La Mesa de las Cortes tramita de urgencia los cambios en la carrera de los empleados públicos

De esta forma, según informa Efe, el procedimiento legislativo se agilizaría, del mismo modo que ocurrirá con la otra proposición de ley que fue impulsada por los grupos de la oposición –PSOE, Podemos, Ciudadanos y Grupo Mixto­– para mejorar las condiciones laborales de los veterinarios y el personal sanitario no asistencial, para que pasaran a formar parte del personal de la Consejería de Sanidad.

Sobre el contenido, los portavoces de los grupos parlamentarios han mantenido sus discrepancias, que se traducirán en enmiendas a los textos, con la principal planteada por el Grupo Socialista a la proposición de ley del PP, en el sentido de que no se entiende la urgencia para tramitar una norma que en su contenido prevé su aplicación «en diferido» en 2020, por lo que su portavoz, Luis Tudanca, ha propuesto adelantar su implantación a antes de las elecciones de mayo.

Tudanca ha enmarcado esta iniciativa del PP en la «maniobra electoralista» del candidato popular, Alfonso Fernández Mañueco, en quien percibe el «miedo electoral» al prometer unas medidas que «ha incumplido durante los últimos diez años», en referencia a un acuerdo previo alcanzado por la Junta de Castilla y León y los sindicatos hace una década sobre la extensión de la carrera profesional.

Sobre esta crítica, el viceportavoz del Grupo Popular Ángel Ibáñez ha rechazado que Tudanca pueda liderar una «alternativa decente» para Castilla y León si se apoya «en la demagogia» y está «alejado de la realidad», porque «estas cosas son muy serias».

Con estas palabras, Ángel Ibáñez se ha referido a que no es posible llevar a la práctica antes de las elecciones una modificación de la carrera profesional que, tras su aprobación en las Cortes de Castilla y León, necesitaría de un desarrollo reglamentario y la convocatoria, en 2020, de los concursos de carrera profesional. «Es imposible materialmente», resumió el representante popular.

En el caso de las demandas sindicales para modificar uno de los párrafos que vinculaba la convocatoria de la carrera profesional a unos parámetros macroeconómicos determinados, Ibáñez ha dicho que los representantes de los trabajadores «no tienen que temer ese famoso párrafo», que en su opinión es únicamente una «salvaguarda» para «prevenir» determinadas «alegrías financieras» que en el pasado supusieron un problema en forma de déficit.

Ibáñez se ha mostrado convencido de que lograrán llegar a una redacción que satisfaga a las partes y alcance un acuerdo mayoritario en las Cortes de Castilla y León.

La viceportavoz del Grupo de Podemos, Natalia del Barrio, ha justificado el voto contrario de su partido a ambas tramitaciones por la vía de urgencia en que se trata de un asunto que no se puede abordar «deprisa y corriendo», como evidencian las sentencias contra la política de Función Pública de la Junta.

Precisamente por la última sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León sobre la supresión del catálogo de puestos tipo, conocida a finales de diciembre, tanto Podemos como el PSOE han solicitado la comparecencia del vicepresidente de la Junta y consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, cuyas explicaciones ante el Pleno de las Cortes fueron rechazadas y finalmente se producirán en la comisión y dentro del periodo de sesiones que arrancará en febrero, según confirmaron los representantes del PP.

Por último, el portavoz de Ciudadanos, Luis Fuentes, defendió la necesidad de agilizar la tramitación de ambas proposiciones de ley para reducir el plazo de enmiendas, en el que su formación apoyará modificaciones en «cuestiones a nivel presupuestario que no están contempladas», en referencia a que en este ejercicio no se podrán destinar partidas al encontrarse las Cuentas de la comunidad autónoma 2018 prorrogadas para el presente 2019.