Los preferentistas lamenta la falta de «supervisión» de la Junta a las cajas

Garmón recordó una reunión con responsables del Ejecutivo autonómico a quienes expusieron su «malestar» por la situación que se estaba viviendo y por el hecho de que la Junta «no había vigilado suficientemente a las cajas», una responsabilidad que, sin embargo, no asumió el Gobierno regional a pesar del contenido de la Ley de Cajas que así lo contemplaba. «El pueblo está harto de que se formulen leyes que se interpretan erróneamente o no se cumplen», añadió Garmón.

Aunque reconoció que la principal responsabilidad correspondía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que tenía que haber velado por la supervisión por encima del resto, estimó que esa responsabilidad es «compartida» tanto con el Gobierno central como con los autonómicos porque «si no, para qué sirven las autonomías si no hacen su función fiscalizadora». Por ello, Garmón pidió que cada uno asuma «la responsabilidad política que le toca».

Los preferentistas reclamaron soluciones a los políticos, como se ha hecho en otras comunidades, por lo que dijeron sentirse «de un orden inferior» en Castilla y León. Garmón puso como ejemplo el caso de Bankia que se intentó arreglar «lo mejor posible», aunque también elogió el trabajo desarrollado en comunidades como Galicia o Cataluña donde los gobiernos autonómicos hicieron «presión», mientras que en Castilla y León «por desgracia es lo que ha habido», dijo. «Todos buscaron soluciones diferentes y nosotros fuimos los peor tratados porque nuestras autoridades no pusieron nada de su parte para intentar que el Gobierno nos tuviera en la misma consideración que al resto», añadió.

Garmón aclaró que el arbitraje «no fue bueno» además de que «no cumplía ni una sola norma» al entender que no era independiente y hacía «lo que le daba la gana». Los preferentistas achararon que la responsabilidad estaba «muy extendida» porque según Garmón «no fue normal» que ni la CNMV, el Banco de España o los gobernos sucesivos que hubo, no tomaran medidas al respecto.

Además, Garmón estimó que los dos grandes partidos no han actuado «con la firmeza que tenían que haber actuado», sino que han estado «más a favor de los bancos que de los afectados», y aunque se hicieron «amagos», el representante de las plataformas de afectados consideró que el resultado «es lo que cuenta». «Ambos gobiernos permitieron la emisión del producto, que teóricamente era un producto válido, pero lo que no se hizo por parte de los máximos responsables de los gobiernos fue el seguimiento de la comercialización», apostilló.

Tampoco se vigiló la publicidad engañosa que se hizo, ni por parte del Gobierno ni de la Junta, e incluso se hizo «alarde» del producto. «Hay una responsabilidad, puesto que la ley ya indicaba que la Junta tiene la responsabilidad de controlar también la publicidad», apostilló Garmón. «Son tantos los problemas que se nos han acumulado que es para cogerse la maleta y marcharse de España», lamentó.

Por ello, durante su declaración, el portavoz de los preferentistas en Castilla y León demandó a los grupos políticos que asuman «responsabilidad» a la hora de defender a los consumidores y les reclamó que estén «ahí» y actúen «rápidamente», algo que aclaró que no es por motivos económicos, sino de «eficacia».

Desde estas asociaciones se han asumido, no solo los casos de afectados, sino también de trabajadores o directivos que «no tenían responsabilidad en la comercialización del producto» porque la inmensa mayoría de los empleados «hacían lo que les mandaban», ya que «muchos trabajadores actuaron presionados porque era su puesto de trabajo, y movidos por las directrices de su puesto».

«El producto era legal, pero no puedes vender un Mercedes a un señor con un sueldo de 400 euros si eres una persona honrada», estimó Garmón, quien incidió en que la Dirección comercial presionaba para vender ese producto, algo en muchos casos se hizo «en contra del propio cliente».

A día de hoy, Garmón cifró en unas 6.900 las sentencias falladas favorablemente a los preferentistas, en las que se acusa de esta situación a la «falta de información» y a la falta de cumplimiento de las normas europeas o del Banco de España. Sin embargo, Garmón lamentó que todavía hay unas 3.500 familias que se encuentran «en el limbo» y puso de relieve, no solo la pérdida de dinero por parte de los afectados, sino también de salud. «

Por último, Garmon hizo referencia al folleto informativo que se entregaba a los clientes pero que estaba dirigido «a gente experta», por lo que ha habido sanciones pero «con cantidades ridígulas». Atendiendo al montante total del producto, el representante de las plataformas consideró que no se pueden imponer multas por importe de 6,7 millones de euros «con los delitos tan graves que ha habido», dijo.