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Martes, 20 de octubre 2020, 19:46
El procurador leonesista en las Cortes de Castilla y León, Luis Mariano Santos, ha puesto sobre la mesa el problema de los acuíferos de la variante de Pajares, una obra cuya responsabilidad recala, afirmó el leonesista, «en aquellos que la diseñaron y que por abaratar ... costes no realizaron los estudios pertinentes, en referencia a Cascos y Rato y sus gobiernos, y en quien hasta 2017 estuvo mirando para otro lado y que gestionaba el ministerio de Medio Ambiente y no obligó a Adif a buscar formas de evitar la desecación de los ríos y arroyos de la montaña central leonesa».
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Aún así, afirmó Santos dirigiéndose al consejero de Fomento, «le recuerdo usted también tiene la obligación de defender a esos pueblos y esos ciudadanos de la montaña central y ponerse del lado de los que están sufriendo este robo ambiental. Debe usted y su consejería liderar la defensa jurídica exigiendo un proyecto de recuperación integran, porque la montaña central tiene derecho a que se corrijan los daños y se salvaguarde su potencial hídrico, debe liderar el frente jurídico que ayude a los ayuntamientos de Pola de Gordón y Villamanín a corregir esta situación, le pido que no mire para otro lado y se comprometa decididamente a defender el interés general de la montaña central leonesa, porque de lo contrario se convertiría también en responsable solidario por inacción del atropello medioambiental y para eso me ofrezco a sumar«.
Repasó Santos la historia de esta obra «que algunos califican de la obra más cara y menos efectiva de la ingeniería española y otros una de las grandes obras de ingeniería hechas en España, un prodigio técnico lleno de imprudencias políticas. 50 kilómetros de túneles y viaductos para unir Asturias y León, casi 4.000 millones de euros, más de 16 años desde que en febrero de 2004 Francisco Álvarez Cascos y Rodrigo Rato pusieran la primera piedra. Un rosario de infiltraciones de agua, deslizamientos, sobrecostes, un importante impacto ambiental y un enorme retraso que obliga a adaptarse de nuevo a una normativa europea que ha cambiado en estos años».
Una obra cuyo presupuesto «se ha multiplicado por cuatro y donde los sucesivos ministros han ido ampliando el plazo de ejecución, para desesperación de todos». Una «chapuza» que comenzó a ejecutarse «sin estudios hidrogeológicos para analizar el subsuelo y en que al poco de entrar a ciegas, las tuneladoras encontraron agua causando un daño irreparable sobre los acuíferos que generó un trasvase oculto y subterráneo de León a Asturias con el daño ecológico terrible a la montaña leonesa, un desastre que se cifra aproximadamente en una pérdida de 12 millones de litros al año y de 3,6 millones de euros de coste anual. Ahora Mieres y Lena reclaman esa agua para abastecerse. Una historia llena de despropósitos de los que no puede ser cómplice».
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