Las ratoneras del fuego

El 'efecto Grecia' ha llevado a los expertos forestales que trabajan en una de las comunidades con mayor superficie forestal de la Península a volver a reflexionar y abrir un debate público sobre el modelo de gestión forestal que se lleva a cabo desde hace treinta años en Castilla y León. Consideran que es un modelo bastante «obsoleto» que tiene que adaptarse a la nueva realidad de los montes, cada vez más llenos de vegetación, con pueblos abandonados o muy envejecidos. Y también afrontar la prevención en los entornos periurbanos, donde han proliferado las urbanizaciones, muchas de ellas en medio de la nada y otras, en bucólicos espacios donde las copas de los árboles están tan unidas como las cerillas de un estuche.

El agente forestal y presidente de la Asociación Apamcyl, Esaú Escolar, que ejerce en Aranda de Duero (Burgos), indica que «hay muchas urbanizaciones en Castilla y León sin planes de autoprotección e incluso los Ayuntamientos no permiten a las comunidades de vecinos cortar árboles», cuando es esencial «romper la continuidad del combustible». La legislación establece que en 25 metros no puede haber un árbol, «porque todas las copas pegan entre sí y arden como cabezas de cerillas». El peligro mayor para las personas, explica, no es cuando un pequeño fuego ocurre en la urbanización «que, con la intervención rápida de los bomberos puede apagarse con la manguera de la piscina», sino «cuando viene un frente exterior de dos o tres kilómetros con llamas de cuarenta metros y entonces entra con tanta rapidez y virulencia que no te da tiempo a escapar: es una ratonera».

El Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Forestales y Graduados en Ingeniería Forestal y del Medio Natural alerta de que «estamos tentando a la suerte» porque en muchas urbanizaciones españolas «no se tiene en cuenta el peligro real que suponen los incendios forestales» y no solo en las zonas turísticas costeras, como la Costa del Sol o Levante. Ven imprescindible, «con el fin de reducir el riesgo y evitar futuros daños en la medida de lo posible» se realice «una planificación a todas las escalas (prevención, emergencias y autoprotección) de estas zonas especialmente sensibles para abordar el problema desde todas sus dimensiones».

Creen vital que las autoridades medioambientales exijan planes de prevención contra incendios forestales en todas las zonas declaradas de alto riesgo por las comunidades autónomas, en este caso, la Junta de Castilla y León, que tiene las competencias. En especial, indican, la planificación tiene que ser obligatoria en urbanizaciones y pueblos que en verano llegan a triplicar la población. Simplemente se trata, señalan los ingenieros, «de cumplir la normativa vigente». En este sentido, recuerdan que corresponde a cada administración local elaborar su propio plan de incendios forestales. En algunas comunidades es obligatorio para todos los municipios con terreno forestal mientras que, en otras, solo es para las zonas identificadas como de alto riesgo. Pero la realidad, apuntan los expertos, es que «es raro encontrarse con una urbanización que haya hecho los deberes, porque no existe una percepción real del riesgo». Explican que los incendios forestales que saltan a estas zonas de interfaz «resultan de una complejidad extrema», coincidiendo con mayor población en la época más seca, en núcleos residenciales que están «entrelazados» con terrenos agroforestales.

Subrayan que los medios de extinción y de protección civil «no pueden ni deben asumir toda la responsabilidad y no pueden ponerse en una situación de riesgo continuo, particularmente si no se han observado las mínimas normas de autoprotección y prevención». No es solo un problema medioambiental, dicen, sino de seguridad nacional.

José Luis Aceves, que es agente medioambiental de Coca (Segovia) y procurador socialista en las Cortes, insiste en que la Junta tiene que dar ya una vuelta de tuerca a su política medioambiental en materia de incendios y ha planteado en la Comisión de Medio Ambiente 15 propuestas sobre incendios forestales que el consejero del área, Juan Carlos Súarez-Quiñones, se ha comprometido «a estudiar». Entre otras, aprobar una Ley específica que prohiba la utilización y especulación de suelos incendiados. De momento, de las 15 mejoras se ha aprobado una: la equiparación de los bomberos forestales a las policías locales.

Mientras tanto, los equipos de extinción, a pesar de las diferencias laborales, están en sus puestos. Pablo González Moreno, que es presidente de la Asociación de Trabajadores de las Brigadas de Refuerzo de Incendios Forestales (BRIF) de toda España, está destinado a la base de Tabuyo (León), una de las más activas. Recuerda que en diciembre pasado negociaron con Tragsa el nuevo convenio y todavía no ha entrado en vigor. Las brigadas, que son un cuerpo de élite helitransportado que pertenece al Magrama, celebran sus 25 años de existencia con un libro y un documental que han podido ver la luz gracias al micromecenazgo. Esta iniciativa es todo un símbolo de su precariedad laboral: ellos se juegan la vida por 3,7 euros al día.