Maroto, el único senador sin vínculos con Castilla y León en 36 años

Hasta que llegó Javier Maroto.

El PP impuso esta semana, a través de su presidente nacional, Pablo Casado, la presencia de un cuerpo extraño en la historia del parlamentarismo regional, en una decisión controvertida que ha sido centro del debate político. Maroto, exalcalde de Vitoria y diputado frustrado por Álava en las pasadas elecciones generales, ha encontrado acomodo en el Senado gracias a los votos del PP y Ciudadanos, partidos que se vieron obligados a efectuar arabescos dialécticos para justificar un nuevo trágala procedente de los despachos de Madrid.

Maroto, sin ninguna vinculación con la comunidad -más allá de su apresurado empadronamiento en Sotosalbos, Segovia-, sudaba el pasado martes en la tribuna de las Cortes regionales. Mientras, los procuradores azules y naranjas resolvían la papeleta a un político al que los electores alaveses habían negado su presencia en el Parlamento. Para un partido como Ciudadanos, que asegura estar en contra de las elecciones indirectas, supuso otro episodio de difícil digestión.

«Procuraré quedarme con sus nombres para contarles todo lo que pueda, siempre en interés de sus medios, que a veces es el de toda la sociedad castellano y leonesa», trató de contemporizar Maroto con los periodistas parlamentarios de la comunidad, que lo asaetearon a preguntas, antes de coger el camino de vuelta a Madrid.

La portavoz de Ciudadanos en las Cortes de Castilla y León, Carlota Amigo, tardó poco en anunciar una propuesta para volver a la situación anterior al año 2000, cuando los senadores autonómicos debían ostentar la condición de procuradores. «Nos parece lo más razonable», arguyó.

La designación de Maroto -primer senador autonómico sin vinculación previa con Castilla y León- fue retrospectivamente posible gracias a la votación registrada en las antiguas Cortes de Fuensaldaña el 25 de febrero de 2000, tras una modificación de la ley que impulsaron los grupos popular, socialista y mixto.

Solo Juan Carlos Rad, a la sazón procurador de Tierra Comunera, optó entonces por la abstención. Rad veía «un cambio a peor en la representatividad» ya que la condición de procurador «por lo menos garantizaba la designación de personas elegidas democráticamente». «Con la actual fórmula de nombramiento, el cargo de senador más se parece a un nombramiento honorífico, que fácilmente puede derivar en una forma de pago político al servicio de intereses partidistas, que a una persona que vele realmente por la defensa de nuestros intereses. No digo ya que pueda servir, incluso, para blindar judicialmente a personas con delitos pendientes», dijo Rad. La modificación de la ley se aprobó con 76 votos a favor, ninguno en contra y una abstención.

A partir de entonces, los puestos de senador por designación autonómica se convirtieron en rampas de salida para políticos que habían ostentado responsabilidades y también para aquellos que atravesaban problemas.

De la nueva situación se beneficiaron entre otros, el expresidente Juan José Lucas, que ha sido senador por designación autonómica en las últimas seis legislaturas; el exvicepresidente Jesús Merino, o el exconsejero de Presidencia Jesús Mañueco, apartado del Gobierno autonómico en el año 2000 y enviado al Senado. Más recientemente, la socialista Teresa López ha encontrado «refugio político» en la Cámara Alta, tras las luchas internas en el PSOE provincial. Sin embargo, todos ellos habían vivido de cerca la realidad política de Castilla y León, algo de lo que no puede presumir ahora el advenedizo Maroto.