EFE
Segovia
Miércoles, 16 de septiembre 2020, 14:05
El secretario general de Podemos en Castilla y León, Pablo Fernández, ha pedido este miércoles «abiertamente» el apoyo del PSOE para exigir en las Cortes regionales la creación de una comisión de investigación sobre lo ocurrido en las residencias de ancianos al comienzo de ... la pandemia.
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Fernández, durante una rueda de prensa en Segovia, ha exigido la constitución de este órgano que, en su opinión, sería un mecanismo de control más adecuado que el informe que la Junta está dispuesta a publicar sobre el estado de estos centros para que se debata en las Cortes.
Según este partido, esta medida es «del todo insuficiente» porque se trataría de «un informe de juez y parte», ha expresado Fernández: «no puede ser que la Junta de Castilla y León se evalúe a sí misma«, ha añadido, antes de afear al Gobierno autonómico que aún no lo hayan presentado.
«Es imprescindible conocer la verdad, las familias merecen saber lo que ocurrió en las residencias de mayores para, primero, depurar las responsabilidades políticas si las hubiese y, segundo, para corregir los errores cometidos«, ha manifestado.
Ha recordado que durante la pandemia han fallecido más de 2.600 personas en las residencias mayores con covid confirmado o síntomas compatibles, por lo que considera «crucial» saber «qué falló, qué cosas se pueden mejorar« y conocer »qué protocolos se pueden implementar para que jamás vuelva a suceder lo que ha ocurrido«.
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En este sentido, ha pedido «abiertamente» al PSOE su apoyo para sacar adelante esta iniciativa: «Nosotros necesitamos la colaboración de un grupo parlamentario más para que se pueda llevar a efecto esta comisión y creemos que el PSOE debería venirse, debería recoger el guante que le lanzamos«, ha expresado.
El secretario regional de Podemos ha precisado que su partido espera llegar a un acuerdo con los socialistas «en las próximas semanas» para que dicha comisión «se desarrolle y eche a andar».
Fernández también ha abogado por la necesidad de un cambio de modelo: «No puede ser que el 70 % de las plazas residenciales sean privadas«, ha señalado, antes de añadir que en la actualidad se anteponen »los intereses de empresas privadas, fondos buitres y de especuladores« a »la salud y bienestar de nuestros mayores«.
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Sobre las medidas tomadas hasta ahora por el Ejecutivo autonómico para revertir la situación, ha considerado que la Junta «ha hecho muy poco y, lo que ha hecho, llega muy tarde».
En su opinión, es «insoslayable» el hecho de que «no hay personal en las residencias para poder implementar los protocolos que se pretenden hacer efectivos» y este extremo pone de manifiesto «la inacción, la desidia y la dejadez de la Junta de Castilla y León«.
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