Las peticiones de venezolanos que buscan amparo en la comunidad se duplican

No son los de Venezuela los ciudadanos extranjeros que lideran el listado de los inmigrantes que han escogido Castilla y León para vivir, pero sí que el colectivo va en aumento frente al retroceso registrado el pasado año, principalmente, en el número de ciudadanos de otras nacionalidades comunitarias que predominan en la comunidad, como búlgaros y rumanos. La cada vez más incierta situación en el país latinoamericano está produciendo un goteo constante de peticiones por parte de ciudadanos venezolanos, muchos de los cuales aprovechan el vínculo con 'la madre patria' que se remonta a los bisabuelos, abuelos y padres españoles que emigraron en varias oleadas, desde el siglo XIX hasta mediados del siglo XX, en busca de una oportunidad, dejando atrás la guerra y la miseria. Tanto es así que la comunidad castellana y leonesa en Venezuela sigue siendo, después de la colonia radicada en Argentina, una de las más numerosas de América Latina. Ahora, en sentido inverso, el incremento de peticiones de venezolanos para residir en España por motivos de seguridad, buscando protección, se está detectando especialmente desde el pasado mes de abril. Es muy significativo, destacan las mismas fuentes, el incremento registrado en provincias como la de Soria, en la que en el primer semestre de 2017 tan solo se contabilizaron 12 peticiones, mientras que en el primer semestre de este año en curso fueron 35.

Más de un millar de venezolanos, exactamente 1.014, residen en la actualidad en Castilla León. Unos tienen formalizada dicha residencia en la comunidad a través del régimen de libre circulación de la Unión Europea (602) y otros en régimen general (412), según figura en los datos del registro administrativo, correspondientes a 31 de diciembre de 2017, que realiza el Observatorio Permanente de la Inmigración a partir de ficheros del Registro Central de Extranjeros, gestionado la Dirección General de la Policía.

Por provincias, León (253), Valladolid (214) y Salamanca (172) son las provincias de la comunidad que tienen comunidades venezolanas con mayor peso y las más organizadas y combativas contra el régimen de Maduro. Sus asociaciones están perfeccionando los canales para ayudar (con dinero, medicinas, ropa, trámites...) a sus familias y compatriotas que resisten al otro lado del charco y, a falta de sedes sociales en algunos casos, las redes sociales son su instrumento.

El pasado mes de agosto celebró su primer año de vida la Asociación de Venezolanos en Salamanca (Avesa), una de las más activas. La organización, según consta en sus estatutos, «nació con la vocación de ayudar al pueblo venezolano» y es la correa de transmisión para canalizar todas las acciones de apoyo hacia el país caribeño. Las ayudas, principalmente, consisten en envíos periódicos de medicamentos y alimentos, pero la asociación también sirve para visibilizar y denunciar lo que ocurre en el régimen de Maduro, indicó el presidente de la junta directiva de Avesa, Pedro Adolfo Morales Vera. Aunque la cifra oficial de venezolanos en Salamanca, según el Observatorio Permanente de la Inmigración, es de 172 personas, Morales señala que habría más compatriotas suyos en la provincia, y calcula que son en torno a 500.

Está a punto de viajar a Venezuela y para eso está recogiendo medicinas y todo tipo de ayuda. El presidente de la junta directiva de la asociación de venezolanos radicada en Salamanca, de reciente creación, puntualiza que él es español, pero que su familia paterna es venezolana, de manera que disfruta de la doble nacionalidad. Indica que algunas de las personas a las que la asociación respalda son estudiantes que vienen desde Venezuela a matricularse en la Universidad de Salamanca, a quienes se les ayuda «con los papeles para poder quedarse». Pero también tratan de paliar las necesidades más básicas también. «Lo primero que notan es el frío, no vienen preparados y les proporcionamos ropa de abrigo», señala Morales. Y alimentos que les entregan Cáritas y Cruz Roja.

La asociación organiza conferencias y otros actos que persiguen «dar a conocer aquí lo que ocurre, porque la gente no sabe lo que pasa, muchas veces les malinforman. Venezuela fue un país muy rico, recogió a muchos españoles hasta los años ochenta del pasado siglo y ahora no hay ni efectivo», se lamenta.

En León, el pasado año pasaron por Extranjería más de 700 venezolanos, aunque a fecha de 1 de enero de 2018 tienen registrada su residencia 253. Organizaciones como Accem, que trabajan con inmigrantes, les ayudan a integrarse. Una de sus reivindicaciones, que ha llegado hasta el Defensor del Pueblo, es que el Gobierno español intente ayudar a solucionar la situación de especial vulnerabilidad en la que se encuentran muchos residentes que llevan desde enero de 2016 sin cobrar las pensiones que generaron en Venezuela. La mayoría de estas personas carecen de otros recursos.

Afincada en León y portavoz de Venezolanos en Resistencia, la abogada Patricia Carrera protagonizó el pasado año una marcha desde León a Madrid para entregar 13.000 firmas en la sede española del Parlamento Europeo. Esta pasada semana viajó hasta Bruselas para entregar a la comisión más de 67.000 y exigir la intervención de la ONU, la Corte Penal Internacional y la Organización de Estados Americanos (OEA) en su país.

«Somos los ciudadanos quienes hacemos los Estados y estos no pueden estar por encima de los derechos humanos, hay que parar el genocido», argumenta esta activista, que tuvo que abandonar Venezuela, junto con su marido hace siete años. «Mientras menos nos involucremos más vamos a tener que ver cómo les lesiona los derechos al mundo. Creo que a estas alturas no debemos ser indiferentes», indicó Carrera en conversación telefónica desde Bruselas, a punto de coger el avión después de tener una intervención en el Parlamento Europeo.

Ante la situación de su país, insiste, no cabe pasividad. Por ello, Patricia Carrera se muestra confiada en que sean muchos los ciudadanos que se involucren y entiendan que «la empatía tiene que ver justamente con entender la violación flagrante y sistemática de los derechos humanos que se está viviendo en mi país, sin darle un matiz político, sino el matiz de los ciudadanos del mundo».

Un peregrinaje que ha iniciado junto a Pilar, una joven leonesa con la que ha llegado a Mansilla de las Mulas, su primera parada de las 16 etapas en las que estará acompañada por diferentes compatriotas residentes en España y Europa que, como ella, buscan elevar la voz silenciada de una Venezuela que exige justicia.

Con respecto a la acogida de sus compatriotas en Castilla y León, indicó que debe hacerle «un reconocimiento a la comunidad entera por la acogida de la gente, la empatía, que es espectacular», aunque reconoce las dificultades laborales.