Ocho facturas llevan al banquillo de los acusados al expresidente de Asaja Valladolid

Ambos acusados se enfrentan, por falsificación de documento público mercantil solicitadas por el fiscal y la acusación ejercida por la Junta, a penas que van de los cuatro a los siete años de prisión. El letrado de la defensa, Jesús Verdugo, ha indicado este martes que mantendrá, ante el magistrado del Juzgado de lo Penal número 4 de Valladolid, la petición de libre absolución para sus representados.

Los documentos, con los membretes y datos mercantiles de varias empresas españolas y francesas (Barbarie, Electricidad Isaac, Dubrulle SAS, Europea de Suministros y Proyectos Industriales SL, Paneles Prefabricados del Suroeste, Transportes de Valentín de Lucas SL), contienen importes de supuestos pagos por compras y servicios realizados por la sociedad afín a Asaja, que van desde los 195.000 euros, el más alto, a los 58.000 euros. Sin embargo, ninguno de los responsables de las empresas consultadas por la Junta –que fue la primera en abrir una investigación, hasta que decidió en 2014 llevar el expediente a la Fiscalía– reconoció haber realizado tales trabajos o encargos de material para la patatera.

Las facturas corresponden a proveedores reales, cuyos datos mercantiles y modelos estarían en poder de la gestoría de Rodríguez a raíz de otras transacciones anteriores realizadas con la sociedad que administraba. Sodeprin llevaba en esas fechas, según denunció el extesorero y querellante en la causa principal de Asaja, Alberto Cano, las cuentas, facturaciones y declaraciones tributarias de Asaja y sus sociedades sectoriales o filiales: Derco, Campo Abierto, Remolacheros de Valladolid, Indycons y Campo de Peñafiel, además de gestionar la contabilidad de sociedades, como Agrosistemas Integrales SL.

Los modelos de factura que son la pieza de cargo principal de este juicio se habrían escaneado y sustituido en ellos algunos conceptos, mientras que, en otras, todo el contenido de los datos estaba inventado. Luego se habría puesto el sello de conformado para la subvención «y, para abundar en la apariencia de autenticidad, se doblaban y estrujaban para que pareciera que estaban usadas o que habían llegado por correo», la denuncia de la Junta.

Este juicio es uno de los frentes de la batalla judicial en la que está inmerso el exdirigente de Asaja Valladolid desde que el extesorero de la organización agraria, Alberto Cano, presentara una querella en la que denunciaba la gestión de Rodríguez al frente de Asaja. El caso matriz, que se investiga desde noviembre de 2013 en el Juzgado de Instrucción 5 de Valladolid, trata de esclarecer si hubo una malversación millonaria de los fondos europeos que iban dirigidos a la formación de agricultores y ganaderos.