Atención Primaria es la puerta de entrada en la sanidad.

El peso del gasto sanitario en Atención Primaria cae dos puntos y se sitúa en 234 euros por habitante

El número de tarjetas sanitarias por profesional en Medicina de Familia se contrae un 13% en ocho años, al pasar este índice de 931 a 918

ical

León

Lunes, 22 de junio 2020, 10:35

El peso del gasto sanitario en la Atención Primaria cayó en Castilla y León en dos puntos porcentuales en 2017 sobre el total de todos los fondos destinados a la sanidad.

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Esto supone que en ese ejercicio se destinó a esta pata el 15,52 ... por ciento del gasto, frente al 17,42 de 2010. En España, el comportamiento supuso una disminución del 1,38 puntos en este sentido, una disminución que se ha mantenido posteriormente, según los presupuestos aprobados por las comunidades autónoma y según explicó la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública en su informe sobre la Atención Primaria en las Comunidades Autónomas.

Este decrecimiento ha sido más acusado en Baleares, Andalucía, Cataluña y Madrid. En Castilla y León, el gasto por habitante y año en 2017 fue de 234,05 euros, frente a 237,02 de 2010. En la media nacional también ha bajado este índice, 2,5 euros por año y habitante, al pasar de 199,98 a 197,47.

Por su parte, el «recorte» en recursos humanos, tal y como lo define esta asociación, es «importante» en España, pero en este caso con mayor diferencia entre territorios. Así el número de tarjetas sanitarias individuales (TSI) por profesional de Medicina de Familia globalmente disminuyó entre 2010 y 2018 en 38 TSI. En Castilla y León lo hizo en 13 menos, al pasar de 931 a 918 en los siete años de estudio. Igualmente, se incrementó en 102 en Baleares, 55 en La Rioja y 30 en Madrid.

En cuanto a enfermería, disminuyo en 97 TSI en el conjunto del país y 45 en Castilla y León; y en pediatra, 35 menos en España de media y 35 en la Comunidad.

Por su parte, el número de consultas anuales bajó en 2018 respecto a 2010 en medicina de familia (8,55 por ciento) y en pediatría (6,09 por ciento), en términos nacionales, mientras que en Castilla y León lo hizo un 19,9 por ciento y un 10,9, respectivamente, algo que puede deberse, según el informe, al aumento de las demoras en las citas, constatadas en el Barómetro Sanitario.

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Las visitas por mil personas asignadas presentan gran dispersión (entre 12.665 de Valencia hasta 5.764 del País Vasco, promedio de 8.954) que «no parecen justificarse ni por los problemas de salud de la población ni por su tasa de envejecimiento». En Castilla y León asciende a 11.040,95.

Por último, el consumo de medicamentos por persona (en dosis diarias definidas por cada mil) tiene una variabilidad excesiva por territorios. La cifra se sitúa en 1.628,83 en la Comunidad, frente a a 8.954,15 de media nacional.

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Recomendaciones

Entre las recomendaciones de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública se encuentran la petición de un incremento «notable» de los presupuestos sanitarios para la Atención Primaria. Una cifra que estima razonable es en torno al 20 por ciento del presupuesto sanitario público. Por ello, aboga por un plan presupuestario para alcanzarla progresivamente.

También piden la disminución de la presión asistencial, con un máximo de 1.300 tarjetas sanitarias para profesionales médicos y de enfermería y de mil para pediatría. Entre otras, demandan la convocatoria de todas las plazas MIR; recuperar las actividades de promoción y prevención, así como la visita domiciliaria y la atención comunitaria; aumentar de manera significativa la capacidad de resolución de la Atención Primaria; y mejorar los protocolos de utilización de medicamentos.

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Además, reclaman áreas sanitarias como «espacio físico poblacional donde planificar y asignar recursos y coordinar la actividad de los dos niveles asistenciales en función de las características y necesidades de la población»; mejorar los mecanismos de coordinación; dar más protagonismo a la Atención Primaria en el abordaje de los determinantes de salud, de la salud medioambiental y de la salud laboral; y mayor transparencia en la información.

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