El PSOE de Zamora afirmó este lunes que la futura Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia hace a los socialistas, «pioneros» en la «defensa» y «promoción» de los derechos sociales y de las libertade personales» de la ciudadanía española. «El PSOE está comprometido con ... dar una respuesta jurídica, sistemática, equilibrada y garantista a las demandas sostenidas de la sociedad actual en relación con el final de la vida», afirmó el diputado por Zamora, Antidio Fagúndez. «Para ello, estamos impulsando una Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia y una Ley de derechos y garantías de la dignidad de la persona ante el proceso final de su vida. Ambas leyes son diferentes, necesarias y complementarias y constituyen dos debates jurídicos y sanitarios bien diferentes», añadió.
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Por su parte, el senador socialista por Zamora y alcalde de Puebla de Sanabria, José Fernández, destacó el «amplio consenso social» de la nueva Ley. «Desde hace tiempo, hay voluntad social, política y respaldo constitucional y jurídico para legislar en España sobre el derecho a la eutanasia», indicó. «De hecho, el CIS aprecia en la sociedad española un importante apoyo a la regulación legal de la eutanasia, ya que más del 70 por ciento de los españoles estarían a favor de su regulación. Incluso entre los católicos, el 60 por ciento, y demás creyentes, el 43,7 por ciento. A nivel político, solo la derecha se opone a su regulación», enumeró.
Los parlamentario nacionales socialistas por Zamora hicieron estas declaraciones en la sede provincial del PSOE, donde explicaron la tramitación de ese proyecto de Ley en el Congreso. «La Ley de Eutanasia regula el derecho individual subjetivo de las personas que, sin estar en un proceso abocado a una muerte inminente, sufren una enfermedad grave, crónica o invalidante que produce sufrimiento insoportable, deciden solicitar y recibir la ayuda para morir anticipadamente. Da seguridad jurídica a los profesionales que participan y regula la objeción de conciencia», expusieron. «La Ley de muerte digna regula los derechos y garantías de todas las personas en situación de muerte inminente mediante una asistencia sanitaria y social en el final de sus vidas respetando su autonomía y su voluntad para morir en condiciones dignas. Se establece un régimen que obliga y dota de seguridad jurídica a todos los profesionales implicados», apuntaron.
Igualmente, incidieron en las «garantías éticas y de seguridad jurídica» que ofrece la futura Ley de Eutanasia. «Se trata de asegurar que la decisión de la persona que solicita la eutanasia sea autónoma, libre de presiones, informada, consciente y mantenida en el tiempo, y no debida a circunstancias que tuvieran más que ver con una falta de condiciones dignas, médicas, sociales o familiares para afrontar la situación», precisaron. «La eutanasia se articula como una prestación incluida en la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud que se prestará, por lo tanto, en igualdad de condiciones para todos los ciudadanos. Al contrario de lo que sucede con el tratamiento de la muerte digna, la eutanasia, permite la objeción de conciencia por parte de los profesionales sanitarios implicados», concluyeron.
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