Podemos demanda dos millones para la mejora de centros de atención a víctimas de violencia de género

Así lo plantea en una proposición no de ley en la que insta a la Junta de Castilla y León a la realización de distintas acciones de organización y presupuestarias para mejorar estos recursos de atención a las víctimas de violencia machista, y que se debatirá mañana en la Comisión de Familia e Igualdad de Oportunidades de las Cortes.

En concreto, la propuesta de resolución pide a la Junta implantar en la presente legislatura pisos tutelados como una alternativa habitacional necesaria para determinadas situaciones de extrema vulnerabilidad, y garantizar la especialización en intervención con víctimas de violencia de género en cada uno de los ámbitos (psicológico, jurídico, laboral).

Realizar una planificación integral de los tres centros de emergencia y las catorce casas de acogida que hay en la actualidad en la Comunidad que incluya las necesidades materiales y de recursos humanos, el fomento de una intervención centralizada y pautada desde la Consejería de Familia y la colaboración administrativa y de gestión entre cada una de ellas es otra de las propuestas.

Estos centros cumplen una función de atención e intervención sobre todo en aquellos casos donde no existe alternativa habitacional para las mujeres ni cuentan con recursos económicos, familiares y sociales para poder salir de la situación de violencia, argumenta Podemos en su PNL.

Así, expone también que los centros suponen, en cada una de sus modalidades, unos recursos imprescindibles que van desde el acompañamiento hasta el asesoramiento jurídico, psicológico o laboral, así como a cubrir la propia necesidad habitacional.

Recuerda que en Castilla y León los recursos habitacionales para víctimas de violencia de género son gestionados por entidades externas, la mayoría de ellas entidades sin ánimo de lucro, algunas religiosas y en algún caso entidades locales (es el caso del Ayuntamiento de Ávila y de la Diputación de Segovia), señala. «Algunas de estas entidades están especializadas en intervención en violencia de género gracias a sus profesionales, otras no tanto», precisa.

Según Podemos, lo que es común a todas ellas es la precariedad económica y de gestión, y la falta de una planificación integral sobre los recursos habitacionales para víctimas de violencia de género de forma centralizada. A ello añade que cuentan con los mismos presupuestos y las mismas dotaciones materiales e instalaciones.

También, señala la imposibilidad de contratar personas en cada ámbito especializadas en la intervención, para «una gestión a base de parches y sin planificación a largo plazo por parte de la Consejería». «Estos recursos no pueden atender de la forma adecuada a las mujeres y menores que lo necesitan», concluye.