Profesores interinos piden la suspensión de la oposición a Secundaria del próximo día 23

En la Consejería de Educación no les ha cogido por sorpresa esta impugnación, ya que se ha llevado a cabo del mismo modo en otras comunidades. Así, la Dirección General de Recursos Humanos ya había preparado la documentación necesaria que tendrá que aportar cuando la requiera el TSJ.

El argumento principal de los interinos es que el 90% de ellos accedió a la función pública «tras superar varios procesos de oposición», aunque sin obtener una plaza «porque la Administración se las guardaba y solo sacaba un 10% de ellas». Consideran que el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) establece que «los funcionarios interinos no pueden estar contratados más de tres años como temporales, y habiendo superado este periodo de contratación, en muchos casos más de 10 y 20 años», estos contratos suponen un fraude de ley.

Algo que desde la Consejería de Educación se considera incierto porque «no se trata siempre de la misma plaza» y además se mezcla «el régimen laboral con el régimen de interinidad».

La solución que piden los interinos en su escrito es que se aplique el artículo 61.6 del Estatuto.«Dice básicamente que se puede establecer un proceso de concurso de méritos, que resultaría ser una solución legítima para salir de este atolladero inhumano para los profesores que lo sufren».

Incluso advierten de que de no ser así, «y resolverse por la vía legal y política», los afectados «podrían reclamar indemnización por daños y perjuicios».

Catorce mil aspirantes concurrirán el próximo día 23 de junio a la fase de oposición para intentar acceder al cuerpo de profesores de Secundaria. La paralización del proceso, si se diera, supondría un varapalo tremendo para la que se anunció como «la mayor oferta pública de empleo de los últimos años», después de un racionamiento drástico durante la crisis. Una oferta que, a juicio de los demandantes, «es en realidad un expediente de regulación de empleo encubierto».