El Pacto por la Sanidad que pide la Junta exige aumentar en 500 millones el presupuesto de la región

El Pacto por la Calidad y Sostenibilidad de la Sanidad Pública de Castilla y León, aún en formato de borrador –que ya ha encontrado todo el rechazo de los partidos de la oposición– es un documento elaborado por la Consejería de Sanidad como punto de partida de un trabajo que propone sea común y que espera alegaciones y participación para lograr un consenso que blinde la posibilidad de utilizar la Sanidad como arma arrojadiza. Recorre los diferentes ámbitos asistenciales y analiza la dotación de personal y recursos para establecer, punto a punto, que la situación cuantitativa de Castilla y León no es especialmente mala en una comparativa nacional y según criterios establecidos y que el problema radica en una falta de eficiencia en el aprovechamiento de la dotación. Repasa y repasa cifras para concluir que, a pesar de todas ellas, «tenemos un problema grave diario de recursos humanos tanto en Atención Primaria como en la hospitalaria» y añade que la época del año, las jubilaciones, los descansos y ausencias han creado tal situación.

Así, concluye que «podemos decir que ha habido un claro problema de planificación prospectiva de recursos humanos y, en algunos casos, una organización deficitaria de nuestros efectivos». Para los profesionales no concreta si habrá ampliación de plantillas; solo apela al mantenimiento de una «adecuada» dotación del personal; estabilizar el trabajo con concursos de traslados y oposiciones; agilizar las bolsas de empleo temporal o mejorar la oferta del Mir. Sí apunta a reorientar los incentivos para lograr cubrir las plazas de difícil cobertura con aspectos no solo económicos sino también profesionales, pero no aclara detalles sobre esas anunciadas garantías de médicos suficientes, no habla de nuevos contratos. Tampoco de renovar los eventuales.

También prevé prolongar la edad de jubilación –con control de la capacidad profesional para ejercer– dadas las previsiones de más de dos mil jubilaciones en los próximos cinco años. Hasta la fecha, en Atención Primaria se prolonga hasta los 70 años a todos los que lo solicitan.

Impulsar, fomentar, promover, potenciar, garantizar... son los verbos que encabezan cada propuesta que, en general, parten de programas y planes ya establecidos y anuncia un mayor desarrollo de los mismos pero sin concreciones en este documento, que van desde los de cribado de cáncer o reducción de las listas de espera en consultas y pruebas de diagnóstico al 'desarrollar' la profesión enfermera, el autocuidado, la investigación, 'mejorar' la prestación farmacéutica o el uso eficiente de los recursos... El borrador es muy genérico –algo habitual en este tipo de documentos que marcan más objetivos que caminos– y apenas concreta las apuestas –se presuponen en un programa de gobierno para obtener tales mejorías–, salvo en financiación. En este apartado sí especifica que los Presupuestos Generales de la Comunidad deberían destinar un 7% del Producto Interior Bruto (PIB) a la asistencia y a la Salud Pública. Es decir, 4.054 de un PIB de 57.926 millones de euros (datos de 2018) frente al actual porcentaje del 6,5%. Medio punto más que se traduce en unos 500 millones de euros más.

El presupuesto sanitario de Castilla y León de 2018 (el que aún sigue en vigor) es de 3.597.144 euros. El pacto también busca preservar un 20% del presupuesto sanitario para la Atención Primaria, como «eje central del sistema sanitario de Castilla y León», un nivel asistencial con marcado protagonismo en todo el documento como puerta de entrada y con alta capacidad resolutiva. Una demanda que propone tras la de defender ante el Estado la «necesidad de garantizar una financiación suficiente». Actualmente es el 16,3% del gasto sanitario el que está destinado a los centros de salud y consultorios, frente a un 13,4% de media nacional; pero parece congelado.

El borrador, aún pendiente de alegaciones y desarrollo, analiza sector a sector y reclama un impulso para el departamento de Salud Pública como una apuesta que contiene la llegada de pacientes al sistema asistencial con políticas de prevención desde la vacunación a la seguridad alimentaria.

En cuanto a la AtenciónPrimaria, propone diseñar un nuevo modelo que aumente la dotación técnica de los centros de salud para aumentar su capacidad de resolución y que «desburocratice» las consultas para otorgar más tiempo a los profesionales. No apunta los cómo. También incluye mejorar la accesibilidad en las zonas rurales, algo necesario para desarrollar el proyecto de asistencia en estas zonas con el nuevo y polémico plan que crea centros de agrupación, los CRA, para dar respuesta a los pueblos. Así, en colaboración con la Consejería de Fomento, sugiere mejorar el transporte a la demanda y la red de comunicación telemática.

También Especializada tiene su espacio en el futuro pacto con propuestas como la libre elección de médico o la reducción de listas de espera. Además contempla un plan integral de atención de urgencias y emergencias y mejoras asistenciales cuando requieren la colaboración en zonas limítrofes con otras comunidades. Con la finalidad reiterada de mejorar los datos de salud, repasa también este borrador que reclama el apoyo de fuerzas políticas y sociales, sugiere también reorientar la atención hacia los pacientes crónicos y pluripatológicos con nuevos modelos, aunque no especifica en qué líneas de trabajo.

Otras propuestas incluyen una redefinición de las carteras de servicio tanto de los centros de salud como de los hospitales, con «nuevos servicios de promoción de la salud y prevención de la enfermedad como la fisioterapia, la salud bucodental infantil o de personas con discapacidad y el de Especializada «desglosada en prestaciones o procedimientos y tecnologías sanitarias por cada una de las especialidades y en función del tipo de hospital». Las alianzas estratégicas entre hospitales también figuran en este informe en busca de que colaboren en determinades unidades o técnicas, junto a las consultas de alta resolución, unidades de diagnóstico rápido y las consultas no presenciales.

Para lograr la sostenibilidad del sistema, la Consejería de Sanidad propone promover una utilización más eficiente de los recursos disponibles; mejorar el rendimiento de las unidades y servicios con una evaluación de su idoneidad y la adecuación de prescripciones farmacéuticas.

El documento de la Consejería de Sanidad, en manos del partido Ciudadanos, no olvida el capítulo de Transparencia y Buen Gobierno que prevé habilitar una comparecencia anual de los gerentes de Atención Primaria y de Especializada ante las Cortes para rendir explicaciones de sus responsabilidades, además de la creación en el Parlamento Autonómico de una Comisión Permanente no legislativa de seguimiento y evaluación de los acuerdos.