Los municipios de Castilla y León se suman a la ofensiva para salvar los registros civiles

Ello ha llevado a Comisiones Obreras Justicia a reactivar la ofensiva encaminada a que, antes del 30 de junio, se promueva en el Congreso y en el Senado una reforma del texto legal que blinde todas las oficinas de los registros civiles en los pueblos para que sea «un servicio cercano a la ciudadanía, gratuito, accesible electrónicamente y servido íntegramente, como hasta ahora, por personal de la Administración de Justicia en las poblaciones de más de 7.000 habitantes», señala el coordinador provincial del sector justicia de Comisiones en Valladolid, Raúl Franco. La Ley, en su actual redacción pulveriza el actual modelo con oficinas en cada uno de los 431 partidos judiciales de España y dejaría registros civiles exclusivos en tan solo 16 partidos judiciales, coincidentes básicamente, con las capitales de provincia, y 160 oficinas generales para todo el territorio nacional. «Esto es un alejamiento del servicio público para los vecinos del medio rural y de poblaciones que no son capitales de provincia».

Incide este funcionario de los juzgados de Valladolid en que uno de los efectos «más perniciosos de dicha Ley para el servicio público y la ciudadanía es el cierre masivo de las oficinas actuales del registro civil en las medianas y pequeñas poblaciones, de forma que los vecinos tendrán que hacer gestiones por vía telemática (sin tener en cuenta la brecha digital que afecta a las personas mayores), recabar los servicios de una gestoría o despacho de abogados o desplazarse a la oficina del registro civil de las ciudades más grandes, que pueden estar a muchos kilómetros de su domicilio». Es, subraya, «una nueva discriminación hacia la España vaciada», y ese es el argumento que han empleado en las cartas remitidas a los ayuntamientos y diputaciones de Castilla y León en los últimos meses para que aprueben mociones en los que se inste al Gobierno a modificar la ley.

El Ayuntamiento de La Seca y la Diputación vallisoletana ya han aprobado mociones en ese sentido. La institución provincial suscribió la moción el pasado 20 de diciembre y el Ayuntamiento de Traspinedo lo llevará al próximo pleno municipal. También El Ayuntamiento de Santa María del Páramo (León) aprobó en el último pleno una moción contra el cierre de los registros civiles buscando mantener los servicios públicos en el mundo rural y que «benefician indudablemente a una población sobre todo mayor y que, de otra manera, va a generar no solamente problemas de gestión, sino también un coste añadido», afirmó la alcaldesa, Alicia Gallego, de UPL. Carracedelo fue el primer municipio leonés en hacer suya la moción, en este caso presentada por el Partido Popular del municipio berciano, con Raúl Valcarce al frente de la Alcaldía, para exigir a los grupos políticos con representación en el Congreso de los Diputados y el Senado que se modifique el artículo 22 de la Ley 20/2011 del Registro Civil en lo que respecta al cierre de las oficinas en las pequeñas y medianas poblaciones.

El PSOE en la Diputación de Ávila registró la pasada semana una moción en el mismo sentido para su debate en el pleno ordinario del próximo 27 de enero para el mantenimiento de la actual planta y demarcación de los registros civiles y las funciones de los juzgados de paz y de las agrupaciones de secretarías de juzgados de paz de la provincia.

El goteo de mociones en las corporaciones a partir de la iniciativa de Comisiones se está produciendo en todas las provincias de Castilla y León. En paralelo, este sindicato empezó a remitir cartas el pasado 9 de enero a los diputados y senadores para que promuevan la modificación de la Ley para que se garantice el mantenimiento de los registros civiles en la Administración de Justicia, con oficinas en todos los partidos judiciales y el empleo así como los juzgados de paz con competencias en esta materia.

El Partido Popular ha sido el primero que ha requerido una respuesta parlamentaria sobre el proyecto del Gobierno de coalición respecto del futuro del Registro Civil, todavía pendiente de un ambicioso plan de digitalización de sus archivos. En este sentido, la diputada por el PP de Ávila, Alicia García, registró la semana pasada una pregunta por escrito al Gobierno ante la Mesa del Congreso en la que insta al Ejecutivo a revelar sus intenciones con respecto a la posible entrada en vigor «sin adaptación alguna» de la Ley que regula los registros civiles y juzgados de paz. La parlamentaria 'popular' solicita al Gobierno de España que mantenga los registros civiles y juzgados de paz y que adopte las medidas necesarias, antes del 30 de junio, que preserven la naturaleza del Registro Civil como un servicio público y gratuito y garanticen el acceso a todos los ciudadanos con una red de oficinas próxima en la provincia de Ávila, además impulsar el acceso al registro mediante servicios electrónicos en la provincia de Ávila.

Pregunta, en caso de que finalmente esa entrada en vigor se produzca, por las «previsiones del Ministerio respecto al personal de Administración de Justicia y los puestos de trabajo que se verían afectados por la supresión de oficinas del Registro Civil en Ávila»; por «qué funcionario será el encargado de los registros civiles»; por las previsiones «respecto a los juzgados de paz abulenses»; y por la estrategia del Gobierno para «garantizar el acceso al Registro Civil, en igualdad de condiciones a todos los españoles, ya vivan en pequeños, medianos o grandes municipios».

Esta intervención de García se produce poco después de que el pasado 20 de diciembre de 2019 el Partido Popular presentara en el Congreso una proposición de ley relativa a la modificación de la Ley del Registro Civil dirigida a blindar las oficinas locales.

Pero, por el momento, ni tan siquiera los notarios conocen los planes del Ministerio de Justicia encaminados a poner en marcha un Registro Civil único para toda España, electrónico y en el que cada persona tendrá un registro individual en el que constarán los hechos y actos vitales claves, incluido el régimen económico matrimonial pactado. Fuentes consultadas tanto de este colectivo profesional como del ámbito judicial indicaron que posiblemente el Gobierno se plantee ampliar la 'vacatio legis' al no haberse decidido, entre otras cosas, qué cuerpo profesional se hará cargo de este trabajo registral, después del intento fracasado del Gobierno de Mariano Rajoy de desjudicializar el servicio y que lo asumieran los registradores.

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo Moreno, que ha sido portavoz del PSOE en la Comisión de Justicia del Congreso, exsecretario de Estado de Justicia con Caamaño (2009-2011) y defensor a ultranza de esta Ley de Zapatero, tiene cinco meses para mover ficha.