Más de 70 rapaces aparecen muertas por envenenamiento en cotos de Castilla y León en el último año

Sólo en los últimos doce meses, según datos de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente recogidos por Ical, han aparecido en la comunidad más de 70 aves muertas por envenenamiento, de las que casi la mitad son milanos -20 reales y 12 negros-. Dentro de las rapaces, también se encontraron siete aguiluchos laguneros muertos, un águila real, un busardo ratonero y un alimoche. La lista de animales envenenados se completa con quince buitres leonados, cuatro cigüeñas blancas, tres cuervos, dos zorros y un corzo.

Todas estos animales han aparecido en los términos de Villafrades de Campos, Villavaquerín y Quintanilla del Molar (Valladolid); Vega de Villalobos y Fuentes de Ropel (Zamora); Cardeñosa de Volpejera y Micieces de Ojeda (Palencia); Golmayo y Soria (Soria), Pinarejos (Segovia), La Velles (Salamanca)

El jefe del Servicio de Caza y Pesca de la Junta, Ignacio de la Fuente, reconoce que, «desgraciadamente», el número de aves envenenadas en la Comunidad se mantiene estable en los últimos años, a pesar de las campañas de información y concienciación realizadas. Además, también destacó que detrás de la mayoría de los casos se encuentra el aldicarb y el carbofurano, dos insecticidas cuya comercialización lleva años prohibida años en la Unión Europea y que contienen sustancias altamente tóxicas para aves y mamíferos.

Desde que en el año 2001 la Junta de Castilla y León estableciera medidas cautelares para luchar contra el uso de cebos envenenados, más de una treintena de cotos de caza ha sido clausurados temporalmente en la Comunidad tras la aparición de animales muertos por esta causa. No obstante, De la Fuente asegura que no se trata de una medida sancionadora contra los titulares del coto, ya que en la mayoría de los casos nada tienen que ver con esta delictiva práctica, y lo único que busca es restaurar el equilibrio ecológico en la zona.

A su vez, también indica que detrás del uso de venenos no hay un único culpable, ya que además de envidias entre cazadores de distintos cotos, también ganaderos, especialmente avicultores, que recurren a estas prácticas prohibidas.

El comandante de la Oficina de Comunicaciones de la Guardia Civil en Castilla y León, Juan Carlos Espinosa, explicó a Ical, que desde el año 2015, han puesto a disposición judicial a 13 personas por uso de cebos envenenados, de las que siete fueron detenidos y seis, investigadas.

El comandante de la Guardia Civil expuso que las tres motivaciones principales para la utilización ce cebos envenenados en el campo son acabar con las especies que se comen las plantaciones agrícolas; defender la caza de aves rapaces o zorros; y proteger la cabaña ganadera de lobos o buitres.

Los productos que más utilizan para envenenar los cebos, dijo, son aldicarb y carbofurano, así como el rodenticida anticoagulante bromadiolona. Espinosa comentó que cuando se utilizan estos cebos se provocan intoxicaciones primarias, que son las de los animales que ingieren el veneno, y secundarias, por ese animal puede servir para alimentar a otros, e introduce el mal en la cadena trófica.

El portavoz del instituto armado recordó que cuando aparece un animales muerto se recoge y se entrega a la guardería para que los centros de recogida de animales (CRAS) realicen un primer análisis; y si hay trazas de veneno se remite a centros oficiales de Madrid, al Laboratorio Forense de Vida Silvestres, que emite un informe, o al de Criminalística de la Guardia Civil. Espinosa explicó, en este contexto, que desde 1998, existe un protocolo denominado «antídoto» del Seprona con grupos ecologistas, para que se analicen todos los animales que se encuentran por si pudiesen estar afectados por veneno.

Espinosa incidió en que estas investigaciones presentan una «gran dificultad», son «muy complejas» para poder reunir las pruebas suficientes para acusar a alguien, al igual que ocurre con los incendios.

Con todo, constató que cuentan con la ayuda de perros del Servicio Cinológico, que están especializados en la búsqueda de cebos envenenados, con presencia en Madrid y Zamora. A nivel policial, explicó que para poder atajar estas prácticas delictivas se basan sobre todo en la vigilancia preventiva y en la búsqueda con las unidades caninas por las zonas donde se dan más casos, porque tiene un «efecto disuasorio»

Por último, Juan Carlos Espinosa reseñó que la utilizacion de cebos es un delito recogido en el Código Penal, con penas de prisión de hasta dos años y hasta tres de inhabilitación para caza. Administrativamente, dijo, como infracción a la ley de caza, puede conllevar sanciones económicas de hasta 6.000 euros, y cinco año sin carné cinegético.

Desde la Federación de Caza de Castilla y León, su presidente, Santiago Iturmendi, reclamó un endurecimiento de las penas para los condenados por la utilización de cebos envenenados, «ya que estamos ante un auténtico atentado medioambiental». Además, indicó que también es necesario prohibir la venta de ciertos productos, «dado que la mayor parte de las sustancias encontradas en los cadáveres de los animales envenenados se puede adquirir en establecimientos de productos fitosanitarios».

A su vez, Iturmendi hizo hincapié que desde la Federación de Caza se defiende la tolerancia cero contra el veneno, a la vez que criticó que el cierre de cotos, ya que se trata de una medida «ineficaz» para recuperar la fauna y lo único que consigue es beneficiar a los cotos vecinos. También apuntó que aunque detrás de alguno de los casos pueda haber cazadores, dado que en todos los colectivos siempre hay «indeseables», la Federación ha colaborado con asociaciones naturalistas en campañas de concienciación contra el uso del veneno.