El PSOE reclama la dimisión de Isabel Blanco por «mentir» sobre los datos de residencias al inicio de la pandemia

«Tenemos pocas certezas de lo que pasó, pero la más clara es que ustedes mintieron a la ciudadanía, las familias, los medios y en sede parlamentaria, en el peor momento, cuando se necesitaban certezas ante una tragedia espantosa para tapar su nefasta gestión», expuso Rubio, quien cuestionó cuántas veces se negó la consejera a publicar los datos de residencias privadas «porque decía que la lo impedía la Ley de Protección de Datos»; e ignoró informes del Procurador del Común o negó la Comisión de Investigación al respecto. «Hizo todo lo que estaba en sus manos, pero para tapar un modelo fracasado, que hacía aguas», comentó, para advertir de que Castilla y León «hoy sigue igual, sin ley»: «Si nos azotara una pandemia volveríamos a sufrir lo mismo porque no ha cambiado nada».

Además, Rubio sostuvo que la Junta justificó que era un «debate manido y extemporáneo» cuando impidieron la constitución de la comisión de investigación. «Hay que tener poca vergüenza decir eso, con más de 4.500 fallecidos», expresó.

Blanco recordó que los datos se conocen desde marzo de 2020 «de forma agrupada y por provincias» y que el 13 de abril se incorporaron las tablas y el 28 los fallecidos. En mayo se ofrecieron los primeros datos detallados de centros públicos y en septiembre se celebró otra explicación en virtud del Pacto de Reconstrucción. «El virus no entendía de centros públicos o privados», sentenció la consejera, quien consideró «curioso» que la procuradora socialista hablara «de poca vergüenza» y la tachó de «no contrastar su información».

Al respecto, defendió que ella no justificó la ausencia de estas cifras por la Ley Protección Datos, sino porque lo impedían diferentes informes de la Agencia de Protección Datos, del Ministerio de Derechos Sociales o de Abogacía del Estado. «¿Todos mienten? Yo siempre dije que cuando un juez me lo dijera, los publicaría», asintió.

Igualmente, acusó a los socialistas de «tirarse meses, semanas y años diciendo que la Junta quería proteger a fondos buitre», pero aseguró no tener constancia de que «las oenegés o la residencia asistida de Segovia lo sean», ironizó.

Por último, la procuradora socialista respondió que los datos ahora conocidos «arrojan un poco de luz, pero no son del todo rigurosos», pues cuentan como públicos los centros de titularidad pública pero que cuentan con gestión privada. En este sentido, recordó que el COVID-19 tuvo un «gran impacto en las familias» y acusó a la Junta de negar el traslado de residentes al hospital. «No nos rendimos. Llegaremos hasta el final porque la ciudadanía tiene derecho a conocer la verdad. Cueste lo que cueste. Ha quedado en evidencia y su palabra no vale nada y no tiene credibilidad y hoy mismo debería dejar su cargo», demandó la socialista.