El Procurador del Común insta a la Junta a realizar cambios normativos para ampliar el alquiler social

El Procurador del Común, Tomás Quintana, insta a la Junta de Castilla y León a abordar los cambios normativos necesarios para ampliar el parque público de vivienda en régimen de alquiler con un número de inmuebles que permitan atender las situaciones de especial y urgente necesidad.

En el pleno monográfico de las Cortes para la presentación el Informe Anual de 2022 de la institución, Quintana destacó las quejas que reivindican el derecho constitucional a disfrutar de una vivienda digna y adecuada y pidió a la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio que «no pase por alto la situación de especial vulnerabilidad de las personas mayores» en la tramitación de las ayudas a la vivienda.

Tomás Quintana arrancó la presentación del Informe con la manifestación de que «afortunadamente» 2022 ha sido el año de superación de la crisis sanitaria del COVID y la vuelta a la normalidad, aunque afirmó que no se ha limitado el trabajo de la institución, con 8.310 expedientes tramitados a partir de 1.807 quejas recibidas y 63 actuaciones de oficio.

Durante el pasado año, el Procurador dictó 1.533 resoluciones, 170 archivadas por no apreciar irregularidad y en 1.363 se formularon recomendaciones, de ellas, a 28 de febrero de este año, un total de 1.038 había recibido contestación (76,16 por ciento) y fueron aceptadas 923 (88,92 por ciento), 806 no fueron asumidas en su totalidad (77,65 por ciento) y 115 no fueron aceptadas (11,08 por ciento).

Las 63 actuaciones de oficio dieron lugar a 584 resoluciones, de las que 392 fueron aceptadas, 18 asumidas parcialmente y 19 rechazadas, lo que, explicó el Procurador, ha supuesto la aceptación del 95,57 por ciento y solo se rechazaron el 4,43 por ciento.

La institución recibió 938 quejas, que representan el 51,91 por ciento del total de las recibidas, de las administraciones locales, 845 afectaron a Ayuntamientos (90,09 por ciento) y 44 a diputaciones provinciales (4,69 por ciento), y 679 quejas, que representan el 37,58 por ciento del total, a la administración autonómica. De la actuación de la Administración del Estado recibió 139 quejas, que representan el 7,69 por ciento del total y fueron trasladadas al Defensor del Pueblo.

Por áreas, destacó las 1.333 denuncias por deficiencias sanitarias en la Zona Básica de Salud de Tábara (Zamora); 789 por el retraso en la construcción del nuevo centro de salud de de Sahagún (León); 116 en contra de la suspensión de la consulta médica semanal en Castillejo de Azaba (Salamanca).

Aunque por primera vez en dos años la institución no recibió quejas relacionadas directamente con la pandemia, si hubo algunas en relación a sus efectos, como las listas de espera en algunas especialidades, lo que llevó al Procurador a urgir que se habiliten los medios necesarios para evitar la dilatación de los tiempos tanto en pruebas diagnósticas como en intervenciones quirúrgicas.

Igualmente, destacó una resolución en la que se recomienda la atención presencial y que no sea necesaria la cita previa para acudir a cualquier dependencia de la Administración autonómica. El Procurador solicitó a Sanidad la atención pediátrica general, no solo en el medio rural, ya que consideró que la asistencia de menores por los médicos de Atención Primaria, sin dudar de su capacidad, debe ser «excepcional».

• Temas
• Cortes de Castilla y León
• Procurador del Común