Ocho proyectos y proposiciones de ley morirán con el final de la legislatura autonómica

Tres de las ocho normas que ya no podrán ser votadas en el hemiciclo partían de la Junta de Castilla y León, mediante proyectos de ley, y formaban parte del programa con el que el Partido Popular concurrió a los comicios en 2015. Las otras cinco corresponden a iniciativas de la oposición, presentadas a través de proposiciones de ley que tampoco llegarán al final del proceso de tramitación.

En el punto 629 de su programa electoral, el PP se comprometía en 2015 a aprobar «en el primer año de la legislatura mediante una norma con fuerza de ley, el Mapa de Unidades Básicas de Ordenación y Servicios del Territorio rurales de la Comunidad, previa negociación con las principales fuerzas políticas de las Cortes de Castilla y León». Este era el proyecto estrella de la Consejería de la Presidencia y fue presentado el 15 de febrero de 2017, pero se topó con cinco prórrogas y la oposición final del grupo socialista, al considerar que no blindaba el acceso público a «servicios públicos de calidad».

Tampoco saldrá adelante el proyecto de ley para regular el Diálogo Civil, una norma que buscaba establecer la obligatoriedad en la elaboración de normas, estrategias, planes y programas de la Junta, para que «las organizaciones sociales presentes en los órganos de participación pudiesen realizar aportaciones desde el primer momento». Todos los grupos de la oposición presentaron enmiendas y el proyecto de ley decaerá con el fin de la legislatura.

La tercera norma impulsada por la Junta tenía como objeto modificar la Ley del Voluntariado de 2006 para favorecer un voluntariado abierto a toda la sociedad y reconocer a los voluntarios tecnológicos y digitales. La prórroga para presentar enmiendas y el atasco en los últimos Plenos frenaron su desarrollo.

Cuatro proposiciones de ley formuladas por los grupos parlamentarios de la oposición que se encontraban en curso desaparecerán con el cierre de las Cortes. Es el caso de la modificación de la Ley de Servicios Sociales que logró tramitar el PSOE en diciembre para desarrollar una norma inclusiva que actuase sobre las causas de los problemas sociales.

Tampoco cuajará la Ley de Diversidad Sexual y de Género, propiciada por Podemos, PSOE, Ciudadanos y Grupo Mixto, que quedó desbloqueada cuando Silvia Clemente, entonces presidenta de las Cortes, permitió con su voto de calidad la tramitación ordinaria tras ser frenada durante meses por el Grupo Popular. Las enmiendas presentadas posteriormente impidieron su votación final.

Además, estaba pendiente la modificación de la ley de 2010 sobre Violencia de Género que presentó Podemos para ampliar la definición del concepto y formas de violencia. Y en el tintero quedarán la proposición para reformar la Ley Electoral de Castilla y León y la norma para regular el nombramiento y control de los senadores por la comunidad, dos iniciativas de Ciudadanos.