La presión fiscal de los municipios de Castilla y León crece en más de 120 euros por habitante en la década de 2007 a 2017

El último informe gubernamental sobre las Haciendas Locales, con cifras cerradas del año 2017, evidencia que los municipios de la Comunidad, recaudaron por impuestos 1.358,5 millones de euros, un 22,2 por ciento más que en 2007; lo que supone que cada habitante abonó 560 euros de media, con un avance del 27,4 por ciento respecto a una década atrás.

La evolución de los ingresos fiscales de los municipios fue mejor en el conjunto nacional, donde recaudaron en 2017, un total de 30.006,2 millones de euros, con un aumento del 25,1 por ciento respecto a 2007; lo que provocó una subida de la presión fiscal por habitante del 21 por ciento en la década de estudio, hasta los 644,3 euros.

La merma poblacional que desangra Castilla y León influyó en el mayor crecimiento de la presión fiscal por persona en la Comunidad respecto a la media, ya que la autonomía perdió durante esa década el cuatro por ciento de su habitantes (102.616), hasta los 2.425.801, cuando en España se elevaron un 3,3 por ciento, hasta los 46.572.132.

Cabe destacar que Castilla y León era en 2017, la sexta autonomía con menor presión fiscal municipal por habitantes, por delante de Galicia (462,73 euros); País vasco (469,5); Navarra (471,67); Extremadura (477,95); y Asturias (527,23). En lo alto de la tabla, se situaron Baleares (903,61 euros); Madrid (798,26) y Cataluña (760,9).

Fuentes de la Federación de Municipios y Provincias de Castilla y León (FRMP) denunciaron las «enormes dificultades» para que las corporaciones locales puedan «continuar garantizando y mejorando el buen funcionamiento de nuestros pueblos y ciudades».

En este sentido, lamentaron que los instrumentos de financiación con los que cuentan «no son suficientes para poder seguir soportando la carga de servicios que prestamos». «Los nuevos servicios y competencias impropias son cada día mayores y las entidades locales son las que debemos garantizarlas», destacaron desde esta institución que presiden la presidenta de la Diputación de Palencia, Ángeles Armisén.

Las mismas fuentes expresaron a Ical, que son las administraciones locales las que generan superávit, pero «el destino del mismo está excesivamente limitado». Así, reclamaron «tener una libre disposición para invertirlo en seguir manteniendo la calidad de vida de nuestros ciudadanos». «Por eso es necesaria una reforma de la financiación local suficiente y simultánea a la financiación autonómica», concluyeron.

Un análisis de los ingresos municipales por impuesto, pone de relieve que el grueso de la financiación procedió del IBI, que alcanzó en el año 2017, los 684,97 millones de euros, lo que supone que se disparó un 76,3 por ciento respecto a 2007.

Asimismo, la segunda fuente en importancia de financiación propia, llegó de las tasas y otros ingresos, que sumaron para los municipios de Castilla y León, algo más de 377 millones de euros, que representan una subida respecto a diez años atrás del 7,2 por ciento.

Importante también fue la partida ingresada por los municipios gracias al Impuesto sobre Tracción Mecánica, que les permitió sumar en 2017, un total de 122,72 millones de euros, un 7,7 por ciento más que en 2007.

En cuanto al Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, reportó a las localidades de Castilla y León, un montante de 70,14 millones de euros, con un importante incremento del 22,8 por ciento. El Impuesto de Actividades Económicas (IAE) sumó para los municipios 69,58 millones de euros, que representan un avance respecto al 2007, del 8,5 por ciento.

En el extremo opuesto se situó el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, que se vio muy perjudicado por la profunda crisis sufrida por el sector, y sólo reportó a los ayuntamientos 33,33 millones de euros, con un desplome respecto a una década atrás, del 75,4 por ciento.

El informe también revela las transferencias corrientes recibidas por los municipios de Castilla y León desde las diferentes instancias, que ascendieron en el año 2017, a 680,55 millones de euros, que representan un aumento del 12,1 por ciento, la mitad del crecimiento experimentado por la recaudación de impuestos.

El grueso de la financiación por transferencias corrientes que llegó a los municipios de la Comunidad, procedió del Estado, con un montante de 489,61 millones de euros en 2017, que supone un exiguo crecimiento durante la década de estudio del seis por ciento.

Frente a ese porcentaje, destacó el aumento del esfuerzo desde las diputaciones, que aumento un 287 por ciento respecto a 2007, hasta los 48,58 millones de euros transferidos en 2017 a los ayuntamientos.

En cuanto a la Junta de Castilla y León, los fondos remitidos a los municipios sumaron en 2017, un total de 132,8 millones de euros, la segunda partida en importancia tras la estatal, que suponen una subida de su financiación del 21,4 por ciento.

Por último, las transferencias desde empresas de la entidad local, crecieron un 750 por ciento, con 221.000 euros en 2017; y desde ayuntamientos, bajaron un 75,3 por ciento, hasta 1,79 millones. El resto de entes locales transfirieron fondos por 2,3 millones, con una subida del 73,7 por ciento.