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LEÓN
Lunes, 12 de junio 2017, 17:33
La Audiencia de Zamora impone multas superiores al millón de euros a los cinco condenados por las presuntas ilegalidades en la concesión de autorizaciones de empresas fotovoltaicas. Así lo recoge la sentencia, basada en el veredicto del jurado popular y que es recurrible ante el ... Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL).
Asimismo, el fallo impone las mayores penas económicas al exjefe del servicio territorial de Industria en Zamora José Bahamonde; su hijo J.B.G.; el exjefe de Distribución de Iberdrola en Zamora A.F.P. y el expresidente de la empresa solar Pevafersa V.F.M.
En ese sentido, al que fuera responsable de Industria en la provincia es condenado a una multa de 10.800 euros (20 euros diarios durante 18 meses) por un delito de negociación prohibida a funcionarios y al pago de optros 369.424 euros por un delito de cohecho. Además, lo inhabilita para cargo público durante dos años por el primero de esos delitos y se lo suspende durante un año y medio de empleo y cargo público por el segundo.
Como responsables de tráfico de influencias, la sentencia condena a nueve meses de prisión a tres acusados y les impone además multas de 368.622 euros al expresidente de Pevafersa; de 159.000 al hijo del exjefe de Industria; y de 138.807,79 al exjefe de Distribución de Iberdrora.
La quinta persona que se sentó en el banquillo de los acusados, la socia de Bahamonde B.B.B. es condenada a 7.200 euros (20 euros diarios durante doce meses) de multa como cooperadora necesaria de un delito de negociaciones prohibidas a funcionarias por el que también quedará inhabilitada para empleo y cargo público durante un año.
La sentencia, facilitada por el TSJ, se conoce después de que emitiera su veredicto el jurado de este caso el pasado 29 de mayo. Entonces consideró culpable al exjefe de Industria, su hijo, la pareja de éste, un exresponsable de Iberdrola y un expresidente de la empresa Pevafersa.
Ante esta decisión, el Fiscal provincial, Rafael de Vega, pidió para José Bahamonde, por el delito de negociaciones prohibidas a funcionarios, 20 meses de multa con una cuota diaria de 30 euros e inhabilitación para ejercer un cargo público durante tres años. Además, por el delito de cohecho, una multa de 738.848 euros, es decir, el doble de los 369.424 euros de beneficio presuntamente obtenido de forma ilegal.
Por el delito de tráfico de influencias, el fiscal exigió para J.B.G. un año de prisión y multa por el doble de la cuantía del contrato como abogado, es decir, 318.000 euros en total; un año de prisión y multa de 277.615 euros para A.F.P. y un año de prisión y una multa de 737.234 euros para V.F.M.
En cuanto a M.B.B., la Fiscalía demandó, como cooperadora necesaria para el delito de negociación prohibida a funcionarios, 12 meses de multa con una cuota diaria de 20 euros e inhabilitación de 18 meses para ejercer cargo público.
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