El Procurador del Común insta a aplicar un plan de choque ante «actos vandálicos» de pintadas y grafitis

Así lo manifestó en la presentación del informe de la institución correspondiente al año 2023 ante el pleno de las Cortes de Castilla y León donde se detuvo en señalar que se han ocupado y han pedido información a los municipios de más población de la Comunidad con el objetivo de erradicar este fenómeno callejero.

De oficio, tras el análisis de los datos obtenidos, explicó en el hemiciclo que formularon las correspondientes resoluciones a cada uno de ellos, en las que instó a adoptar diferentes medidas, como, por ejemplo, la elaboración y aplicación de un plan de choque que permita la limpieza y protección del patrimonio público frente a estos «actos vandálicos».

En el mismo, se recoge intensificar las labores de vigilancia policial, sobre todo de las zonas en que se prevea que, tras la limpieza, puedan verse nuevamente afectadas; realizar campañas de concienciación y educación, incluso promoviendo el grafiti y/o muralismo autorizados; así como adaptar la normativa, en el caso de que no lo contemple, para poder ejercer la potestad sancionadora y el resarcimiento de daños causados al patrimonio público.

Se refirió el Procurador a una resolución dirigida a las diputaciones provinciales con la voluntad de contribuir al fomento de la rehabilitación de viviendas de titularidad de pequeños municipios, en muchos casos en deficiente estado de conservación. Todas diputaciones provinciales, a excepción de la de Ávila, que aún no ha respondido, aceptaron esta resolución.

En tal sentido, se insta a las instituciones provinciales a que activen los medios necesarios para proporcionarles la asistencia técnica y jurídica que sea precisa para concurrir a los procedimientos que se abran para obtener financiación de proyectos de dinamización demográfica en Castilla y León.

El alquiler social, situaciones de emergencia habitacional, las necesidades de personas especialmente vulnerables, de familias sin recursos o en riesgo de exclusión social fueron también quejas atendidas por el defensor de los ciudadanos de la Comunidad.

Se detuvo en una resolución de oficio, en la que volvió a insistir, sobre la necesidad de contar en Castilla y León con un Parque Público de Vivienda, aceptada por la Consejería, que permita el alquiler de un número de ellas acorde a las dimensiones y necesidades existentes en la Comunidad. Para ello, vio necesario aunar los esfuerzos de todas las administraciones y agentes sociales implicados, con objeto de garantizar a las personas más vulnerables el ejercicio del derecho a una vivienda digna y adecuada.

También, promovió de oficio un expediente sobre la transformación de locales comerciales en viviendas en las ciudades y grandes poblaciones de la Comunidad, que puede contribuir a favorecer el acceso a la vivienda, especialmente por parte de las personas jóvenes, aunque advierte de evitar la proliferación de infraviviendas, carentes de condiciones de habitabilidad, seguridad, accesibilidad, salubridad e iluminación natural.

Esta resolución, aceptada por Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, recomienda a la Administración autonómica que valore establecer unas directrices comunes y criterios mínimos y homogéneos de ámbito autonómico, a modo de estándares urbanísticos, para ser incorporados a los instrumentos de planificación y desarrollo urbanístico municipal que prevean la conversión de locales comerciales en viviendas.