Los 100 puntos concretos que firmó Mañueco con Cs quedan en 32 genéricos con Vox

Para empezar, del acuerdo entre el PP y Vox se caen todas las medidas para incentivar la regeneración política y la lucha contra la corrupción. Había 18. Desde el refuerzo de la protección a los informantes de delitos contra la Administración a la creación de una oficina de lucha contra el fraude, la penalización en concursos públicos a empresas en obras precedentes hicieran «modificados injustificados» o la limitación de mandatos en puestos de altos cargos. El documento se ha negociado en víspera del inicio de juicio por el caso de la Perla Negra, que empieza este lunes. Juan García-Gallardo echó mano de la «presunción de inocencia» cuando el primer día que se reunió con Mañueco se le preguntó si le incomodaban los casos e investigaciones sobre corrupción que afrontan los populares. También confirmó que no iban a plantear exigencias para potenciar la regeneración política. «Ese no era uno de nuestros grandes ejes de campaña», justificó, antes de concluir que «ese tema no está encima de la mesa».

El único punto que toca muy de perfil el terreno anterior es el que asegura «una administración cercana, eficaz, austera y transparente, a la vez que reduciremos las cargas administrativas de ciudadanos y empresas».

Otro aspecto en el que es palpable la falta de concreción del documento que sustenta la alianza del PP y Vox es en el área sanitaria. Los doce puntos del acuerdo de 2019 que firmaron Alfonso Fernández Mañueco y sFrancisco Igea, que incluían desde la auditoría y publicación de todas las listas de espera a la supresión de la bolsa de temporalidad de los médicos, estudiar el rescate de la concesión del Hospital de Burgos o destinar a la Atención Primaria el 20% del presupuesto sanitario, han quedado reducidos a uno: «Garantizaremos la sanidad pública, reforzando las inversiones y los presupuestos, fundamentalmente en atención primaria, sobre la base de un sistema sanitario cercano, gratuito e innovador».

El acuerdo entre PP y Vox habla de «incentivos fiscales progresivos» para apoyar la natalidad y de una «política fiscal inteligente» para «atraer y retener tejido productivo», frente a las cuatro medidas concretas del pacto con Cs sobre deducciones en el IRPF para residentes en el medio rural, la bonificación del 99% del Impuesto de Sucesiones y Donaciones entre familiares directos y la ampliación de bonificaciones de este tributo para empresas familiares y agrarias y tipos reducidos del Impuesto de Transmisiones para primeras viviendas en pueblos.

Leyes como la de Derechos y Garantías al Final de la Vida, que reforzaba el testamento vital y los cuidados paliativos y estaba tramitándose en las Cortes cuando Fernández Mañueco las disolvió, o la nueva de Lucha contra la Violencia de Género que impulsaba la consejera de Familia, del PP, quedan ahora en el limbo. El acuerdo borra toda mención a la violencia de género y habla de una Ley contra la Violencia Intrafamiliar.

Y en educación, las 12 iniciativas del acuerdo con Cs, menguan ahora hasta quedarse en cuatro. Se mantiene la universalización de la educación de 0 a 3 años, pero no se habla de centros bilingües ni de aumento de plazas de FP ni del 'MIR docente' ni de llegar al 10% del presupuesto educativo para las universidades. El acuerdo con Vox recoge «fortalecer» la universidad y consolidar «un modelo educativo basado en el mérito, el esfuerzo y la capacidad, que tenga por objeto la excelencia, generador de oportunidades y libre de adoctrinamiento ideológico» o garantizar la «libertad de elección de centros y el derecho inalienable de los padres a decidir la educación de sus hijos. Sí incluye dos cuestiones concretas en este área: esa gratuidad de la educación de 0 a 3 años y la exigencia de una EBAU única de acceso a la universidad para todo el país.

En vivienda, la medida número 75 del acuerdo de PP y Cs comprometía el «fomento de rehabilitación de viviendas, regeneración urbana y eficiencia energética mediante planes que se ajusten a lo recomendado por la Agenda 2030». El foco cambia de orientación el PP se compromete ahora a «defender la propiedad privada, combatiendo especialmente el fenómeno delictivo de la ocupación, y ofreciendo asesoramiento gratuito a las víctimas de este hecho». Vox arremete contra los objetivos de la Agenda 2030 de desarrollo sostenible. Alfonso Fernández Mañueco evitó expresamente, el día de la firma, defender esos objetivos que servían de guía para el presupuesto de 2022 que quedó a las puertas de aprobarse en las Cortes y que el PP confiaba en volver a presentar tras el 13-F.