Otra prórroga de la Ley del Registro Civil da oxígeno a los 2.209 juzgados de paz

La norma, que el Senado volverá a mandar al cajón por otros dos años más, busca la centralización de oficinas registrales y confía en una digitalización todavía lejana, «sin medios ni presupuesto para gestionarla», según han denunciado los sindicatos de Justicia que, en el caso de CC OO, está en mitad de una ofensiva en defensa de la pervivencia de los juzgados de paz. Ha puesto en marcha recogidas de firmas e iniciativas como la de tratar de implicar a los cargos intermedios del PSOE, alcaldes y concejales de pueblos, «para que soliciten a sus diputados en el Congreso que voten a favor de la reforma y que no se pierdan más servicios en el medio rural, porque esta ley no solo afecta a los pequeños, sino también a los juzgados de instrucción con tanto volumen como Medina o Ponferrada, alejados de las capitales de provincia», explicó Raúl Franco, delegado de Justicia de CC OO en Valladolid, que alude con insistencia a «la dispersión, el envejecimiento de la población y la brecha digital que todavía existe».

Castilla y León tiene la cifra más alta de España en número de juzgados de paz. Estos están organizados en 159 agrupaciones y están atendidos por 326 funcionarios de la Administración de Justicia y, en los pueblos muy pequeños, son los secretarios de los Ayuntamientos los que se ocupan de las inscripciones.

Al igual que Csif Justicia, prefieren que se vuelva a prorrogar la ley y que comience «una verdadera negociación» entre los grupos políticos para decidir, con el mayor consenso posible, el futuro de los registros civiles y, como consecuencia, de los juzgados de paz. El presidente de la sección judicial de este sindicato en Castilla y León, Fabricio Gómez, insiste en que pretenden que el registro civil «siga siendo, después de 150 años, un servicio cercano al ciudadano, gratuito, público y a cargo de funcionarios de justicia, pero con una organización adecuada».

Las proposiciones legislativas que se presentaron en febrero y marzo pasado en el Congreso por parte del PP y Unidos Podemos para 'blindar' el servicio en los municipios y mantener la actual estructura territorial no salieron adelante, al no contar con el respaldo del PSOE. En su última reunión del pasado jueves, la Comisión de Justicia, acordó casi 'in extremis' la cuarta prórroga. Explicó la portavoz del PP en dicha comisión y diputada por Salamanca, María Jesús Moro, que, durante la ardua negociación «hemos puesto de manifiesto que ni el PP ni el Ministerio de Justicia queremos una prórroga en blanco como ha ocurrido con las anteriores, sino acordar en este marco de dos años y si puede ser, antes de ese plazo, un texto lo más consensuado posible, porque toda la aplicación informática para digitalizar el Registro Civil está en marcha y más avanzada de lo que dice el PSOE».

Este nuevo plazo persigue también, indicó la diputada salmantina, «dar tranquilidad a los juzgados de paz y a los funcionarios». La pretensión, subrayó, es «desde hoy mismo trabajar en un texto que los grupos mayoritarios refrenden para que entre en vigor, si es posible, a finales de este año 2018».

María Jesús Moro señaló que la Ley del Registro Civil, cuando se aprobó en 2011, «no estaba completa». Además, insistió en que «no nos gusta tampoco porque todo el territorio no está en igualdad de condiciones respecto a la implantación de tecnologías, banda ancha y dispersión de población, por lo que queremos que se incluya en la modificación que pactemos que las oficinas locales puedan estar abiertas hasta en tanto no estén a la altura tecnológica». La salmantina aprovecha para criticar la postura socialista «de querer mantener a toda costa el texto primitivo que de facto acabaría con los juzgados de paz, incluso a pesar de la presión en contra de los sindicatos de Justicia».

La herramienta que ha utilizado la Comisión de Justicia para poder utilizar el resquicio legal que les permita plantear esa nueva prórroga para negociar ha sido una Proposición de Ley sobre la Ocupación de Viviendas, cuyo trámite está muy avanzado, para incorporar una disposición final sobre el Registro Civil. Así que, en la última sesión de la pasada semana, se perfiló el acuerdo entre PP, PSOE, Ciudadanos, PNV y PdCat, «sin tiempo para hablar con Podemos, aunque es posible que se abstenga, porque era partidario de la prórroga en su propuesta anterior, que no cuajó», confirmó la portavoz popular . María Jesús Moro se felicitó por haber llegado a un acuerdo de los cinco grupos

Aunque se han mostrado partidarios de la prórroga, los portavoces de los sindicatos mayoritarios de Justicia consideran que una ley se tire siete años, más otros dos, en el cajón, porque no se puede aplicar es, directamente, «un fracaso político». Primero, recuerdan, la intención del Gobierno fue dar la gestión a los registradores, una función rechazada por el colectivo porque no iba acompañada de presupuesto.

Las protestas por lo que se definió como privatización, llevaron al Ministerio que dirige Rafael Catalá a replantear que sean los letrados de la Administración de Justicia (antes, secretarios judiciales) quienes piloten los registros, dejando al juez al margen «puesto que estos actos son administrativos, no judiciales». En principio, los letrados creen que los registros están bien donde están, en los juzgados, pero para asumir la gestión completa exigen más personal.

Pero no todos los funcionarios de la Administración de Justicia ven con malos ojos que el servicio se centralice. El Registro Civil de Valladolid es exclusivo. Dada la población de la capital y su volumen de trabajo, no depende la oficina, como ocurre en la mayor parte de los municipios de Castilla y León, de los juzgados de primera instancia e instrucción. El letrado que está al frente, Manuel Martín Morato, considera, al igual que buena parte de los magistrados y jueces profesionales, que la idea de centralizar en las capitales de provincia todos los registros municipales no es tan peregrina, «al igual que hoy en día no se puede plantear que haya un hospital en cada pueblo. Además, existe Internet», manifiesta este profesional.

Literalmente, el texto legal actual indica que «en cada comunidad autónoma se ubicará, al menos, una oficina general del registro civil. El Ministerio de Justicia podrá crear, además, una oficina general por cada 500.000 habitantes». En Castilla y León, solo la provincia de Valladolid cumple el requisito. «Excepcionalmente», prosigue la ley, «se podrán crear otras tres oficinas generales en cada comunidad autónoma». Esta es una de las piedras de toque de la negociación entre los grupos. La otra, el colectivo que gestionará estos registros, que el Ministerio quiere que sean los letrados de la Administración de Justicia.