Las nuevas Cortes heredan los informes pendientes del Consejo de Cuentas, el CES y el Procurador del Común

Aunque la convocatoria electoral y la disolución de la Cámara autonómica el 2 de abril puso el contador a cero, las nuevas Cortes que se constituyeron hace un par de semanas tienen ya una cartera bastante amplia de asuntos pendientes, que deberán darle curso en los primeros meses para tratar de ponerse al día antes de que la labor parlamentaria de los grupos colapse aún más las agendas del Parlamento.

La Diputación Permanente de la IX Legislatura, el órgano que asumió la tarea del legislativo ante la convocatoria electoral del pasado 26 de mayo, ya le ha derivado los asuntos pendientes que decaen a las nuevas Cortes, que conforman 81 procuradores, de cuatro grupos -Socialista, Popular, Ciudadanos y Mixto- y de siete partidos. Así figura en la dación de cuentas que será incluida en el primer pleno ordinario, previsto en principio para septiembre.

Los grupos políticos también conocen ya los deberes que les ponen las anteriores Cortes para el nuevo curso político. La mayor parte corresponden con informes de entre 2015 y 2018 del Consejo de Cuentas que no han sido presentados y debatidos, debido al atasco que se generó al dilatarse la renovación de esta institución propia, que preside desde febrero el leonés Mario Amiliva.

En marzo, el presidente del Consejo trasladó a los anteriores miembros de la Comisión de Economía y Hacienda su intención de volver ante la existencia de comparecencias pendientes. De ellas, 13 corresponden a informes de fiscalización, algunos de 2015, como el relativo a la contratación de la Administración autonómica o la actividad del Ayuntamiento de Ávila. También figura en el listado otro relativo a la Cuenta General de la Comunidad de 2016

Asimismo, Cuentas también tendrá la oportunidad de abordar con las Cortes los informes sobre la gestión de la recogida de residuos sólidos urbanos de los ayuntamientos de Soria y Palencia, así como los vinculados como los acuerdos contrarios a reparos de las entidades locales de 2014 y 2015 y 2018, y sobre las consecuencias económico-financieras de la aplicación de las medidas de la Ley de Estabilidad presupuestaria en las entidades locales (2010-2017).

De la misma manera, la Diputación Permanente de la IX Legislatura encomienda a la Cámara autonómica, que preside Luis Fuentes, conocer la memoria de actividades del Consejo Económico y Social de Castilla y León (CESCyL), correspondiente a 2018, así como el Informe Anual del Procurador del Común, también de 2018, tras la elección en septiembre de ese año del nuevo titular, Tomás Quintana, quien sustituyó a Javier Amoedo.

Las Cortes deben conformar en las próximas semanas las comisiones legislativas y no legislativas, lo que se producirá tras la toma de posesión del nuevo gobierno autonómico, así como designar la nueva Diputación Permanente, un órgano cuya función es velar por los poderes de las Cortes cuando éstas no se encuentran reunidas, bien por la finalización de la legislatura (por expiración natural de su mandato o por disolución anticipada), o bien por hallarse en periodo de vacaciones parlamentarias.

En cuanto a su composición, este órgano está formado por el presidente de las Cortes, que la presidirá, por los demás miembros de la Mesa (que, con el presidente, constituirán la Mesa de la Diputación Permanente) y por los procuradores que designen los grupos parlamentarios.

Por tanto, a falta de conocer los vocales, estará presidida por Luis Fuentes (Cs), así como por los vicepresidentes primero Francisco Vázquez (PP) y segunda Ana Sánchez (PSOE) y los secretarios José Francisco Martín (PSOE), Óscar Reguera (PP) y Marta Sanz (Cs).