Las obras del Hospital de Burgos llegan hasta la Fiscalía Anticorrupción

Con fecha de registro de entrada en la Fiscalía Anticorrupción de este miércoles pasado, 12 de junio, en plena negociación del pacto de Gobierno por la Junta de Castilla y León, el escrito, esta vez firmado conjuntamente por Ciudadanos, PSOE, IU, Podemos, junto con la Plataforma de la Sanidad Pública, la Asociación Libre de Arquitectura y Ecologistas en Acción, denuncia la concesión, construcción, financiación y explotación del Hospital Universitario de Burgos (HUBU), «en los que han intervenido los correspondientes órganos de la Junta de Castilla y León como administración competente y la sociedad mercantil Nuevo Hospital de Burgos SA, adjudicataria de las obras y la explotación posterior del complejo hospitalario». Sin embargo, Raúl de la Hoz, del PP, matiza que Ciudadanos no suscribe esta denuncia y que Manuel Mitadiel lo hizo a título personal y ya no milita en esta formación.

Según se expone en la denuncia, de 33 folios y que va acompañada por abultada documentación, la concesionaria «resultó enorme e injustificadamente beneficiada, en perjuicio siempre del erario público, a través de una serie de actos y resoluciones que son difícilmente sostenibles, contrarios a toda lógica, o suponen un desprecio manifiesto a los intereses primarios que le son encomendados a todo administrador, sea privado o público».

Apostillan los denunciantes que «las diversas vías de aproximación a los hechos» han sido «a pesar» de la Junta que, «incluida su conducta en la comisión de investigación en las Cortes, no ha sido un ejemplo de transparencia» e insisten en que estos hechos «son ciertos, contrastados en relación con la documentación conocida y expresión de un expolio al erario público».

En los antecedentes sobre las decisiones políticoadministrativas de la concesión, se expone que el proyecto, bajo un modelo de colaboración público-privada, que la Junta justificó en su día en posibilitar la obra en «un plazo más corto y a coste definido», la Consejería de Sanidad inició el expediente administrativo en julio de 2005. El pliego de cláusulas del concurso se publicó en el Bocyl el 8 de agosto de 2005. La primera oferta escogida en el proceso de licitación posterior fue rechazada por «desproporcionada o temeraria», pero después fue «reconsiderada» por la mesa de contratación «sin que conste razonamiento lógico y expreso que avale tal decisión». Incluso un informe de la consultora externa contratada por la Administración alertaba de que la oferta de la UTE que posteriormente resultó adjudicataria «provocaría una elevación desproporcionada de los precios, que arrastraría de forma continuada y creciente, a lo largo de la vida de la concesión».

La oferta finalmente ganadora era la tercera en la valoración de los informes de los comités evaluadores (técnico y económico) y solo «a través de contraevaluaciones y factores de coherencia» introducidos por la Consejería que tendieron a mejorar la puntuación de Caja Burgos, se expone en la denuncia, se consideró a la UTE y luego mercantil Nuevo Hospital de Burgos SA, que se hizo con el concurso por resolución de la Gerencia Regional de Salud de 20 de febrero de 2006.

Por ello los denunciantes consideran que «desde la misma resolución del concurso existen indicios sólidos de conductas con manifiesto encaje penal».

El 28 de abril de 2006 se firmó el contrato de adjudicación y el 28 de mayo siguiente se firmó el acta de replanteo de la obra. La inversión neta suscrita por la concesionaria era de 209,3 millones de euros(243,8 millones de con IVA) y el presupuesto de gasto se cuantificó en un importe de 1.010 millones de euros con un canon anual estimado de 38 millones. Los plazos de ejecución que se establecieron eran de 42 meses para la construcción y equipamiento, de forma que la fecha de entrega tenía que ser el 28 de noviembre de 2009. La duración del contrato se fijó en 30 años, de forma que concluiría el 28 de mayo de 2036.

Subraya la denuncia que nada de ello se cumplió, ni tan siquiera el emplazamiento del complejo hospitalario, que se construyó en un sitio diferente del licitado. La inversión neta inicial pasó de 209,3 millones de euros a 314 millones, aunque la inversión total, incluidos los costes asociados, pasó de 257,4 millones a 399,3 millones, lo que significa un incremento efectivo de la inversión de 149,9 millones, un 55,12% más.

El hospital no entró en servicio hasta el 14 de diciembre de 2011, 24 meses más tarde «y la Administración exoneró de responsabilidad a la empresa concesionaria por los retrasos injustificados en la ejecución, la compensó económicamente y con el agravante de que lo hizo utilizando mecanismos diferentes a los previstos en los pliegos de licitación, que son más favorables para la empresa y más gravosos para la Administración».

La concesionaria, «seguramente por razón de abaratamiento de costes», desde el inicio de las obras, «decidió unilateralmente modificar el proyecto de ejecución, adelantando el grueso de la edificación proyectada 40 metros hacia el sur y cambiando la ubicación varios bloques, iniciando así, a su manera, la ejecución de las obras». De tal forma que, cuando habían pasado menos de tres meses desde la firma del acta de replanteo, la concesionaria solicitaba a la Junta un primer modificado de obra que «supone un sustancial cambio en el proyecto», señalan los denunciantes.

A partir de entonces, en lo que se califica como «una de las etapas más oscuras por falta de soportes documentales y falta de transparencia», las obras se paralizaron o ralentizaron durante largos periodos de tiempo y los cambios que se produjeron a partir de la reubicación del complejo hospitalario nada tenían que ver con el contrato original. La consultora Inzamac emitió un informe el 23 de agosto de 2006 en el que se señalaba injustificada «una solución tan drástica como el desplazamiento de la obra, que solo se justificaría por motivos de optimización en el plazo de ejecución y un ahorro económico». Pero, aunque no se consideró procedente la modificación del proyecto de ejecición ni la paralización de las obras por parte de la Dirección Regional de Salud, la concesionaria continuó realizando las obras «donde había decidido y a un ritmo manifiestamente inadecuado para cumplir los plazos contractualmente pactados».

La denuncia evidencia además las contradicciones entre los propios actos de la Administración, que autorizó una nueva redacción del proyecto de ejecución en 2007 pero que no iban a suponer ningún incremento en el coste de construcción. En los planos consta expresamente que no se valoraron en el presupuesto el aparcamiento sur, el helipuerto y la zona de acceso a urgencias, el aparcamiento norte, el edificio industrial de instalaciones y servicios y el vial de comunicación con el Hospital Divino Valles. «Si se mantiene el importe del presupuesto pero si se suprimen obras, se favorece económicamente a la concesionaria», se puntualiza en la denuncia. Y también, si las obras suprimidas del proyecto son necesarias para el funcionamiento del hospital, «es evidente que no se cumplirá la fecha de puesta en funcionamiento». En 2008, a pesar de las advertencias de la oficina de seguimiento de la concesión de que se iba a incumplir la fecha de entrada en funcionamiento del complejo hospitalario, la empresa continuó con un ritmo de trabajo muy inferior del previsto. El plan de obra se incumplió desde el origen y se estimó un retraso superior a un año.

En 2009 se realizó y autorizó un segundo modificado con ampliación en el plazo de obra que se quiso justificar «en los cambios solicitados por los servicios médicos, lo que no respondía a la realidad, porque existía ya un retraso acumulado en la obra que no tiene que ver con esos cambios». A dos meses escasos para la fecha comprometida en el contrato, faltaban por ejecutar más de 91 millones de euros (sin IVA). La Junta «volvió al rescate» y le concedió una prórroga de siete meses «alegando la existencia de nuevas necesidades, con un aumento de la inversión de 48,6 millones de euros».

Según los denunciantes, ello suponía «la asunción tácita, por parte de la Administración, de responsabilidades inexistentes, que no solo legalizaban implicitamente lo actuado, sino que suponían mayores costes y sentaban las bases para los incrementos de los pagos a efectuar en la segunda fase de la vida del contrato: la explotación del HUBU».

Cada uno de los retrasos ha supuesto que, de un coste inicial del contrato en su conjunto de 1.100 millones de euros, se haya pasado a un coste de 1.650 millones de euros «sin que aparezca por ningún lado bien material, mejora estructural o acto suficientemente documentado que justifiquen el incremento». Por ello se responsabiliza a la Junta, «por sus resoluciones, que no se ajustan a derecho, disponiendo injustificadamente de dinero procedente del erario público y dando cobertura legal a los incumplimientos de la concesionaria».