La oposición demanda una ley de Memoria Histórica pero la Junta esperará a las conclusiones del grupo creado en las Cortes

El grupo de trabajo, creado hace ahora un año tras el ofrecimiento del vicepresidente y consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, durante su comparecencia en las Cortes, tiene una ‘hoja de ruta’, que pasa por mantener reuniones con todas las asociaciones -hay 20 activas en la Comunidad- para escuchar sus necesidades y propuestas y por la elaboración de unas conclusiones, que su coordinador, el socialista Álvaro Lora, espera que estén listas antes de que termine el primer semestre de 2018.

En lo que sí coinciden todos, como explicaron en declaraciones a Ical, es en que en este año se han producido avances como la modificación de la ley de Archivos y Patrimonio Documental de Castilla y León, impulsada por todos los grupos de las Cortes para reducir a la mitad los plazos para consultar distintos datos personales o como las ayudas aprobadas por la Junta para asociaciones que trabajan en la memoria histórica, así como en que se llegue al final en todo lo que se pueda.

Álvaro Lora explica que el objetivo final es la elaboración de una ley autonómica, siempre con consenso, propuesta que también respaldan Natalia del Barrio (Podemos) y José Ignacio Delgado (Ciudadanos), los tres miembros del grupo de trabajo, junto al popular Ángel Ibañez y un representante en nombre de IU, además del secretario general de la Consejería de la Presidencia, José Manuel Herrero, también comisionado de la reciente ley aprobada en las Cortes de Reconocimiento y Atención a las Víctimas del Terrorismo en Castilla y León.

José Manuel Herrero argumenta que primero hay que esperar a las conclusiones del grupo de trabajo, conocer las necesidades de las asociaciones y ver las herramientas con las que se cuenta antes de decidir si se elabora una normativa autonómica, opinión que comparte el viceportavoz del Grupo Popular, Ángel Ibañez, quien considera “prudente” que finalice la labor del grupo y que se desarrolle la ley nacional.

El socialista Álvaro Lora, que califica de “pequeños gesto” esos avances, incide en la necesidad de que se redacte una ley propia, como se aprobó ya en Andalucía o como trabajan en ella en Aragón, Extremadura o Valencia, entre otras. Se remite a la norma andaluza, como ejemplo, de la que destaca la protección del entorno donde se halla una fosa, incluso con la expropiación si los propietarios no ceden el terreno para la excavación, o los convenios con Universidad de Granada para realizar las costosas pruebas de ADN de los restos.

Según Lora, las asociaciones quieren “blindar” el derecho dentro del ámbito de la memoria histórica, con más facilidades para las pruebas de ADN, para las exhumaciones y con partidas anuales. “Hay que mejorar donde no llegó la ley de Zapatero”, defiende. Natalia del Barrio también aboga por ayudas recogidas en el presupuesto para ayudar a las asociaciones en su tarea.

El secretario general de Presidencia afirma que la Junta es “sensible y receptiva” en cumplir con la ley de 2007 y asegura que las “grandes reivindicaciones” de las asociaciones pasan más por que se les facilite el acceso a las fosas, exhumaciones y a la documentación en los archivos que por la ayuda económica, si bien recuerda las recientes subvenciones concedidas a dos asociaciones o la partida de 100.000 euros en el presupuesto para 2018.

Herrero, que aclara que la normativa estatal no exige unos resultados finales, explica que la Junta de Castilla y León no ha recibido ninguna reclamación ni han detectado ninguna denuncia por parte de terceros por incumplimiento de los símbolos en bienes y edificios de titularidad autonómica.

Por su parte, Ibañez recuerda que el grupo nació para escuchar las demandas de quienes “están en el día a día” y afirma que la ley nacional no tiene un desarrollo en su integridad, aunque matiza que no es una conclusión del grupo de trabajo, sino un “comentario” de las asociaciones. “Es pronto para anticipar la posición del Grupo Popular”, asevera en relación a una norma autonómica. “Lo prudente es que se termine el trabajo y se avance en el ámbito estatal”, remata.

Natalia del Barrio lamenta que el grupo esté parado, critica que se funcione a “golpe y para poner parches” y defiende una actuación integral. Ibañez, que deja en el coordinador el ritmo de trabajo, subraya que no se puede avanzar como gustaría por la extensa actividad en las Cortes en este año, con presupuestos de 2017, debate del estado de la comunidad, balance de los consejeros o nuevas cuentas para 2018, además de las comisiones de investigación y las no permanentes.

“No es de recibo que haya personas en las cunetas”, lamenta José Ignacio Delgado, que teme, no obstante, que se llegue tarde en la recuperación de la dignidad de las víctimas y sus familias o en la realización de pruebas de ADN por la avanzada edad de los familiares de los asesinados en la dictadura franquista.

Para Delgado, “no pasaría nada porque se haga una ley en Castilla y León”, aunque insiste en que sea por consenso, a la vez que defiende que el trabajo para reconocer la dignidad de las víctimas y sus familias, que ve “fundamental”, se realice “sin partidismo” y con “imparcialidad”. El procurador naranja califica de “simbólicas las pequeñas partidas” acordadas hasta ahora a las asociaciones.

Una visión distinta ofrece José Sarrión (IU), quien se muestra muy criticó con la Junta a la que acusa de “jugar con la ilusión de la gente para después incumplir y de marear de la perdiz” y recuerda que las propuestas y las conclusiones están claras. También, ataca a PP y PSOE por escudarse en la actividad para que el grupo esté parado y se “autopropone” como coordinador del mismo, convencido de que en días se habrán celebrado todas las reuniones y habrá unas conclusiones. “Sería deseable” una ley autonómica, dice, para ofrecer el texto que IU ya registró en las Cortes.

En su comparecencia de hace un año en las Cortes, el vicepresidente aseguró que la Junta cumple de manera “escrupulosa” en el ámbito de sus competencias con la ley aprobada en 2007 por el entonces Gobierno de Rodríguez Zapatero. Al respecto, explicó que el Ejecutivo de Herrera facilita a los descendientes de las víctimas que lo soliciten las actividades de indagación, localización e identificación de desaparecidos, mediante la concesión de permisos o acceso a archivos propios.

“Creemos un grupo de trabajo, que ya veremos a ver dónde nos lleva, pero nos tiene que llevar a avanzar en esto, para construir, no para abrir heridas, sino para cerralas y mirar un poco al futuro”, afirmó entonces el vicepresidente, como recoge el Diario de Sesiones de las Cortes. Igualmente, subrayó que la Junta, siete años antes de la aprobación de la ley Zapatero, aprobó tres decretos con indemnizaciones a personas que quedaron fuera de esa norma, con 400 beneficiarios por un importe de dos millones de euros.

Aunque la Junta de Castilla y León no firmó un convenio con el Gobierno para la elaboración del mapa de fosas como establece la ley, De Santiago-Juárez aseguró -en la misma comparecencia- que se ha ayudado y colaborado, a la vez que aclaró que no se suscribió porque entendían que el borrador enviado “excedía” las competencias de la Comunidad y “había que limar un poco aquellos convenios”, si bien indicó que no hubo respuesta del Ejecutivo central.

El mapa de fosas comunes de Castilla y León, como recoge la web del Ministerio de Justicia -no está actualizado en palabras de la procuradora de Podemos-, señala la existencia de 219, de ellas 19 en Ávila; 54 en Burgos; 48 en León; 28 en Palencia; 11 en Salamanca; 15 en Segovia; 11 en Soria; 13 en Valladolid; 10 en Zamora.

El Ministerio refleja 71 traslados al Valle de los Caídos, 130 exhumaciones totales, una parcial -Villafranca Montes de Oca, en Burgos-, 12 no intervenidas y cinco desaparecidas. “En un país democrático, no es digno que haya muertos en las cunetas”, respondió el vicepresidente de la Junta en un pleno reciente de las Cortes a una pregunta de Natalia del Barrio.