sus estimaciones anualmente se dejan de diagnosticar en Castilla y León cerca de 4.800 casos de enfermedades debidas a exposiciones laborales. Agregó la responsable sindical que si se comparan las enfermedades profesionales registradas en Castilla y León que no llegan a las 1.000, con las estimaciones medias de incidencia «vemos que hay un subregistro del 79 por ciento. «Estas patologías actualmente se están considerando contingencias comunes», dijo.

La ugetista también recalcó que otro indicador que pone de manifiesto esa resistencia de las mutuas a hacerse cargo de procesos derivados de contingencias profesionales es el número creciente de reclamaciones que todos los años presentan los trabajadores. Al respecto, concretó que sólo en el año 2017, se elevaron las reclamaciones un 17,43 por ciento. «Curiosamente la primera causa de reclamación es la 'Disconformidad con la calificación de la contingencia' que, con un total de 2.735 reclamaciones, supuso el 23,76 por ciento de las formuladas en el mismo año», constató.

En la misma línea, Mateos también denunció que es muy común que lleguen a sus asesorías trabajadores que acuden a la mutua por dolencias sufridas durante su jornada laboral y les deriva a los servicios médicos de SACYL. «Esto origina una saturación del servicio publico de salud y una infradeclaración de las contingencias profesionales, lo que acaba derivando en procesos administrativos de determinación de contingencias o en la vía judicial en ultimo caso», dijo.

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