El maltrato animal concentra el 25% de los delitos denunciados por los agentes del Seprona

La mayoría de los casos estuvieron relacionados con malas prácticas en explotaciones ganaderas, incluidos los casos de abandono de caballos. Después se encuentran los relacionados con mascotas, en especial los perros, y los que se producen en espectáculos taurinos populares.

El coordinador del Seprona en Castilla y León, Juan Carlos Espinosa, destacó que la principal razón del incremento de sanciones en los casos de maltrato animal, tanto en el número de delitos como en las infracciones administrativa, se debe a la colaboración ciudadana y la mayor sensibilización. «Afortunadamente, cada vez hay en la sociedad una mayor conciencia medioambiental, algo que en nuestro caso se traduce en una mayor colaboración ciudadana y en un incremento de los avisos que recibimos de asociaciones y particulares alertándonos de posibles infracciones y delitos», afirmó Espinosa.

Además, el responsable del Seprona en la Comunidad también resalta que detrás de este incremento de la colaboración ciudadana está la posibilidad de denunciar o realizar sugerencias vía telemática en la oficina virtual de atención que el Instituto Armado tiene a disposición de los ciudadanos en su página web, «aunque es verdad que muchos de los avisos, sugerencias o denuncias que nos llega vía internet son falsas alarmas y no tienen base para tramitar ningún tipo de sanción».

El Derecho Penal se ha mantenido prácticamente al margen de la protección de los animales, pero con la última reforma del Código Penal, que entró en vigor en junio de 2015, se establece penas de cárcel de entre tres meses hasta un año y un día, y en el caso de la muerte del animal de hasta 18 meses. Las penas se agravan en el caso de que en el maltrato se utilizaran armas, en los casos de ensañamiento, cuando se cause la pérdida o la inutilidad de un sentido, órgano o miembro principal o cuando los hechos se hubieran ejecutado en presencia de un menor de edad.

En total, el Seprona tramitó el pasado año 238 denuncias, un 12,7 por ciento más que en 2015, con 270 investigados. Tras el maltrato animal, la segunda infracción penal más importante fueron los incendios forestales, al contabilizarse 45, y por los que resultaron detenidas 37 personas.

En relación a los incendios, Espinosa resaltó que constituyen una «preocupación constante» del Instituto Armado, pero reconoció la dificultad que tienen los agentes para recopilar pruebas con las que llevar ante un juez a los pirómanos. Además, apuntó que la mayoría de los investigados por incendios forestales están acusados de negligencias graves por el uso de maquinaria sin medidas de seguridad.

Detrás del maltrato animal y los incendios, se sitúan los delitos por fraudes eléctricos, por los que el pasado año fueron detenidas 34 personas, los relativos a la propiedad industrial (24), urbanismo (16) y caza (14).

Además de los delitos, a largo del pasado año las actuaciones de las diferentes unidades de la Guardia Civil supusieron la tramitación de 15.844 infracciones administrativas contra el medio ambiente. En este balance destacan las sanciones por incumplir la normativa sobre residuos y vertidos con 4.199 actuaciones, las infracciones sobre animales de compañía (2.314), las relacionadas con la sanidad animal (1.988) y las actuaciones sobre la normativa de caza (1.509).

También se tramitaron 903 infracciones administrativas sobre la normativa de montes, 417 sobre alimentos, 605 sobre aguas, 496 sobre animales peligrosos y 400 en materia de pesca.

Entre los dispositivos más importantes desarrollados el pasado año por el Seprona, Espinosa se refirió la 'operación Vareto', puesta en marcha con la colaboración de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta para combatir el furtivismo sobre la caza mayor.

Dentro de esta operación, en septiembre fue desarticulada una organización que se dedicaba a expedir licencias de caza falsas, a través de una agencia de cazadores, que captaba por internet a sus clientes que cazaban en cotos de la Comunidad.

El 'modus operandi consistía' en que, una vez acordado el precio con la agencia, ésta se ponía en contacto con el guía, que se hacía con copias falsificadas de las autorizaciones del titular del coto elegido y le hacían creer al cliente que su actividad era legal, mostrando incluso al cazador el precinto para colocar en la pieza por si había animal abatido. Así el cazador pagaba primero a la agencia y también al guía, el cual cobraba cazara o no cazara ningún trofeo.

Al final y dentro de este dispositivo, fueron detenidas 13 personas por presunto furtivismo, la mayoría en León, Burgos y Soria, se intervinieron 26 armas, 27 trofeos de caza y un silenciador.