La oposición plantea cuatro escenarios para recuperar la gestión pública del Hospital de Burgos

En el informe conjunto de conclusiones, la oposición parlamentaria en las Cortes de Castilla y León apunta cuatro posibles vías para recuperar la gestión del HUBU, cuya concesión de explotación privada expira en 2036. La primera pasa por la recuperación del centro con una rescisión de contrato unilateral por parte de la administración, «algo que, en principio, tendría consecuencias duras y costosas para Sacyl y las arcas públicas», avisan los cuatro partidos en sus conclusiones. En segundo lugar, se plantea una «renegociación parcial del contrato de aquellos elementos más lesivos para las cuentas públicas», como son la fórmula de retribución o el pago del canon anual entre otras. La tercera opción pasa por la compra del capital social, un «planteamiento novedoso» que planteó el presidente de la Asociación para la Defensa de la Sanidad, Marciano Sánchez Bayle, durante las sesiones de la comisión de investigación. Por último, la recuperación de la gestión pública del HUBU podría llegar a través de un análisis del contrato y una auditoría del edificio que evidencie incumplimientos y mala gestión por parte de la empresa. Esta sería «una recuperación del HUBU no unilateral y beneficiosa para la administración», según el escrito de los grupos de oposición.

Para Luis Briones, procurador del Grupo Socialista, existen «actuaciones que pueden ir más allá de lo irregular», en referencia a la posibilidad de acudir a los tribunales por la gestión de todo el proceso. «Consideramos que puede haber materia ilícita, pero es un asunto que no hemos estudiado los grupos. Queremos que se mantenga la unidad de la oposición y adoptaríamos la decisión si todos estuviéramos de acuerdo. A nosotros, al grupo Socialista, sí nos parece que podemos estar ante actuaciones con algún tipo de ilícito penal».

Durante la rueda de prensa conjunta, Laura Domínguez, procuradora de Podemos, ha recordado que el PP «se ha quedado solo» defendiendo el actual modelo de colaboración pública-privada. «Es nefasto para la sanidad pública. Aquí se inicia el camino para la recuperación del hospital, pero no a cualquier precio ni volviendo a llenar de dinero los bolsillos de Eficanza, la empresa concesionaria. Sacyl tiene que asumir la responsabilidad de haber dejado en manos de una empresa privada un hospital público. Juan Vicente Herrera y Pilar del Olmo, que han estado en todo el proceso, tienen que asumir unas responsabilidades políticas porque son ellos los que han avalado este proceso de gestión. La recuperación es el camino para que la sanidad pública funcione de la mejor manera para los ciudadanos y las ciudadanas».

Para Manuel Mitadiel, procurador de Ciudadanos, «el modelo ha sido gravemente perjudicial para el erario público». «No solo por el modelo, sino por la gestión que se ha hecho de él. Un incremento del presupuesto de ejecución material, es decir de ladrillos y cemento, de 10 millones se transforma en 133 millones y medio. Estimamos, además, que en el primer reequilibrio se registró un sobrecoste de 37 millones sin incluir IVA. En total, el lucro cesante nos ha costado 90 millones de euros. La comisión ha puesto en evidencia que había un conjunto de empresas que se planteaban hacer negocio sin exponer capital y lo lograron con la colaboración de la administración. El único riesgo en este momento lo está corriendo la administración, que nos ha embarcado en un contrato hasta 2036».

José Sarrión, procurador de Izquierda Unida, ha denunciado, como también han hecho otros grupos de la oposición, el «esfuerzo permanente del PP por boicotear y maniatar la comisión de investigación». «Los comparecientes que proponía el PP fueron aprobados al cien por cien y no así los de la oposición. Hemos tenido también problemas con la documentación, como la falta de ciertos planos hasta última hora. No se nos ha facilitado copia digital de los planos y hemos tenido que trabajar sobre originales, tres arcones con una veintena de tomos, y tuvimos que hacerlo 'in situ'. El modelo de este hospital ha sido un coladero de dinero público, con una opacidad permanente por parte de la administración y que ha permitido que Juan Vicente Herrera haya salvado a Méndez Pozo de la crisis del ladrillo Lo que ha hecho el PP es salvar a sus empresarios amigos».

En un informe paralelo que defiende el modelo del HUBU, el Partido Popular ha apuntado la posibilidad de «un rescate parcial de aquellos elementos concesionados cuya gestión esté planteando más dificultades interpretativas o cuya recuperación presente un balance más favorable en términos de coste diferencial y mejora asistencial». Laura Domínguez (Podemos) considera que se trata de «un intento de rescate porque seguramente la empresa concesionaria no sea solvente». «¿A qué precio se van a hacer esas recuperaciones? Otra vez la administración sale al rescate».

«No vamos a caer en trampas envenenadas del PP», ha advertido la socialista Mercedes Martín. «El contrato es una trampa, pero el modificado del equipamiento es clave en el sobrecoste de todo el proceso del Hospital de Burgos. Ahora, cuando hay que renovar el equipamiento, quieren colocar una vez más un gran agujero de dinero a la administración pública».

Para Manuel Mitadiel (Ciudadanos), este asunto es «el único riesgo real que tiene la concesionaria de aquí al final del contrato». «Si se va a rescatar esta parte, hay que ver en qué condiciones se modifica el contrato y qué obtiene la administración a cambio. No puede ser 'gratis et amore'».

Los grupos de la oposición denuncian en su informe sobre la gestión del HUBU cómo los «modificados, reequilibrios y repetidos sobrecostes» han incrementado el canon que tiene que pagar la Junta en 657 millones de euros en su precio final y cómo las ventajas teóricas del modelo acaban desmentidas por la realidad ante las operaciones de rescate de la administración, en un contrato «opaco» y con «un coste mucho mayor».