La obra pública espera un 'maná' de 2.000 millones el próximo año para volver a su época dorada en Castilla y León

La pandemia del COVID-19 abre un ciclo positivo para los contratistas de obra pública en Castilla y León, puesto que confían en que 2021 se cierre con un volumen de inversión superior al de 2019, anterior a la crisis sanitaria. De hecho, sus cálculos sitúan la licitación de este año en los 1.400 millones, por lo que entienden que se han cumplido sus expectativas, tras el varapalo de 2020, en el que se pusieron en el mercado 899 millones, muy por debajo de los 1.119 de 2019.

«Estamos en cifras preCOVID, anteriores a la pandemia y nos damos con un canto en los dientes», sostuvo en declaraciones a Ical el presidente de la Cámara de Contratistas de Castilla y León, Enrique Pascual, tras la estabilización de la licitación, ya que el confinamiento y suspensión de plazos administrativos generó un atasco que se fue diluyendo durante la recta final de 2020 y principios de 2021.

«Nos ha ido mucho mejor de lo esperado», recalcó el empresario quien explicó que la pandemia les ocasionó un «daño bastante moderado», frente a la anterior crisis, cuando cree que soportaron el 80 por ciento del descalabro económico. Ahora, en cambio, el panorama es diferente para ellos, tras asegurar una inversión que rondará según sus cálculos los 1.400 millones este año, con una adjudicación de 900 millones. Esto, según el empresario, les permite retomar la senda de crecimiento «constante, sostenido y ordenado», que se inició en 2016.

El escenario todavía se presenta más favorable en 2022. Los contratistas contemplan en sus planes para el año nuevo la llegada de unas inversiones de 2.000 millones, entre las administraciones central, autonómica y local. Estas cifras se acercan al «techo mínimo» de 2.500 millones que reclaman para un territorio de 95.000 kilómetros cuadrados y con una población de casi 2,4 millones. «Esta cifra nos deja tranquilos», afirmó el presidente de los contratistas, tras analizar el anexo de inversiones de los presupuestos generales del Estado y la Comunidad.

En concreto, el primer estudio hecho por la Cámara, al que tuvo acceso Ical y que deja fuera las obras de dudosa ejecución, refleja un volumen inversor de 808 millones para la Administración central, lo que supone un 36 por ciento más que los 593 previstos para este año. A ellos se unen los 719 millones que podría sacar a concurso la Junta, frente a los 487 de este ejercicio, por lo que se produce un aumento del 47,6 por ciento. Además, las entidades locales movilizarán unos 450 millones, frente a los poco más de 300 de este ejercicio.

Aunque la inversión volverá a crecer en 2022, los contratistas ven en los «bajos precios» a los que se contratan uno de los principales problemas para asumir todas las obras. Los concursos, denunció Enrique Pascual, se están cerrando con bajas de adjudicación que este año rondará el 21 por ciento, frente al 19 por ciento de otros ejercicios. Esto, señaló, lleva a las empresas a trabajar en algunos casos sin beneficios, porque recordó el margen con el que trabajan en algunos proyectos se sitúa entre el dos y el tres por ciento.

Enrique Pascual explicó que las empresas están compitiendo por las obras haciendo ofertas muy ajustas, por lo que los pliegos se firman con rebajas elevadas sobre los presupuestos de partida. Esto, insistió, recorta los beneficios a las empresas, por lo que señaló que si no hay negocio, las constructoras tendrá que dejar de presentarse a los concursos menos atractivos que lancen las administraciones, en un momento en el que además se prevé un incremento de las licitaciones, con la llegada de los fondos Next Generation del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.