La oposición denuncia falta de respeto al Procurador por no cumplir con sus propuestas

En el pleno del Procurador del Común, celebrado en el Colegio Arzobispo Fonseca de Salamanca, que sirvió de marco para que los portavoces de todos los grupos tuvieran palabras solemnes para la ciudad charra, su universidad y la historia de Castilla y León, Javier Amoedo, que se encuentra en funciones desde abril de 2016, recibió el respaldo de todos los grupos a su gestión, pero afirmó «no entender las palabras de un alcalde» ante una resolución «sencilla», en referencia al socialista Óscar Puente.

«Quiero reconocer el trabajo del señor Amoedo y de los trabajadores que prestan sus servicios en la institución, cumplen fielmente las obligaciones de su cargo y de una institución que es la conciencia de la Comunidad», enfatizó el portavoz socialista, Luis Tudanca, después de la polémica surgida al cuestionar el alcalde de Valladolid, Óscar Puente (PSOE), la imparcialidad del Procurador de la Comunidad ante una resolución que afectó al consistorio.

Tudanca pidió disculpas a Javier Amoedo por «haberle colocado entre todos en medio de un fuego cruzado que usted ni ha querido ni ha buscado» y subrayó que está figura no está al servicio de los partidos políticos sino de los ciudadanos y «no debe ser utilizado como ariete partidista». El socialista defendió que el respeto a esta institución está en cumplir sus resoluciones y colocó en la «lista negra» al alcalde de Palencia y presidente de la FRMP, Alfonso Polanco, y al alcalde del PP de San Juan del Molinillo (Ávila), condenado a una multa y pena de inhabilitación por un delito contra las instituciones del Estado por desobedecer los requerimientos del Procurador.

«Lo que conviene es no ser hipócrita», alertó el portavoz socialista, que apuntó al «fariseísmo» del PP por no clamar por comportamientos que afectan a responsables de su partido pero ninguno de ellos son «Pisuergas» que pasan por Valladolid. «El Procurador del Común es una institución necesaria y útil que respetamos», aseveró, para añadir que la mejor manera es renovarla cuando toca y «no bloquear su renovación, manoseándola de forma indecente».

El portavoz popular, Raúl de la Hoz, apeló a la dignidad de la política y al respeto a las resoluciones de la institución y afeó a Tudanca que comparara el caso del alcalde de Valladolid, el «único que ha insultado» al Procurador por «revelar una irregularidad» con el del alcalde de San Juan del Molinillo. «La dignidad política está relacionada con la capacidad de distinguir en momentos», afirmó en una frase que atribuyó al socialista Jesús Quijano.

Pablo Fernández (Podemos), Luis Fuentes (Ciudadanos), José Sarrión (IU) y Luis Mariano Santos (UPL) elogiaron la labor del Procurador del Común y rechazaron que se le haya acusado de no ser imparcial. «Soy respetuoso, se acepten o no las resoluciones», respondió después Amoedo en un breve turno tras haber escuchado a los portavoces.

El Procurador se defendió con la aseveración de que la critica a una resolución no puede suponer «desprestigiar a la institución y a sus asesores» y afirmó no entender las «palabras de un alcalde» ante una resolución «sencilla», a la vez que destacó la independencia y objetividad de los asesores, algo que recibió el aplauso de los asistentes.

Amoedo restó relevancia, no obstante, a esa crítica al manifestar que es «una y no tiene una gran importancia» cuando lleva en el cargo desde noviembre de 2005 y se detuvo en su estado en funciones desde el 10 de abril de 2017, para indicar, con ironía, que es «un año, un mes y seis días» no dos años como se ha publicado o que tenga 83 años cuando son 81. «Estar en funciones no es anómalo», aseveró, para recordar los cuatro años de su homólogo navarro, los mismos que estuvo el aragonés o el año del canario. «El Procurador del Común seguirá trabajando con la misma ilusión y dedicación» que en el momento en que fue nombrado, afirmó.

Servicios Sociales

En sus intervenciones, los portavoces de la oposición se refirieron al elevado número de quejas en materia de sanidad y servicios sociales, al caso de la carretera de Porto, motivo por el que Zamora ocupa este año el primer lugar en número entre las provincias, o la mina de uranio de Retortillo, después de que la Consejería de Fomento y Medio Ambiente haya rechazado la resolución del Procurador de realizar un nuevo estudio de impacto ambiental.

«El informe del Procurador habla de una Comunidad real que se encuentra muy lejos de la imaginada por algunos responsables públicos para negar la existencia de los problemas», observó Luis Tudanca, mientras que, en el mismo sentido, Pablo Fernández (Podemos) calificó de «reto y guía» las resoluciones del comisionado de los ciudadanos de la Comunidad.

Por su parte, Luis Fuentes (Ciudadanos), el único que no se refirió a la mina de Retortillo, reclamó decisiones valientes al consejero de Sanidad y lamentó que la gestión de este departamento tiene «un largo camino que recorrer para seguir mejorando». «Hace un año le pedimos que diera un paso adelante, pero sigue faltando esa valentía», se quejó.

El procurador de IU, José Sarrión, que calificó de «radiografía» de la Comunidad el informe, lamentó que la Junta «no haga caso» a la recomendación sobre la mina de uranio de Retortillo y subrayó que el Procurador pide lo mismo que su grupo que es la repetición del proyecto de impacto ambiental.

Luis Mariano Santos incidió en las resoluciones en materia de sanidad que «no la dejan en buen lugar», en que no se haya tenido en cuenta la relativa a la mina de uranio de Retortillo. Respeto la institución pero pidió mayor ejecución y pidió que no se pida venir al pleno para aplaudir.

Por su parte, Raúl de la Hoz rebatió que sólo el 11 por ciento de las quejas al Común se dirigen a la sanidad, educación y servicios sociales que absorben el 80 de los recursos de la Administración autonómica y miró a Andalucía que, en esa área, suponen el 40 por ciento o en Valencia el 60 por ciento. «Es infantil», calificó el discurso de centrarse en el aumento del número de quejas para reprobar la gestión de la Junta. «Es una burda herramienta de crítica política al Gobierno», concluyó.