Medio Ambiente tramitó la autorización ambiental de cuatro instalaciones ganaderas de aves y porcino en León en 2019

Los datos se conocen meses después de que las modificaciones introducidas por el Decreto Ley 4/2020 en el régimen ambiental aplicable a las explotaciones ganaderas en Castilla y León, que generó tanta polémica entre los grupos de la oposición y las organizaciones ecologistas, pero que según la Junta «no cambia el régimen de control que regula la instalación y funcionamiento de las mal denominadas macrogranjas», las cuales continúan sometidas, «no al régimen de licencia ambiental, sino al de autorización, con un control mucho más intenso, ya que recae en la Administración autonómica y no en los municipios». Sí que incentiva, prosigue, a «las pequeñas explotaciones de carácter familiar simplificando los trámites administrativos».

De las 54 autorizaciones que otorgó la Junta (seis más que en 2018), una decena se presentó en Salamanca, ocho en Valladolid y Soria, en cada caso, siete en Burgos, seis en Segovia, cinco en Ávila, cuatro en León y tres en Palencia y Zamora.

Nadie puede esconder la polémica suscitada en la Comunidad con las peticiones de macrogranjas, que han llevado incluso a celebrar movilizaciones en diferentes municipios de Castilla y León, principalmente en Zamora. A juicio de la Junta, y según un documento al que tuvo acceso Ical, el concepto 'macrogranja' «no existe en ningún tratado de zootecnia, ni tampoco aparece en ninguna de las disposiciones vigentes del ordenamiento jurídico de la Comunidad, ni en España o en la Unión Europea», y añade que «se ha extendido con un interés de acentuar el concepto de ganadería moderna, con sistemas intensivos y un alto número de cabezas en la explotación que, por otro lado, son las que más controles medioambientales tienen».

La Consejería dirigida por Juan Carlos Suárez-Quiñones determina que en Castilla y León hay dos tipos de granjas: las que por su magnitud deben contar con autorización ambiental para su funcionamiento y aquellas que, por debajo de la capacidad que marca el régimen de autorización ambiental, son de competencia municipal.

En este sentido, necesitan esa autorización las instalaciones destinadas a la cría intensiva de aves de corral o de cerdos que dispongan de más de 40.000 plazas para gallinas ponedoras o del número equivalente en excreta de nitrógeno para otras orientaciones productivas de aves de corral; las que cuenten con al menos 2.000 cerdos de cebo de más de 30 kilos o 2.500 de más de 20; y las que tengan, como mínimo, 750 plazas para cerdas reproductoras.

Por lo que respecta a las granjas más pequeñas, siempre según la Consejería, si se ubican en lugares que albergan valores ambientales (o en el caso de cerdos, las de 2.000 a 2.500 de cebo) están sometidas a evaluación de impacto ambiental y, si ésta es favorable, a régimen de comunicación ambiental, como ha sido hasta esta primavera. El matiz ahora llega al «garantizarse el cumplimiento de las condiciones mínimas que establece el propio Decreto que, por otro lado, tienen un nivel de exigencia comparable a las de autorización ambiental».

Además, las granjas bajo competencia municipal en régimen de comunicación tienen que cumplir con la normativa sectorial básica, sobre todo en el sector del porcino, donde el nuevo Real Decreto 306/2020 garantiza que la autoridad competente, antes de inscribir una granja en el registro de explotaciones ganaderas, «debe acreditar el cumplimiento de un sistema de gestión de la explotación, que contiene un plan de gestión ambiental que previene emisiones a la atmósfera y garantiza una gestión medioambiental de la granja, así como un plan de gestión adecuada de los estiércoles y purines».

En todo caso, sea cual sea el régimen de control ambiental aplicable, en ninguno de ellos «se establece la prohibición preventiva de estas actividades». «Si una granja cumple todos los condicionantes que establece la legislación urbanística, ambiental y de sanidad animal para su ubicación y funcionamiento, no es legal impedir su instalación», establece esta consideración administrativa.

Asimismo, la competitividad del sector porcino español requiere que las instalaciones tengan «una adecuada dimensión, pues también son las que mejor pueden cumplir los exigentes controles sanitarios y ambientales a los que están sometidas. Por ello, ante «la atomización del sistema municipal» (en Castilla y León hay 2.148 municipios) es de «vital importancia» conferir a los ayuntamientos un sistema que «agilice la actividad empresarial en el medio rural, «porque además el sistema de comunicación ambiental no está diseñado para las granjas de gran tamaño, que todas ellas se encuentran en régimen de autorización ambiental y bajo el control de las autoridades autonómicas».

Este cambio de régimen de licencia ambiental a comunicación «puede ser definitivo» en el ámbito rural de Castilla y León, donde la concesión 'a priori' a pequeñas instalaciones (que son las afectadas por el Decreto Ley), implicaba que muchos de los ayuntamientos repartidos entre los 94.000 kilómetros cuadrados «no pudieran ni supieran abordar cuestiones administrativas y técnicas muy complejas».

El requisito 'a priori' en una comunicación ambiental consiste en informar al ayuntamiento que se dispone de todas las preceptivas autorizaciones (sanitarias, urbanísticas, sectoriales, de medio ambiente, de obras, de atmósfera, de vertido, etc.) para funcionar. El régimen «es tan exigente como el de licencia ambiental, y mucho más efectivo para el desarrollo rural, mucho más en un régimen municipal tan atomizado como el de Castilla y León».

En todo caso, existe una herramienta para ayudar a los ayuntamientos y al público en general, denominada 'GANADERAS.xls', que es gratuita y determina régimen de intervención administrativo, cálculos de estiércoles, purines y consumos de aguas y determina las parcelas mínimas para valorizarlos como fertilizantes.