El número de detenidos por delitos contra el medio ambiente se incrementó un 18,8% en la Comunidad

El coordinador del Seprona en Castilla y León, el capitán Benjamín Rojo Rodríguez, destacó que el incremento de los detenidos por incendios forestales, en su mayor parte por negligencia, está directamente relacionado con el 'annus horribilis' que vivió en 2017 el medio ambiente de la Comunidad con un incremento exponencial del número de incendios debido a la extrema sequía. Según datos de la Junta, la superficie arbolada arrasada por los incendios en la Comunidad superó las 10.300 hectáreas, lo que supuso casi triplicar la media de los últimos diez años, que rondó las 4.004 hectáreas.

En el caso del maltrato animal y el abandono, la mayoría de los casos denunciados por el Seprona estuvieron relacionados con malas prácticas en explotaciones ganaderas y con mascotas, en especial los perros. Tras los incendios y el maltrato animal, el Seprona también tramitó 35 denuncias penales por delitos contra la defraudación de aguas, 24 relativos a la protección de la flota y la fauna, 16 por caza ilegal, nueve contra los recursos naturales y siete por urbanismo.

Rojo Rodríguez apuntó que el incremento de la actividad del Seprona está relacionado directamente con la mayor conciencia medioambiental de la sociedad. En este sentido, argumentó que colaboración ciudadana es clave y se traduce en un incremento de los avisos que la Guardia Civil recibe de posibles delitos y que se realizan vía telemática en la oficina virtual de atención que el Instituto Armado tiene a disposición de los ciudadanos en su página web.

En el apartado de infracciones administrativas destacan las relativas a la normativa sobre residuos y vertidos con 7.202 actuaciones y las relativas a animales de compañía 3.762. En este punto, indicó que la dotación a muchas patrullas de seguridad ciudadana de detectores de microchip ha servido para que denunciar a muchos propietarios de perros que no disponen de este dispositivo obligatorio.

Por detrás se sitúan los expedientes en materia de sanidad animal 3.656, las actuaciones sobre la normativa de caza 2.784, las infracciones sobre la normativa de montes (1.752), las relacionadas con el agua (1.352), animales peligros (1.154), pesca (1.070), sanidad y medio ambiente (892) y alimentos (784).

Por otra parte, entre las principales operaciones policiales desarrolladas por Seprona en la Comunidad, destaca la 'Operación lechazo', que investigó a dos personas por irregularidades en el etiquetado de corderos. Hasta 15.000 corderos de origen francés, etiquetaron los titulares de una empresa cárnica, como si fuesen de origen español. El modus operandi consistía en el sacrificio en el matadero de corderos de origen francés, los cuales una vez sacrificados, se examinó que los lotes de salida en la sala de despiece, no correspondían con los lotes registrados en la entrada, comprobando que todos los corderos eran de origen francés, pero quedaban etiquetados como corderos españoles.

Por este sistema de comercio y distribución, los autores fueron investigados por presuntos delitos de estafa y falsificación de documento. La estafa podría elevarse a 160.000 euros, puesto que existe un gran diferencia de precio en el mercado entre el cordero francés y el de origen español.

Esta actuación se desarrollaron en el marco de la Operación Opson VI de Seguridad Alimentaria, cuyo objetivo es proteger la cadena alimentaria de los consumidores y cuya finalidad es la de erradicar la falsificación, adulteración, venta, comercio, distribución y etiquetado de productos alimenticios y su fraude económico.

Por otro lado, la Guardia Civil de Ávila investigó a 26 personas como presuntos autores de los delitos contra la Ordenación del Territorio y Falsedad documental, por la realización de construcciones efectuadas en suelo rústico no urbanizable, dentro del marco de la 'operación Segrega' en Arévalo (Ávila).

La investigación se puso en marcha cuando, tras realizar investigaciones en torno a un incendio agrícola, se descubrió con el apoyo del helicóptero, que en una parcela que se encontraba dividida en subparcelas, contenía diversas edificaciones y construcciones, como viviendas, piscinas, barbacoas y otros elementos similares.

Una vez analizada la documentación con el Plan General de Ordenación Urbana de la localidad, así como el resto de la normativa urbanística y penal, se comprobó que en dicha parcela no se podía construir ni segregar.

Entre las personas investigadas figuran el propietario constructor de las instalaciones sobre la parcela inicial, los posteriores compradores de las parcelas, y el fedatario público, siendo éste, cooperador necesario para la realización de los trámites de reparcelamiento no autorizado.