Podemos Castilla y León anunció este jueves la presentación de 30 enmiendas parciales a la Ley de Ordenación, Servicios y Gobierno del Territorio de Castilla y León al considerar que el texto remitido por la Junta abandona el consenso y la participación del anterior proyecto ... de 2013.
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Según detalla, no se solventan los problemas de implantación de prestaciones y servicios públicos en el medio rural y que, en definitiva, los cambios que se pretenden introducir no van a paliar el grave de déficit de un modelo territorial racionalizado y eficiente.
«Cambiar la Ley de 2013 para que nada cambie es la metáfora perfecta de lo que lleva haciendo Ciudadanos en más de dos años de Gobierno con el Partido Popular, una política continuista que no soluciona ningún problema», sentencia Laura Domínguez, procuradora en las Cortes.
La formación morada considera que este es uno de los Proyectos de Ley de legislatura y que de su aprobación o no depende que se logre un establecimiento ordenado, eficiente y de calidad de los servicios en el medio rural.
Es por ello por lo que han introducido enmiendas para garantizar que la educación secundaria o los servicios de extinción de incendios, así como todos los especialistas que se prevén en la cartera sanitaria de Atención Primaria, se presten en todas las áreas rurales.
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«Uno de los déficit claros de la Ley es que no se garantizan estos servicios esenciales», explican, «igual que no se define claramente cómo se va a diseñar el transporte público de viajeros, que es la otra gran carencia de esta Ley». Con estas enmiendas Podemos incide en estos aspectos que consideran «irrenunciables» para mostrar su apoyo a la nueva Ley.
Por otro lado, el grupo político cuestiona que las Diputaciones Provinciales tengan las competencias y recursos para realizar los mapas provinciales, algo que creen debe seguir recayendo en las Delegaciones Territoriales, «tal y como se consensuó en 2013».
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En definitiva, Podemos Castilla y León entiende que la modificación propuesta «es claramente insuficiente y peor que la de 2013, cuyo máximo problema ha estado en la no aplicación de la misma. No necesitábamos una nueva Ley sino garantizar que se cumple la que hay», concluyen.
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