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El presidente del Grupo Ibereólica, Gregorio Álvarez Cabreros, ha declarado ante el juez que instruye la trama eólica que hasta 2003 no tuvo problema con las autorizaciones de los parques que había solicitado, pero que después de esa fecha «inexplicablemente» la Junta no ... le concedió ni una sola licencia y lo que le explicaron después de tanto retraso en la tramitación es que «mis parques no entraban en la planificación». Según han desvelado fuentes de la investigación, el testigo, ingeniero de profesión, que promovió parques en la provincia de Zamora, había sido socio del expresidente de Campofrío, con quien tenía intereses en plantas termosolares en Extremadura. Álvarez, que lleva en el mercado de los eólicos desde 1996 y es socio de Gamesa Renovables, ha relatado que Ballvé propició una entrevista con el consejero de Economía y Empleo, Tomás Villanueva, con el fin de «desbloquear» la situación, pero ha indicado que de dicha reunión «no salió nada concreto».
El testigo ha cifrado las pérdidas en 22 millones de euros, que vinculó a las inversiones realizadas en tecnología y tramitación de esa docena de parques de molinos de viento que promovía y no fueron autorizados. «El perjuicio fue tal que me he tenido que ir de mi comunidad. Me fui a invertir a Andalucía, Asturias, Castilla-La Mancha y hasta a Chile», ha subrayado a preguntas del fiscal anticorrupción.
El juez ha ofrecido acciones al presidente de Ibereólica para que pueda reclamar, si lo desea, los perjuicios causados.
Además de Gregorio Álvarez han testificado esta mañana Carlos Cabrera Junquera, exdirector general de Endesa Cogeneración y Renovables, y María Concepción Cánovas del Castillo, que fue directora en Castilla y León del centro de Endesa Cogeneración y Renovables hasta 2008. quienes, según ha señalado el letrado de Ecologistas en Acción, Emilio Martínez, quien ejerce la acusación popular en el caso, «han mantenido una oportuna amnesia» durante sus respectivas comparecencias.
Hace año y medio que arrancaron las diligencias en el Juzgado de Instrucción número 4 de Valladolid para esclarecer si, como apunta la Fiscalía Anticorrupción en su querella (presentada tras tres años de investigaciones), se produjo un reparto ilegal de la tarta eólica por parte de la Junta entre empresarios afines al Partido Popular y se cobraron comisiones de 81 millones de euros.
La Fiscalía solicitó el pasado mes de octubre una nueva prórroga temporal para esta causa, considerada de especial complejidad.
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