PP y Cs quieren que el Pacto de Estado por la Educación refuerce la Alta Inspección ante el acoso escolar

Con ese contenido el Grupo del PP registró una proposición no de ley en las Cortes, conocida por Ical, sobre la que la procuradora Isabel Blanco reconoce que se ha presentado en todos los parlamentos autonómicos y en el Congreso como una aportación de su formación al Pacto de Estado por la Educación y ante algunos casos registrados recientemente en Cataluña, para la que confía en el apoyo de los grupos parlamentarios.

La procuradora de Ciudadanos, Belén Rosado, valora que la iniciativa ‘popular’ es “parecida” a la proposición de ley de creación de la Agencia de la Alta Inspección Educativa del Estado registrada por su grupo en el Congreso para garantizar la igualdad y la libertad de más de ocho millones de escolares en España, así como para “evitar la propaganda política y la manipulación de los libros de texto y el adoctrinamiento” de los alumnos. “No habrá ningún problema en apoyarla”, apostilla.

El portavoz socialista de Universidad, Fernando Pablos, afirma que no se puede generalizar un hecho puntual, que es condenable, en referencia a los antecedentes recogidos en la propuesta del Grupo Popular sobre casos de acoso escolar en Cataluña, porque considera que el Pacto de Estado por la Educación debe estar al margen de coyunturas.

Por su parte, la portavoz de Educación de Podemos, Lorena González, asegura que su grupo está a favor de reforzar la inspección educativa y en esa dirección ha presentado propuestas en las Cortes de Castilla y León, pero sostiene que la iniciativa del PP no tiene ese objetivo, sino “hacer un uso electoralista”, además de “culpar y arrojar sospechas de adoctrinamiento” sobre la escuela catalana.

Belén Rosado expresa el deseo de un pacto aunque sea de mínimos, algo que Lorena González ve difícil porque “el Partido Popular no tiene voluntad de acuerdo”, mientras que Fernando Pablos subraya que el pacto de estado, que estuvo a punto de firmarse en 2010 con el entonces ministro Ángel Gabilondo, “no puede estar al albur de cuestiones coyunturales” .

El socialista señala que reforzar la Alta Inspección no es lo fundamental en la educación y mira hacia la equidad, el tratamiento de la religión, los itinerarios de Formación Profesional, la financiación o la reposición del profesorado. La procuradora de Podemos defiende una educación laica, gratuita, de calidad y en igualdad de oportunidades y afirma que van “de la mano” con la comunidad educativa sobre lo que debe recoger el pacto.

Por su parte, Rosado incide en la gratuidad, universalidad, costes del transporte escolar, libros de textos gratis, acceso universal entre cero y tres años, racionalización de la política de becas, sistema bilingüe o trilingüe, formación profesional dual, carrera profesional de los docentes o rendición de cuenta, todo ello porque se decanta por un acuerdo aunque “sea de mínimos”.

En este momento, la Alta Inspección Educativa realiza una función más burocrática pero no tiene potestad de supervisar centros, ni el trabajo de los docentes, atribuidos a las comunidades ya que ellas tienen la competencia, por lo que la propuesta del PP argumenta que sólo el aumento de competencias permitiría supervisar no sólo la normativa, sino la actuación propia de inspección de educación de cada comunidad.

Para la procuradora popular Isabel Blanco, la propuesta de su grupo de reforzar la Alta Inspección con un marco normativo que permita una acción rápida ante episodios de acoso escolar, actuar de oficio o elaborar informes en cuestiones como que los libros de texto y otros materiales escolares cumplen con el ordenamiento estatal no vulnera competencias de las autonomías, opinión que comparte la parlamentaria naranja.

Mayor consenso existe cuando se plantea que exista una prueba única de acceso a la universidad, como aprobaron las Cortes el pasado mes de octubre y que contó con el respaldo de los grupos Socialista, Ciudadanos y Mixto, no así de Podemos, ya que Lorena González explica que primero se debe garantizar la igualdad de oportunidades y eliminar diferencias territoriales, en especial en el mundo rural, y después abrir ese debate. “Si el acceso a la universidad es homogéneo en España, también lo tienen que ser las pruebas”, dice Fernando Pablos.

En la misma línea, Belén Rosado lamenta que se produzca una “deslocalización” de estudiantes de Castilla y León que, con buenas notas, se tienen que ir fuera porque aquí con una prueba más exigente no tienen nota y otros de comunidades con menor nivel y notas más altas tienen acceso, como recordó que ha ocurrido en la Facultad de Medicina de Valladolid.

El mandato de las Cortes de Castilla y León para que en el marco del Pacto por la Educación, y oída la CRUE, se adapten las medidas necesarias para el establecimiento de una prueba única en el acceso a la universidad es otra de las aportaciones de la Comunidad, que presentará el consejero de Educación, Fernando Rey, en su comparecencia en el Senado el próximo 18 de diciembre.