Mañueco y Tudanca negocian el relevo del Procurador, el Consultivo y Cuentas

El informe que resumirá las 3.888 quejas ciudadanas y las 21 actuaciones de oficio que el equipo que dirige Javier Amoedo en la Procuraduría del Común tramitó el año pasado está a punto de entrar en las Cortes y el pleno en el que el Defensor del Pueblo autonómico da cuenta de ese trabajo está previsto para mayo. Esa fecha marcaría el horizonte temporal del relevo de Javier Amoedo, que tomó posesión en noviembre de 2005, cumple 80 años a lo largo de 2018 y lleva en funciones, a la espera de ser relevado, diez meses, desde abril del año pasado. Ha sobrepasado de largo los dos mandatos que contempla la legislación. Lo mismo ocurre con el Consejo Consultivo, cuyos responsables comunicaron el pasado miércoles a las Cortes que ha expirado su mandato y entran en funciones, y con el Consejo de Cuentas, que pasa a esa situación hoy mismo.

Fuentes socialistas y populares coinciden en argumentar que lo que más urge es poner fin a la situación de ‘interinidad’ que atraviesa la institución del Procurador del Común. Al mandato finalizado de Javier Amoedo se ha sumado en diciembre la renuncia de su adjunto, Jesús Miguel Lobato, para reincorporarse a su plaza de profesor de Derecho Administrativo en la Universidad de León. Ese puesto está vacante, a la espera de que el sustituto de Amoedo nombre a quien ocupe el segundo lugar en jerarquía en la casa del Defensor autonómico.

En el caso del Consejo Consultivo y de Cuentas, la legislación (la que reformó las instituciones de autogobierno en 2013 y el Estatuto del Alto Cargo de Castilla y León de 2016) limita a dos los mandatos de los presidentes, situación en la que están tanto Mario Amilivia como Jesús Encabo, pero nada dice de los consejeros. Incluso los dos presidente podrían ser renovados como consejeros de a pie.

Aunque los negociadores del PPy del PSOE reconocen la prioridad por acordar el relevo de Amoedo, explican que trabajan en una solución conjunta que incluye la renovación de los dos consejos. Dos circunstancias soplan a favor de la negociación de populares y socialistas sobre las tres instituciones. La primera es que ofrece mayor margen de movimiento trabajar sobre siete puestos (seis de consejeros y el del Procurador) que sobre uno.

La segunda atañe al calendario electoral, que hará más difícil el acuerdo a medida que se acerquen las elecciones de mayo de 2019, cuyo resultado podría hacer obligado incluir a otras fuerzas políticas en unas conversaciones para las que actualmente se valen PP y PSOE. El ‘statu quo’ bipartidista ha propiciado que los primeros nombren dos de los tres consejeros del Consultivo y el de Cuentas, entre ellos al presidente, y los segundos propongan al tercero. Nombramientos que ratifica el pleno de las Cortes. El PP y el PSOE sientan en los 84 escaños del hemiciclo a 67 parlamentarios.

El reparto de procuradores en un parlamento con seis fuerzas políticas ha desembocado en una negociación en la que Podemos, Ciudadanos y los integrantes del grupo mixto (IU y UPL) son convidados de piedra. «Nadie se ha dirigido a nosotros», confirma Pablo Fernández, portavoz de Podemos, que tiene cita en abril con Javier Amoedo para abordar los pormenores del cambio legal que defiende la formación morada para «ampliar las competencias del Procurador del Común». El dirigente podemita asegura que espera escuchar de Amoedo sugerencias sobre a quién puede pasar el testigo y que también va a solicitar encuentros similares con Amilivia y Encabo. «Al final, PP y PSOE colocarán a afines en unas instituciones que deberían quedar fuera del juego partidista», augura Pablo Fernández.

Pablo Yáñez, responsable regional de Comunicación de Ciudadanos, tilda el proceso de relevo en estas tres instituciones como propio de «un bipartidismo que agoniza», en el que «PP y PSOE se reparten los cargos en unas instituciones para las que deberían primar perfiles técnicos y no políticos».

Los responsables salientes de las tres instituciones defienden que en su gestión al frente de las mismas ha primado la independencia. «Así se ha podido percibir en los dictámenes y resoluciones, y también la ‘autoritas’, puesto que el seguimiento de los mismos por parte de las administraciones roza el 97%», subraya Mario Amilivia.

El presidente del Consultivo resalta el papel creciente que tendrá el trabajo del área del Tribunal de Recursos Contractuales, en una institución «consolidada, en la que las personas pasan, pero la institución permanece al servicio de los ciudadanos». A diferencia de Amoedo y de Encabo (que se despidió el viernes, en las Cortes), Amilivia no da por cerrada su etapa pública: «Lo que tenga que ser, será», precisa.

El Procurador, que llegó a esta responsabilidad siendo fiscal jefe de León, incide en la «satisfacción» que proporciona lograr defender los derechos de los ciudadanos «desde un despacho siempre abierto». Sobre la persona que le sustituirá «lo único que diría es que tuviera un perfil imparcial, objetivo e independiente». Jesús Encabo cierra su etapa pública defendiendo una «reforma legal que refuerce la autonomía e independencia» de un Consejo de Cuentas «que es útil para mejorar la gestión de las administraciones».

También está pendiente, en este caso de reelección, el presidente del Consejo Económico y Social (CES), Germán Barrios. A diferencia de los tres anteriores, este proceso no requiere negociación política. Los dos consejeros que faltaban de designar fueron votados por las Cortes en febrero, aunque la demora en publicar esas designaciones en el Boletín Oficial está retrasando la renovación de Barrios, aún sin fecha.