Las negociaciones de los presupuestos con Por Ávila hacen saltar por los aires al Gobierno y la Comunidad se queda sin cuentas para 2022

Los partidos que sustentan al Gobierno pierden la mayoría en el Parlamento regional con la moción de censura del PSOE que se votó y fracasó el 22 de marzo, porque contó con el apoyo de María Montero, parlamentaria salmantina de Ciudadanos, que, lógicamente abandonó el grupo. Esta nueva situación obligó a PP y Cs a buscar apoyos en las Cortes para sacar adelante sus cuentas, las más expansivas de la historia de la Comunidad.

Por Ávila fue la formación que permitió con el voto de su procurador, Pedro Pascual, superar el pleno de las enmiendas a la totalidad, pero en las negociaciones de las enmiendas parciales chocaron con el PP, que no estuvo dispuesto a asumir los «caprichos» de la formación abulense, frente al interés general, según argumentaron.

El lunes 20 de diciembre, Mañueco anuncia en redes sociales que expulsa de su Ejecutivo a los consejeros de Ciudadanos, disuelve la cámara y convoca elecciones, y les acusa en una comparecencia pública posterior de negociar a sus espaldas con Por Ávila, y de sustentar con el resto de la oposición una posible moción de censura, que provocaría un gobierno «Frankenstein' en la Comunidad. El Ejecutivo prorroga los presupuestos de 2021.

El año que acaba sigue también marcado en Castilla y León por el anhelo de una financiación autonómica suficiente, tras ocho años de retraso y un modelo que deja sin cubrir el 16 por ciento del coste de los servicios básicos que presta la Comunidad. La Comunidad suma apoyos en sus reivindicaciones de más fondos sobre la base del coste real de la prestación de servicios en una autonomía envejecida, despoblada y dispersa y de una enorme extensión. La Consejería de Economía y Hacienda, con Carlos Fernández Carriedo a la cabeza, logra una sentencia favorable del Tribunal Supremo para que el Gobierno devuelva a la Comunidad, la recaudación del IVA de diciembre de 2017,

Las reuniones entre autonomías con problemas afines como la dispersión, el envejecimiento y la despoblación se suceden para exigir al Gobierno un nuevo modelo de financiación autonómica que atienda a los costes reales de la prestación de los servicios en estas zonas. Las autonomías exigen que se abra una negociación desde la multilateralidad para resolver el déficit estructural en la prestación de servicios.

Culminan estos contactos en Santiago de Compostela, el 23 de noviembre, cuando los presidentes de Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Galicia, La Rioja, Cantabria, Aragón y Asturias, las comunidades autónomas que integran el conocido como 'grupo de los ocho', firman una declaración institucional conjunta en la que defienden que el nuevo modelo de financiación autonómica tenga en cuenta el coste real de los servicios que se prestan, así como otras variables demográficas como la superficie, la dispersión de la población o el envejecimiento, que sirvan para poner freno al problema de la despoblación. El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, resume la postura de los participantes al reclamar que «todas las personas deben recibir los mismos servicios, vivan donde vivan».

El Gobierno de Pedro Sánchez responde y el 3 de diciembre traslada una propuesta de cálculo de población ajustada, una de las variables esenciales del modelo de financiación y que determina el reparto de los recursos en función de circunstancias demográficas, sociales o territoriales. Carriedo sentencia que la Comunidad «pierde dinero» con ese reparto y critica que no se hable primero de la cuantía global del modelo.

Por otra parte, durante 2021 empiezan a llegar los fondos de la UE a la Junta, con una crítica constante por parte del Gobierno autonómico por la falta de negociación de las partidas y las bajas cuantías que recibe la Comunidad, que solo confirma la llegada de 1.500 millones de los 5.000 a los que aspira y sale muy descontenta de la Conferencia de Presidentes que se celebra en Salamanca el 30 de julio.

El Ejecutivo crea tres mesas sectoriales para canalizar la participación en los proyectos. El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, anunció en octubre que la Comunidad, presentará tres «grandes proyectos» para los Fondos de Recuperación y Resiliencia de la Unión Europea, digitalización y economía circular, lucha contra la despoblación, desarrollo rural y compromiso con las entidades locales y modernización de los servicios públicos.

Por lo que se refiere al IVA, tras mover ficha ante la justicia, Castilla y León logra una sentencia favorable del Tribunal Supremo el 27 de abril, que obliga al Ejecutivo central a devolver el IVA de diciembre de 2017 a la Comunidad, no abonado en la liquidación del sistema de financiación. La victoria judicial lleva a la ministra María Jesús Montero a asumir su devolución en 2022 al conjunto de las autonomías. La Junta sitúa el montante a devolver en 182 millones de euros, más 455.000 euros de intereses cada mes que pasa, desde abril.

En materia fiscal, el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, cumple su compromiso de eliminar el Impuesto de Sucesiones y Donaciones. El pleno de las Cortes de Castilla y León del 28 de abril aprueba el proyecto de ley que contempla tanto en la modalidad de sucesiones como de donaciones una bonificación del 99 por ciento de la cuota íntegra entre familiares directos, lo que supone en la práctica su eliminación, en una medida que es un compromiso de gobierno de PP y Cs con la que creen que se reactivará la economía y se generará empleo.

Cabe destacar también que Castilla y León, junto a Castilla-La Mancha y Aragón exigen al Gobierno de Pedro Sánchez que aplique ya una fiscalidad diferenciada a las provincias de Soria, Cuenca y Teruel, a través de bonificaciones en las cotizaciones a la Seguridad Social, tras la autorización por parte de la Comisión Europea.