Ortega Álvarez defiende los protocolos sanitarios para la grabación de 'Prodigios' e ironiza sobre la posibilidad de grabar 'La Tuerca'

El procurador socialista José Ignacio Martín Benito acusó a la Consejería de Cultura de gastar 428.000 en la grabación del programa, en plena tercera ola de la pandemia, y recordó que, según se estima, unas 30 participantes se contagiaron por COVID. Asimismo, aseguró que es «vergonzoso» que la Consejería pagará 5.900 euros a la productora para que hable «bien de la Junta y le hiciera publicidad«, mientras que la imagen del sector cultural de la Comunidad »se tira por tierra, al igual que el trabajo que han hecho los ayuntamientos por lograr centros culturales seguros«.

Al mismo, tiempo exigió la dimisión o cese del director de la Fundación Siglo, ya que conminó a los empleados a firmar un documento para acreditar que la grabación se había realizado conforme a la normativa sanitaria vigente para paliar el COVID-19. «Exigió que firmarán un documento para que dijeran que apoyaban las medidas seguras adoptadas y les llegó a amenazar con despidos».

Es por ello, que exigió a Javier Ortega Álvarez a destituir al director, ya que de lo contrario el PSOE exigirá la suya por ser cómplice de la coacción.

Javier Ortega defendió que la Consejería de Sanidad no puso en peligro la salud de nadie, y aclaró que los dos contagios índices se detectados por un cribado previo. Asimismo, manifestó que la grabación estaba permitido por la ley tal y como ocurre con el rodaje en platós, y aclaró que lo que no estaba permitido era la entrada de público y la actividad en los centros culturales.

Asimismo, defendió el formato del programa un concurso de talentos de una televisión pública con 1,5 millones de espectadores y un impacto económico de seis millones de impacto económico, y aclaró que se firmó un contrato en exclusiva de 428.000 euros con la productora al que se podía acceder porque estaba en una Plataforma del Estado y por lo tanto era público.

«No es cierto que la grabación haya supuesto un dispendio ni un gasto injustificado y como historiador debería saber que no se deben utilizar datos descontextualizados para explicar una cuestión. Nadie ni en la Consejería ni la Fundación ha conminado a firmar documentos», defendió.