El Parlamento Europeo pide un informe sobre la situación del Diálogo Social en Castilla y León

Los secretarios generales de CCOO y UGT de Castilla y León, Vicente Andrés y Faustino Temprano, denunciaron este martes en el Comité de Peticiones del Parlamento Europeo el bloqueo que sufre el proceso de concertación en la comunidad, desde la llegada de Vox al Ejecutivo.

En su turno, la representante del departamento de Trabajo de la Comisión Europea, Diana Crumpana, se limitó a recordar que no se pueden incumplir las directivas relativas al Diálogo Social de la Unión Europea ni de las administraciones estatales y regionales, pero no concretó si en este caso concreto se estaba respetando o no.

Por su parte, la jefa de la Oficina de la Delegación Permanente de Castilla y León en la Unión Europea, Clara San Damián, recordó que Castilla y León cuenta con un bagaje de casi 30 años de acuerdos entre patronal, sindicatos y Junta en el marco del Diálogo Social, lo que convierte a la comunidad en «una referencia en España».

Por otro lado, el secretario general de la Consejería de Industria, Comercio y Empleo de Castilla y León, Alberto Díaz, criticó ante Ical que los «sindicatos no hayan presentado la queja por el supuesto incumplimiento social, sino por recuperar las subvenciones y financiar sus fiestas».

Vicente Andrés lamentó que desde la llegada de la «extrema derecha» en el Ejecutivo se haya «quebrado» el Diálogo Social que los sindicatos llegan «concertando y negociando durante los últimos 30 años con las patronales y los gobiernos del PP». Temprano destacó que en Castilla y León «hay dos modelos», el que representan los sindicatos y el de Vox, que son «absolutamente distintos» y cargó contra el partido de Santiago Abascal porque «ha roto el esquema del Diálogo Social».

El dirigente de CCOO defendió que durante estas tres décadas se cerraron «más de 100 acuerdos» y que «la misma Unidad Internacional de los Trabajadores (UIT) reconocía» que el modelo de Diálogo Social de Castilla y León era «muy potente». «Se han acabado estos 30 años idílicos de prosperidad social y económica», añadió Andrés en declaraciones en el Comité de Peticiones recogidas por Ical desde Bruselas.

Andrés denunció que desde Vox «insultan, difaman y calumnian» contra los sindicatos «a base de bulos y mentiras», y les acusan de «robar permanentemente» además de exigirles que lo devuelvan. Ante esto, recordó, han acudido a los tribunales y a los organismos internacionales que están recociendo sus derechos.

En la misma línea, el secretario general de UGT cualificó de «vanguardista» el modelo de Diálogo Social de Castilla y León, y acusó al consejero de Industria, Comercio y Empleo de la Junta, Mariano Veganzones, de «incumplir» la legalidad autonómica que hace referencia al Diálogo Social.

Sin embargo, Temprano insistió en que el Gobierno regional desde el ala de Vox «va en contra de los sindicatos de clase, de las libertades y la democracia» y garantizó que les «van a tener en frente siempre» y seguirán en la calle «denuncia tras denuncia» porque el «populismo» no mermará sus demandas.

La jefa de la Oficina de la Delegación Permanente de Castilla y León en la Unión Europea, Clara San Damián, insistió en que en Castilla y León «tenemos más de cien acuerdos exitosos, muchos de ellos aprobados por unanimidad», defendió ante la Comisión, donde reivindicó el «excelente trabajo» realizado no solo en ese periodo temporal, sino también en los dos últimos años, tras la entrada de Vox en el Gobierno autonómico, cuando solo el año pasado se produjeron 12 comités ejecutivos del Diálogo Social y, en lo que va de 2024, siete.

«Somos la autonomía pionera, a nivel nacional, en la implementación del Diálogo Social en nuestras políticas, y cuestionar esto podría romper con el trabajo realizado durante muchos años entre el Gobierno, la patronal y los sindicatos», defendió, para a continuación reivindicar el seguimiento «escrupuloso» de la ley por parte de la Junta al respecto.

En cuanto al Serla, defendió que Castilla y León cuenta en cada provincia con «una oficina para el arbitrio, la mediación y la conciliación» y que el Servicio de Relaciones Laborales contará para este año con 400.000 euros, bajo la perspectiva de que «el dinero público debe servir para el servicio público» y que «eso lo cumple Castilla y León».

Por otro lado, el secretario general de la Consejería de Industria, Comercio y Empleo de Castilla y León, Alberto Díaz, criticó ante Ical que los sindicatos solo quieren «recuperar las subvenciones y financiar sus fiestas». En este sentido, desde la sede del Parlamento Europeo de Bruselas, el representante Vox aseguró que durante los dos últimos años antes de que su partido entrara en la Junta se destinaron unos 50 millones de euros en subvenciones para los sindicatos y desde el 2018 unos 150 millones de euros. «Estos son los números», insistió Díaz Pico.

En la misma línea, el secretario general de la Junta argumentó que desde que Vox está en el Ejecutivo se han celebrado «50 mesas de negociaciones del Diálogo Social», 29 de las cuales se realizaron en la propia consejería de Industria, Comercio y Empleo. «Consideramos que no hay ningún incumplimiento del diálogo social», concluyó el representante de Vox.

En cambio, Díaz Pico criticó al Gobierno de Pedro Sánchez por sus supuestos «incumplimientos del Diálogo Social» al aprobar una subida del salario mínimo interprofesional «sin el consenso de los sindicatos y los empresarios», «desoyendo a la directiva europea en materias de salarios mínimos legales». «Tampoco ha respetado el diálogo social con la reforma del estatuto del becario ni de las reformas de las pensiones, justo después de regar con 17 millones de euros a los sindicatos», añadió el secretario general de Industria, Comercio y Empleo.