«No se puede pretender que los jueces no apliquemos las leyes»

Los juzgados de vigilancia, explica de manera tan didáctica como si estuviera en una clase con sus alumnos de Derecho Penitenciario, son los herederos democráticos de aquellos juzgados de peligrosidad social, azote de homosexuales y prostitutas, que no se derogaron hasta los años ochenta del pasado siglo. Por las manos del magistrado Florencio de Marcos Madruga, uno de los 50 jueces de vigilancia que hay en toda España, han pasado cerca de 100.000 expedientes de criminales, algunos de ellos, de especial peligrosidad: terroristas y otros asesinos, violadores, pederastas, narcotrafricantes. También unos cuantos presos 'vip', como el exministro y expresidente de Baleares, Jaume Matas, a quien en 2014, cuando estaba en la prisión de Segovia por tráfico de influencias, le revocó el tercer grado que le había concedido la Administración penitenciaria. De Florencio de Marcos dependen los permisos de salida, los cambios de grado penitenciario, las sanciones disciplinarias, conceder o revocar la libertad condicional y decidir sobre las peticiones y quejas de los internos que cumplen condena en los centros penitenciarios de Valladolid, Segovia y Ávila, tres de los cinco que hay en Castilla y León. Entre la población reclusa, tiene fama de duro.

-¿Por qué hay tanto delincuente sexual en el centro penitenciario de Valladolid?

-No es que sean de aquí todos; les traen de otras prisiones porque aquí hay programas específicos de reinserción, al igual que los tenemos para los que ingresan por violencia de género. Pero, como son voluntarios, el 99% no los hace. Son de dos años y el trabajo de introspección que tienen que hacer es tan duro, que no se suelen apuntar. Si eres un abusador de niños o un violador, lo vas a negar, no lo vas a admitir porque es muy fuerte, te proteges, te refuerzas y lo niegas. Ello ocurre casi siempre en los delitos que tienen componente personal, como los sexuales. Y otros, cuando se dan cuenta de la gravedad de lo que han hecho, el día en que toman consciencia del mal causado, no pueden asumirlo y pasa como con la parricida de Parquesol, que se suicidó la semana del juicio.

-¿Qué opina de que, a raíz de la sentencia de La Manada, se haya puesto, como nunca, a los jueces en la picota pública?

-Pues que cuando se pasa del clamor popular a lo jurídico, al final te tumban las resoluciones. El ejemplo más claro de lo que ocurre cuando se legisla en caliente es el de la Doctrina Parot. Vino un tribunal europeo, un organismo ajeno que lo ve con distancia, y dictaminó que no se puede aplicar con carácter retroactivo para mantener a la gente en prisión. La base de todo es el principio de legalidad. Yo aplico las leyes aunque no me gusten, porque no es mi función cuestionarlas. No me queda otra que aplicarlas.

-¿Esta resolución y la contestación social y política que ha suscitado, marca un punto de inflexión en el tratamiento de estos delitos y en la independencia judicial?

-El linchamiento por la sentencia de La Manada, que hay que recordar que no es firme, evidencia que hay una disociación entre lo que la gente cree que es la ley lo que es en realidad. Si nos echan 'burundanga' en una bebida y nos hacen perrerías, eso no es violación según el Código Penal actual. Eso son abusos sexuales, pero la gente no lo entiende. Lo que no se puede pretender es que los jueces no apliquen la ley. Si no gusta, son los legisladores, los políticos, los que pueden cambiarla, esa no es la función de los jueces. Pero parece que de Derecho sabe todo el mundo.

-¿De sus atribuciones, cuál le resulta más complicada?

-Lo más duro es cuando tienes que dar un permiso. No es lo mismo un ladrón o traficante de drogas que cuando me tengo que enfrentar a un homicida o a un condenado por violencia sexual. En estos casos, me baso mucho en los estudios de personalidad de los equipos de evaluación del centro, que son fundamentales. Confío en los profesionales de la cárcel: si me dicen que un interno tiene todos los factores para seguir delinquiendo, no le doy permiso. Pero nunca se puede aplicar plantilla. Los delincuentes sexuales son minoría, el 15% del conjunto de la población penitenciaria de Valladolid, que son 500 reclusos (400 en Segovia y unas 250 presas en Ávila). La mayoría son ladrones y traficantes (cerca del 70%). Solo el 3% son psicópatas. El origen del crimen sigue siendo, principalmente, la droga. También la avaricia, y es por la codicia por lo que terminan aquí. Lo que es incierto es que con la crisis haya crecido la delincuencia. En la génesis de un delincuente pesan más sus rasgos de personalidad que los factores ambientales.