El PSOE denuncia que la Junta de Castilla y León ha devuelto al Estado 70 millones en cuatro años de los cursos para parados

Los procuradores José Francisco Martín y Pedro González atribuyen al cambio de las bases de las convocatorias de las subvenciones a los programas de formación de trabajadores y desempleados «el perjuicio, cuando no el cierre» de pequeños centros de formación, especialmente en el medio rural, así como que las grandes empresas del sector «se sirvan de otras licitadoras, con más puntuación en las baremaciones como conseguidoras de las subvenciones, y estas transfirieran su ejecución a otras entidades de formación con baja puntuación, mediante la fórmula de la cesión de instalaciones», ha explicado Pedro González.

Sobre la concentración de los fondos de formación en pocas empresas, ha mencionado a Ibecom, cuyo máximo responsable -señaló-, fue concejal 'popular' en las elecciones de 2011 en Cogeces de Íscar; Formatecyl, en la que la responsable formó parte de la lista del PP al Ayuntamiento de Valladolid en el puesto 26 en 2015; Grupo Esla, de Zamora, en manos del exalcalde de Palacios del Páramo, del PP, entre 1991 y 2003, y Grupo Ato.

Este «exceso de concentración» de los fondos en estos «monopolios» ha supuesto la devolución «masiva» de los fondos (que están coparticipados por el Estado y buena parte proceden del fondo social europeo), «sin que se penalice esta devolución, como ocurre en otras comunidades autónomas». Según calculan, con los más de 70 millones de euros devueltos por la no ejecución de los subprogramas (que se han repartido en otras comunidades autónomas como La Rioja y Aragón, asegura Martín), habrían podido recibir cursos de formación unos 35.000 desempleados de Castilla y León.

José Francisco Martín, quien ha asegurado que esta situación no convence «ni a las pequeñas ni a las grandes empresas del sector» de la formación ocupacional, ha indicado que el Grupo Socialista estará atento a la denuncia presentada en la Fiscalía y al resultado del recurso contra la modificación de las bases que regulan la concesión de estas ayudas que está en la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.

En concreto, el procurador socialista se ha referido a los dos subprogramas fundamentales, el de gestión del empleo y el de formación ocupacional, en el periodo comprendido entre 2015 y 2017. Respecto del primero, el presupuesto inicial total de casi 170 millones de euros pasó a 154 de presupuesto definitivo, es decir, 15,6 millones de euros menos (esa diferencia fue «a nóminas» de servicios generales, ha apuntado) y no se ejecutaron 37,8 millones, la cuarta parte de los fondos. Para Martín «es una estafa» a los parados de Castilla y León. Respecto de la formación ocupacional, de 259 millones de euros presupuestados inicialmente para ese periodo, ha señalado, no se han ejecutado 65,2 millones, el 25%.

También ha expresado su preocupación por el «escaso grado de inserción» de estos cursos. Del total de acciones formativas programadas para 2017, fueron 5.968 los que realizaron estos cursos, de los 150.000 desempleados que hay en Castilla y León. El PSOE lo atribuye en parte a las necesidades formativas que contempla el Ecyl, «pues no es de recibo que el mapa formativo sea el mismo de un año a otro».

Por el contrario, fuentes de la Junta de Castilla y León han manifestado que está entre las comunidades autónomas «que mejor gestionan los fondos de Formación para el Empleo, lo que le ha permitido asumir cantidades crecientes de recursos procedentes del Estado», incrementándose el presupuesto asignado para políticas activas de empleo en cerca del 48% durante esta legislatura, lo que habría permitido inmpartir formación para 114.780 personas.

Las mismas fuentes han puntualizado que los fondos procedentes de las partidas de políticas activas de empleo «son debidamente comprometidos en el año en curso, sin que supongan devolución alguna al Ministerio dado que son generadas al año siguiente. En definitiva, no se minora en ningún caso el presupuesto aprobado en materia de políticas activas de empleo para el ejercicio corriente». La ejecución presupuestaria durante el último año liquidado, anualidad 2017, ha sido superior al 83%, especifican.

Insisten desde la Junta en que «lo realmente importante es que la mayor parte de los fondos transferidos al Ecyl se han ejecutado en los distintos subprogramas de gasto que son competencia de este organismo, en beneficio de los 114.780 ciudadanos de Castilla y León (desempleados y ocupados) que han recibido formación para el empleo durante esta legislatura».

Sostienen al respecto que el PSOE «confunde el cierre del ejercicio con la real y efectiva ejecución de las distintas partidas presupuestarias del organismo, dando una visión equivocada que no se corresponde con la realidad». De hecho, apuntan, «respecto de las modificaciones negativas en los subprogramas de gasto 241B01 y 241B02, buena parte de dichos importes han sido trasladados a otros subprogramas del Servicio Público de Empleo de Castila y León, siendo por tanto ejecutados en beneficio de las políticas activas de empleo».