El nuevo Infocal se aprobará los primeros meses de 2024

Incluso, matizó a la agencia Ical, hay aspectos en los que se «han superado las previsiones de tiempo», dado que es un acuerdo para 2023, 2024 y 2025 pero que, impulsados por los fondos europeos, ha permitido invertir 145 millones de euros en aspectos relativos a la operativa de incendios forestales en 2023.

Suárez-Quiñones recordó que se ha ampliado la estructura de la Consejería, con la incorporación de 50 nuevos funcionarios, 28 nuevos puestos de de personal laboral para los Centro Provinciales y Autonómico de Mando. También se ha elevado a cuatro meses la época de riesgo alto de forma obligada y se ha ampliado el trabajo del personal laboral fijo discontinuo de la Junta, es decir, los conductores y mangueristas. Igualmente, enumeró que se ha ampliado el trabajo de las cuadrillas, tanto de tierra como helitransportadas, así como de los retenes de maquinaria. Apuntó que se han adquirido este año 32 autobombas, que sumadas a las compradas hace unos años supone la renovación de 62 de ellas del total de 94 que tiene la Junta. «Las dos terceras partes de las autobombas son nuevas. Hemos bajado cerca de 20 años la antigüedad media de esta maquinaria, a ocho años de antigüedad», destacó Suárez-Quiñones.

Además, mencionó las reformas normativas emprendidas, como el propio Infocal, el Decreto-Ley 2/2023, de 13 de abril, de Medidas Urgentes sobre prevención y extinción de incendios forestales, para dar cumplimiento a lo previsto en el Real Decreto-Ley 15/2022, de 1 de agosto y aprobar el Plan de Incendios de 2023, así como otros decretos como el del operativo, el de guardias, también en el marco del acuerdo del Diálogo Social.

También se refirió a la negociación abierta con los sindicatos de agentes medioambientales, enmarcada en la nueva Relación de Puestos de Trabajo (RPT) del personal funcionario de la Junta que está en negociación. «Es una acción global que afecta a todos. Luego, cada colectivo hace las peticiones de máximos, lo que es legítimo y entendible. Se han movilizado y reclaman mejoras en los niveles de su categoría profesional y determinadas mejoras que estamos estudiando», analizó el consejero, quien aclaró que el número de plazas previstas actualmente es de 1.044 de agentes medioambientales, «pero nunca se han cubierto más de 800». A día de hoy, están ocupadas 782, medio centenar más a que primeros de 2023.

En este sentido, la posición de la Junta se centra en «adaptar» la estructura a las necesidades a la realidad actual. Por ese motivo, Suárez-Quiñones refirió que la posición actual de la Junta está en 971 plazas de agentes, motivo por el que el colectivo habla de la pérdida de 70 de ellas (en relación a las 1.044). «Realmente no supone perder nada porque no están ocupadas. Ya quisiéramos tener 971 plazas ocupadas. Trabajamos para que sea así y es el objetivo con las diversas Ofertas de Empleo Público en distintas fases de proceso», sentenció.

Por otro lado, pero también en el marco del nuevo Infocal, el consejero consideró que la elección de los 690 municipios que se incluyen como de protección prioritaria frente a incendios se debe a «criterios objetivos, técnicos, estadísticas de incendios sufridos, tipo de vegetación, de temperatura del territorio y en los que hay más riesgo de que un incendio forestal afecte a núcleos urbanos». «No se trata de que sean municipios donde hay que proteger más o menos las masas forestales, que es la equivocación política que hay. Si no que son municipios en los que hay más peligro de que el incendio forestal pase a las zonas urbanas. No estar en el listado, no solo no es malo, sino que es bueno. Es que hay menos riesgo de que la población y las casas, resulten afectadas», defendió.

Suárez-Quiñones recordó que se trata del cumplimiento de una normativa estatal de protección civil, no autonómica, y que «obliga» a que los municipios que cuentan con este riesgo tengan unos planes de actuación, de competencia municipal. Con el Infocal, la Junta «les apoya y ayuda», con la creación de una plataforma tecnológica, a partir de la cual «van a poder fácilmente implementar esos planes de actuación para su protección, ante el riesgo de incendios». «No vamos a dejar los municipios solos. Somos muy municipalistas y estamos ayudando a los Ayuntamientos», aseveró.

Suárez-Quiñones destacó que la campaña de incendios de 2023 fue una de las tres mejores de la serie histórica, junto a las 2018 y 2020, y confió en que en 2024 se obtengan «los mismos resultados». Las tres causantes de este ejercicio tan bondadoso fueron unas condiciones meteorológicas «menos desfavorables, la concienciación y responsabilidad de la población y un operativo que funciona».

El consejero recordó que los primeros meses «no fueron buenos», con bastantes incendios registrados, «por encima de la media». De hecho, desde marzo la Comunidad se encontraba en peligro medio, que se elevó a alto el 12 de junio. «Pero tuvimos la suerte de unas lluvias en ese mes que vinieron fenomenal porque retrasaron que el combustible estuviera en disposición de arder. Y a pesar de un julio y un agosto con olas de calor, muy seco y muy complicado, los montes vivieron protegidos por las lluvias de junio. En septiembre llegaron más lluvias que ratificaron que el combustible no estaba apto para arder de forma tan fácil», resumió.

Además, destacó que en 2023 no se registraron «sucesivas tormentas eléctricas secas, con rayos», a lo que se sumó una ausencia de humedad que «sí hubo en el año 2022», cuando llegó al dos por ciento. También careció de fuertes vientos, «erráticos y cambiantes y temperaturas extremas como en 2022».

Ello, unido a la «eficacia del operativo», que alcanzó un 82,6 por ciento de conatos (incendios de una hectárea o menos), dio los buenos resultados. No obstante, sean producido 923 incendios, que «no son pocos, pero son menos que la media de los últimos 10 años». El resultado final han sido 795 hectáreas arboladas quemadas, un 88 por ciento menos que la media del decenio que son 6.742.