El PSOE denuncia que casi 19.000 dependientes de la Comunidad tienen ayudas inferiores a 100 euros

Así lo expusieron en una rueda de prensa el portavoz del grupo, Luis Tudanca, y la portavoz sectorial, Isabel Gonzalo, en la que censuraron que la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, votara en contra en dos consejos interterritoriales de la mejora de las prestaciones vinculadas al servicio y al entorno familiar.

Con lo acordado en el Consejo Interterritorial del pasado mes de diciembre ninguna persona dependiente puede percibir en ayudas menos de 100 euros y, en este momento en la Comunidad, tiene cuantías inferiores a esa cantidad 11.603 personas dependientes en el ámbito de los cuidados familiares y 7.080 vinculados al servicio.

«Se han creado unos servicios sociales locos, se ha engañado, mentido y utilizado fórmulas maléficas, se dan servicios a bajo coste», argumentó Gonzalo, convencida de que los registros que da la Junta en relación con la prestación de la dependencia están «lejos de la realidad».

El Grupo Socialista defenderá en el pleno de la próxima semana una moción en la que pide modificar la normativa que regula en Castilla y León las prestaciones del sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia para dar cumplimiento al acuerdo del Consejo Territorial de Servicios Sociales en concreto para ampliar las horas de ayuda a domicilio y las cuantías de las prestaciones económicas y las de cuidados en el entorno familiar.

Igualmente, aplicar los criterios recogidos en el citado acuerdo para equiparar las cuantías económicas del Grado II y Grado III de la prestación económica para asistencia personal y para la prestación económica vinculada al servicio de atención residencial.

También, se solicita que antes del 28 de marzo se aprueben las disposiciones normativas para aplicar en la Comunidad el acuerdo del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia sobre los criterios comunes de acreditación y calidad de los centros y servicios del sistema.

Finalmente, presentar en el plazo de tres meses a los grupos de las Cortes una evaluación de la Estrategia de prevención de la Dependencia para las personas mayores y promoción del envejecimiento activo, con detalle de la financiación destinada a cada uno de los ejes estratégicos.