La oposición denuncia que la pandemia ha demostrado las carencias de los Servicios Sociales y Blanco responde que son los «mejores» de España

Con motivo de la intervención de la consejera en la comisión de Familia en las Cortes, para exponer un balance de legislatura, la oposición también centró las críticas en la gestión de las residencias de personas mayores durante la crisis sanitaria, lo que puso en evidencia el sistema de atención residencial en la Comunidad y que dudó se vaya a mejorar con la futura ley que ahora se tramita.

La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Comisión de Familias, Isabel Gonzalo, aseguró que contar con Servicios Sociales públicos «fuertes» es la garantía para que nadie se quede atrás y que cuando llegue una situación extrema no sean las personas más vulnerables los más afectados. «Tener unos Servicios Sociales públicos fuertes significa que podemos garantizar los recursos más elementales para una vida digna por que serán considerados como derechos objetivos de las personas», añadió. Y es que reconoció que la pandemia del COVID ha supuesto un tiempo «muy duro», en que las ayudas sociales han sido más necesarias que «nunca».

En el mismo sentido, se pronunció Laura Domínguez, de Podemos, quien denunció que los Servicios Sociales de la Comunidad no han sido capaces de abordar una situación «excepcional» como ha ocurrido durante la pandemia del coronavirus. «Se han visto las costuras tanto en la Sanidad como en los Servicios Sociales», subrayó. Y todo ello por que, a su juicio, el sistema social diseñado por la Junta se basa en el voluntariado y las privatizaciones. Puso los ejemplos de la falta de personal para atender los bancos de alimentos durante la primera ola de la pandemia, la incapacidad de los Centros de Acción Social (CEAS) de los ayuntamientos para hacer frente a la avalancha de peticiones de ayudas de emergencia y el «desastre absoluto» de la ayuda a domicilio.

Blanco reiteró que la gestión de la Consejería se centró en la pandemia pero sin olvidar los otros programas, tal y como queda demostrado en que, en el ecuador de la legislatura, se han cumplido el 83 por ciento de los compromisos marcados al inicio del mandato. «Los Servicios Sociales no han sido solamente el COVID y los centros residenciales», espetó. Eso sí, reconoció «ciertos» retrasos en actuaciones, leyes y planes estratégicos como los de discapacidad y envejecimiento aunque están en tramitación.

Isabel Gonzalo recordó, según las declaraciones recogidas por la Agencia Ical, las denuncias del PSOE con el sistema residencial existente en Castilla y León como las ratios de personal y la falta de inspecciones y de inspectores. «Cuantas veces nos hemos quejado y nunca, nunca nos hicieron caso. Señora consejera, de esos barros vienen estos lodos», precisó. De ahí que señalara la petición del Partido Socialista para la puesta en marcha una comisión de investigación en las Cortes para conocer los «fallos» y los «errores» que hay en el sistema, algo a lo que se negó el Partido Popular y que, ahora, trata de retrasar al no presentar los nombres que deberán pasar por el Parlamento autonómico. «Si siguen poniendo piedras en el camino, al final, vamos a pensar que tienen algo que ocultar», aseveró.

La portavoz del Grupo Mixto en la Comisión de Familia consideró que el anteproyecto de la futura ley de atención residencia les «preocupa» al creer que no servirá para afrontar una situación como la vivida durante la pandemia. Y es que manifestó que las «grandes carencias» previas del sistema residencial de Castilla y León siguen estando e incluso se pueden empeorar.

Domínguez cargó contra el aumento de las prestaciones vinculadas pese a que la Junta las califica como la «panacea» por que permite cubrir a más gente y llegar a más servicio, sin olvidar la libertad de elección de las familias. «Es una privatización encubierta por que los servicios se dejan de prestar por parte de los ayuntamientos y diputaciones», declaró.

Gonzalo añadió que el PSOE ha reclamado modificaciones en las actuaciones de la Consejería de Familia de forma «continua» y «reiterada». «Hemos presentado un sinfín de iniciativas parlamentarias para corregir los puntos débiles de este sistema y, una vez tras otras, nos las han echado para atrás», precisó. La portavoz socialista criticó que la consejera destacara que la Junta había garantizado el pago de las ayudas y las prestaciones de los Servicios Sociales, pese a la situación de pandemia. «Para colmo que no se hubiera abona la Renta Garantizada de Ciudadanía, la dependencia y las pensiones contributivas a los castellanos y leoneses. Es lo normal y no algo a destacar», significó. Por último, acusó al Ejecutivo autonómico de llevar dos legislaturas sin aprobar planes de juventud, por lo que ha incumplido la ley que redactó el PP.

Por su parte, la procuradora de la formación morada denunció que la nueva Ley de Atención a las Víctimas de Violencia de Género recoge más tipos de denuncias en la teoría pero, en la práctica, solo se atenderán a las de violencia sexual y las que sufren maltratos en el ámbito de la pareja.

La portavoz de Ciudadanos (Cs) en la Comisión de Familia, Alba Bermejo, valoró la buena actuación del equipo de la Consejería que no sólo ha hecho frente al «elemento central» que ha supuesto la pandemia si no que ha logrado cumplir con la mayor parte de los compromisos recogidos en el Pacto de Gobierno entre el PP y su partido. «Los castellanos y leoneses sabrán apreciar y valorar esta gestión, junto a la dedicación y entrega a los intereses generales. Sois un ejemplo de la exigencia por vuestro trabajo en el peor momento de nuestra historia», apuntó.

Bermejo valoró, según Ical, los avances logrados con la Ley del Tercer Sector y la modificación de la Ley del Voluntariado y mencionó algunos de los «puntos» pendientes como el proyecto de ley sobre derechos y garantías del final de la vida y la ley para garantizar la igualdad de trato y la no discriminación por razón de orientación social y de identidad de género de personas homosexuales, bisexuales, transexuales, transgénero e intersexuales.

Miguel Ángel Nieto, por parte del Grupo Parlamentario Popular, felicitó a la consejera de Familia por haber cumplido ya con más del 83 por ciento de los compromisos marcados hace dos años. «Habéis logrado atender lo urgente sin desatender lo importante y sin paralizar la acción diaria de atención a los más necesitados», afirmó.

Valoró que el Acuerdo Marco de Servicios Sociales, firmado con las corporaciones locales, goza de buena salud y sigue creciendo, gracias al incremento de los fondos a los ayuntamientos. No en vano, precisó que la colaboración interadministrativa es una buena manera de prestar los servicios públicos. También agradeció a todos los profesionales de la Gerencia de Servicios Sociales y el resto de los trabajadores sociosanitarios para «paliar» los efectos de la pandemia en las personas de las residencias. «El virus hizo estragos pero, gracias a sus políticas valientes e ingeniosas, se han salvado muchas vidas y se ha logrado sacar a muchas personas en situación muy extrema», añadió. Fue entonces cuando reiteró la necesidad de que el Gobierno de la Nación apruebe una ley de pandemia, que permita a las comunidades autónomas actual con «rapidez» y «seguridad».

Isabel Blanco también demandó una ley de pandemia, que es algo que no solo reclama el Partido Popular si no también el Tribunal Superior de Justicia, el Consejo de Estado, algunos presidentes de comunidades gobernadas por el PSOE y profesionales. «Es algo que hubiéramos necesitado hace muchos meses y ahora, como por ejemplo, para plantear la vacunación obligatoria contra el COVID para el personal sanitario y sociosanitario», afirmó.

Nieto concluyó en que se podría haber hecho «más y mejor» pero subrayó que la consejera puede estar «razonablemente satisfecha» de los logros y resultados obtenidos.