La precariedad, también en lo público: La temporalidad afecta a uno de cada cuatro asalariados en las administraciones

Las cifras las aporta la Encuesta de Población Activa (EPA) del Instituto Nacional de Estadística (INE), que revela, según pudo conocer Ical, que el ejercicio anterior se alcanzó el porcentaje más elevado más allá del inicio de la última crisis económica, con un 25 por ciento de temporalidad media anual entre los asalariados de las administraciones de la Comunidad.

El dato supera al resto de la serie que facilita el INE en su web hasta el año precrisis (2006-2018), y sólo dos ejercicios se aproximan, 2009, cuando alcanzó el 24,9 por ciento; y 2006, cuando se situó en el 24,4 por ciento. El mejor dato se registra en 2012, cuando el porcentaje se situó en el 19,1 por ciento. En cifras absolutas, el año pasado los asalariados públicos en Castilla y León, fueron de media 187.200, de los cuales tuvieron un contrato temporal 46.700.

El porcentaje de Castilla y León mejora, no obstante, el 25,4 por ciento de temporalidad pública de la media nacional, donde esa cifra se superó, al contrario que en Castilla y León, en 2006 (26,5 por ciento); y 2009 (25,5 por ciento).

El 25 por ciento de temporalidad en las administraciones en Castilla y León, se aproxima al 25,4 por ciento de asalariados eventuales contabilizados en el sector privado, un porcentaje que se superó en varios ejercicios anteriores, 2006 (31,2 por ciento); 2007 (29 por ciento); 2008 (26,8 por ciento); 2016 (26,1 por ciento) y 2018 (25,3 por ciento).

La precariedad en la contratación pública también se une a la desigualdad, con una temporalidad extremadamente más apegada al género femenino. Y es que el año pasado, los asalariados varones con contratos temporales alcanzaban el 17,4 por ciento, frente al 30,3 por ciento de las mujeres. En concreto, si el año pasado trabajaron una media de 77.900 hombres para las administraciones públicas en la Comunidad, 17.400 fueron temporales; mientras que de las 109.300 mujeres, 30.300 eran eventuales.

La temporalidad masculina superó la de 2018 en la serie de estudio en 2009 (18,6 por ciento); 2010 (17,7 por ciento); 2011 (18,2 por ciento) y 2015 (18,1 por ciento), mientras que en el caso de las mujeres, sólo fue superior en 2006 (30,8 por ciento). Los varones registraron su menos dato de eventualidad en en 2014, con un 13,4 por ciento, mientras que las féminas lo hicieron en 2011, con un 23,3 por ciento.

El secretario general de la FeSP-UGT de Castilla y León, Tomás Pérez, destacó que esta situación de alta temporalidad en las administraciones en la Comunidad viene «agudizada por la crisis», ya que durante años no ha habido oferta pública de empleo, con tasas de reposición cero, con lo que se han ido «empalmando y «ampliando y ampliando» interinidades bajo la «dejación» de los responsables públicos para acabar con ello.

En este sentido, lamentó que el nivel de precariedad casi alcance la del sector privado, cuando lo público debe ser una ejemplo a seguir y la base para tomar decisiones para atajar esas situaciones para todos los trabajadores.

El dirigente sindical recordó que suscribieron hace un año un acuerdo para impulsar las ofertas públicas de empleo y todavía «no encontramos con lo que vemos». «Llevamos años reclamando que se aborde la situación y parece que sólo les gusta ofertar cuando hay elecciones», dijo, para denunciar situaciones como la convocatoria de enfermería que se convocó pero no se celebró entres años y se perdió.

En este contexto, apeló a que se constituya cuanto antes el nuevo ejecutivo autonómico, porque «sin gobierno sigue el parón en las convocatorias de empleo público» y exigió un mayor esfuerzo en las plazas que se convoquen, al futuro presidente del Gobierno autonómico, por encima de las comprometidas más aún cuando se ha asumido la jornada de 35 horas, ante la necesidad de prestar servicios de calidad a los ciudadanos.

Por último, en cuanto a la mayor precarización de las mujeres, aseguró que responde a la feminización de numerosos puestos en la administración, desde las enfermeras a las profesoras o la atención gerontológica.