Mañueco anuncia la aprobación de la supresión del impuesto de sucesiones y donaciones el 28 de abril en las Cortes

Fernández Mañueco realizó este anuncio en una rueda de prensa telemática en la que manifestó que esa supresión beneficia a todas las personas, entre 5.000 y 15.000 contribuyentes al año que supondrá un ahorro de 35 millones anuales.

El presidente afirmó que se trata de un impuesto «injusto», le enmarcó en una fiscalidad «moderada y responsable» y manifestó que se aumenta la demanda interna y la actividad.

El proyecto de ley, que se encuentra en las Cortes listo para su debate en el pleno, contempla una bonificación del 99 por 100 de la cuota íntegra del impuesto en las adquisiciones efectuadas por el cónyuge, descendientes o adoptados, o ascendientes o adoptantes tantos en sucesiones como en donaciones, lo que supone la eliminación en la práctica de este impuesto.

Fernández Mañueco incluyó en su comparecencia a las parejas de hecho con una convivencia estable de dos años que estén registradas, lo que no figura en el proyecto de ley entre los beneficiarios directos de esta bonificación, si bien fuentes del Grupo Popular precisaron a Ical que se recoge así en la ley de parejas de hecho y no hace falta que tenga reflejo en esta norma. En la misma línea, Fernández Carriedo indicó que es una novedad la extensión en la equiparación de los cónyuges a las uniones de hecho registradas dos años antes del devengo.

Sin embargo, se detuvo en manifestar que se trata de un impuesto «injusto» por grabar dos veces a los herederos y en poner en valor que su supresión va a favorecer el ahorro, reactivar la economía, mantener empresas o crearlas, generar empleo y facilitar el relevo generacional.

El presidente defendió, pese a la situación de crisis económica generada por la pandemia y de un mayor gasto sanitario y social, que es el momento de la supresión que se aplazó, primero por la declaración del estado de alarma, ya que estaba previsto su aprobación en el pleno de las Cortes del 17 y 18 de marzo de 2020, y después por el pacto para la recuperación, donde a petición del PSOE se decide paralizar la tramitación.

«Es un guiño a las personas y a la sociedad de Castilla y León», aseveró Fernández Mañueco, en relación a que se haya decidido su aprobación ahora como un gesto a Ciudadanos o a Vox tras perder la mayoría en las Cortes y remarcó que se trata de un objetivo para la recuperación económica.

Apeló al círculo virtuoso que defiende su partido, de fiar a un aumento de la actividad económica y del empleo una mayor recaudación, para justificar los 35 millones de media de la bonificación que dejan de ingresar al año las arcas de la Comunidad y asegurar que habrá una compensación por otras vías.

En este punto, contrapuso el modelo fiscal del Partido Popular de bajar impuestos para facilitar la reactivación y el empleo con el socialista y de la izquierda en general de hablar de armonización, cuando consideró que se trata de «un hachazo fiscal» para los contribuyentes.

Como explicaron tanto el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, como el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, Castilla y León es la segunda comunidad con el tramo autonómico del IRPF más bajo de España, la primera en bonificaciones a las familias y natalidad y la tercera en una fiscalidad más favorable para el mundo rural, pero con la eliminación de sucesiones y donaciones estará también entre «las mejores» en materia fiscal.

Fernández Mañueco remarcó que la bajada de impuestos garantiza la supervivencia de empresas o la creación de otras nuevas, genera oportunidades, reactiva la economía, el consumo privado y la generación de empleo.

Por su parte, el consejero de Economía y Hacienda incidió en que los 35 millones que se dejan de recaudar no se pierden, sino que se genera una actividad productiva que aumentará los ingresos por otras vías.

La eliminación en la práctica del Impuesto de Sucesiones y Donaciones, uno de los compromisos estrella del presidente de la Junta en su campaña electoral e investidura, será efectivo al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad (Bocyl), tras su aprobación por las Cortes.

El proyecto de ley, remitido por la Junta a las Cortes el pasado 26 de diciembre de 2019, mantiene la actual reducción variable por parentesco de 400.000 euros en la base imponible para «no perjudicar» las adquisiciones de familiares directos hasta esa cuantía, pues, si se suprimiera, pasarían de no tributar a hacerlo al 1 por 100.